Por Claudio Ruiz (*)
Para nadie es una sorpresa que necesitamos una reforma urgente a la ley de propiedad intelectual. Ni siquiera para el gobierno, que hace algunos meses envió al Congreso un proyecto que pretende actualizar la vetusta ley 17.336 a las necesidades sociales y a los requerimientos de un mundo globalizado e informatizado. Este proyecto de ley pretende, entre otras cosas, establecer una serie de excepciones y limitaciones al derecho de autor para que bibliotecas, archivos y público en general pueda realizar ciertos usos de obras sin ser considerados por esto delincuentes. Este proyecto no es el primer cambio que recibe la ley, pero es la primera vez que el cambio que se propone hacerle no va solo destinado a incrementar las penas ante las infracciones ni a inventar nuevos derechos de autor, sino que pretende incrementar el precario estándar de excepciones que favorezcan el interés público del que carece nuestra ley. Resulta indispensable que un régimen democrático de propiedad intelectual logre balancear los intereses de los autores con los intereses del resto de la sociedad, estableciendo excepciones para usos legítimos o justos y excepciones específicas para establecimientos educacionales y bibliotecas.
Pero sorpresivamente no todos están de acuerdo con estas obviedades.
Me contaba alguien que cuando conversó con un Ministro respecto de la importancia de esta reforma, éste lo miró atentamente y luego le dijo con sorpresa que pensaba que esta era una ley para los cantantes, artistas y actores, y por tanto no entendía por que él estaba allí. Es que en la discusión de la propiedad intelectual hay quienes durante los últimos años se han atribuido la exclusividad de opinión en el tema y por lo demás tienen el poder suficiente como para opacar voces disidentes. Esta visión de la propiedad intelectual -como un asunto exclusivo de creadores que necesitan cada vez más protección de sus creaciones- discretamente desautoriza y margina la necesidad de tener excepciones específicas que favorezcan el interés público, ese que decididamente han defendido, entre otros, las bibliotecas del país. No resulta casual que Chile sea uno de los pocos países de la región que no cuente con un estatuto específico de excepciones para discapacitados visuales, para la enseñanza o para la conservación patrimonial.
Tras esta idealización de la propiedad intelectual de los organismos que agrupan a titulares de derechos -pero utilizando a los "autores" como máscara de baile- hay pocas ideas interesantes, pero hay una que destaca con facilidad, la idealización ilustrada de la creación intelectual. Así, en los bordes de la argumentación en contra de la existencia de excepciones que favorezcan al público, algunos esgrimen que la única forma de creación cultural implica necesariamente mayores protecciones a los autores. Dicen, en otras palabras, que sin protección a los autores, se muere la cultura. Dejando de lado el maniqueísmo simplista de la argumentación, resulta irrisorio al sólo pensar en las más ricas expresiones artísticas generadas antes del medioevo o en buena parte de los artistas pop de la segunda mitad del siglo XX, quienes tuvieron una serie de otras motivaciones distintas al dinero para generar obras de inmenso valor estético. Resulta incrédulo además, pensar en el siglo XXI que sólo tenemos que entregar valor a una cultura oficial, o una generación de cultura creada por un grupo de privilegiados. Mientras nuestros artistas de salón pretenden convencer a nuestros representantes políticos de esto, cada día que pasa hay más niños generando obras artísticas y compartiéndolas a través de internet.
Pero a pesar de lo que muchos entusiastas de las nuevas tecnologías quieran creer, los cambios normativos no se harán sólo a través de buena voluntad y fotografías en Flickr. Para que no nos veamos atrapados por una legislación del pasado ni tampoco por unos lobbystas del derecho de autor del presente hay que tomarse en serio los derechos de autor. Y tomárselos en serio significa, entre otras cosas, luchar por lo que creemos que es justo y por nuestros derechos en el entorno digital.
(*) Claudio Ruiz es abogado de la ONG Derechos Digitales, promueve la campaña Trato Justo para Todos y es autor del blog Quemarlasnaves.net.
1 comentario:
Totalmente de acuerdo, es simplista (y a estas alturas una ceguera) pensar que la única forma fomentar las creación es a través de derechos de autor cada vez más restrictivos. Al revés, con la legislación actual estamos maniatando la creación.
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