Dos hechos curiosos sobre la lectura en Chile

Un nuevo 23 de abril, Día Internacional del Libro, y como parte del rito autoridades, especialistas, medios de comunicación e interesados en la situación de la lectura, hacen sus análisis y comparten sus ideas para cambiar una situación que –unos más, unos menos- califican como lejana al ideal.

Es en ese contexto en el que dos hechos resultan curiosos en Chile.

Primer hecho curioso. Desde que asumió el actual gobierno, “el mundo de la cultura” ha participado del debate sobre la institucionalidad que tenemos como país, apuntando principalmente a si el actual Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) es el medio adecuado para dar prioridad a las políticas públicas en el área, o si, por el contrario, debemos contar con un Ministerio de Cultura. Casi todos los actores de ese “mundo” tienen postura en este tema. El CNCA no cumple aún su primera década pero ya parece necesario cambiarlo.

Sin embargo, cuando uno se aproxima a esta discusión desde el terreno de la defensa del derecho al acceso equitativo a la lectura (algo más complejo que el mero fomento del libro y la lectura), llama la atención la escasa preocupación por la institucionalidad (o ausencia de ésta) que debe asegurar a cada chileno y chilena ese derecho. Incluso, más de alguien al revisar estas líneas dude de la existencia de tal derecho.

Dos ejemplos. La actual “Ley del Libro” data de 1993 y en su esencia crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y el Consejo que la administra. 1993, cuando Internet no existía en Chile y la diversidad de soportes y formatos de lectura hoy disponibles eran solo ciencia ficción. Sin embargo, hasta donde se conoce, no existe ni del gobierno ni de los sectores interesados (gremios editoriales, libreros, autores, bibliotecarios, etc.) iniciativa para cambiar en el corto plazo ese marco legal. El otro ejemplo es la inexistencia de un marco legal para el funcionamiento de las bibliotecas públicas a lo largo del país, pese a constituir la red de acceso público, gratuito y equitativo a la lectura más importante del país. Hoy dependen enteramente de la voluntad y criterio de los municipios, y los aportes que el gobierno realiza a través de la Dibam y el Consejo del Libro y la Lectura. Nada, absolutamente nada, impide que una biblioteca pública municipal pueda cerrarse si así lo define la municipalidad.

No soy de los que cree que las leyes arreglen mágicamente los problemas, pero sí que sin marcos legales adecuados algunos cambios culturales no ocurrirán.

Segundo hecho curioso. Los gobiernos locales administran hoy en Chile los dos principales medios para desarrollar políticas de largo aliento en el ámbito de la lectura: las escuelas municipales y las bibliotecas públicas. Y sin embargo, la lectura (o la responsabilidad que en mejorar sus índices tienen los gobiernos locales) no está presente en el incipiente debate electoral municipal (y en rigor, tampoco lo estuvo en elecciones pasadas).

Todos los actores coinciden que para alcanzar el desarrollo, Chile también debe aumentar sus índices en este ámbito. Apuntamos a los modelos escandinavos y nos maravillamos cómo se incentiva desde tempranas edades la lectura. Pero llega el momento de marcar nuestra preferencia en una papeleta electoral y pareciera que las prioridades fueran otras, porque los programas de los candidatos no mencionan el desarrollo de la lectura en sus comunas, no tienen propuestas. Nada extraño: el crónico desfinanciamiento de los municipios chilenos los obliga a priorizar las necesidades, y ante temas de mayor impacto en los medios (y por tanto en la retina del elector) como la seguridad ciudadana o el tratamiento de la basura, la lectura es relegada, muchas veces sin comprender que una sociedad que lee puede ser el camino hacia una sociedad con menores índices de delincuencia o con una actitud distinta ante los desechos que genera.

Concluyo. Mucho me temo que en un año más nos encontremos en la misma situación, hablando de las mismas cifras, compartiendo los mismos diagnósticos. Porque en esto también opera aquel adagio que dice que si sigues haciendo lo mismo de siempre, no esperes obtener resultados distintos. Si eso ocurriera, sería el tercer hecho curioso sobre la lectura en Chile.


* Entrada publicada originalmente en elquintopoder.cl

Bibliotecas públicas y lectura: la propuesta de Javier Insulza para Providencia

Ayer en la noche, apenas publiqué la entrada anterior sobre bibliotecas públicas y lectura en el marco de las primarias municipales de Providencia, se la envié por correo a Josefa Errázuriz, Javier Insulza y Cristóbal Bellolio. A los pocos minutos, Javier me remitió la columna que encontrarán más abajo, indicándome que se encontraba a punto de terminarla cuando recibió mi correo. Por otro lado, poco después Cristóbal me respondió, indicando que por descoordinaciones internas en su equipo de campaña no había alcanzado a enviarme sus propuestas, pero que el fomento de la lectura se encuentra entre las 10 prioridades del área de cultura, algo que será expresado en un documento que espera poder compartir pronto.

Agradezco a Javier y Cristóbal su gentileza en responder.

Sin más, comparto integralmente el texto que me hizo llegar Javier:

"Bibliotecas públicas de Providencia. Los nuevos desafíos.


El querer realizar un cambio en la gestión edilicia no quiere decir que todo se esté realizando mal, sino que las cosas pueden ser diferentes y, por cierto, mejores.


En ese contexto debemos señalar que el actual sistema de bibliotecas de la comuna de Providencia es bueno, ágil e inclusivo, sin embargo, carece de mayor y mejor información para los residentes, quienes tienen gran interés por la lectura y el conocimiento (según datos de Bibliometro).


Esto implica que la falta de información a los residentes respecto de la existencia de este buen sistema, que es de enorme utilidad para mejorar el nivel cultural de los chilenos, particularmente el de los ciudadanos de Providencia, resulta inconcebible.


De no ser por mi calidad de vecino de la comuna y de mi interés por realizar un aporte concreto a esta comuna, quizás no me hubiese enterado del valor, importancia y desarrollo que tienen las actuales bibliotecas municipales.


Así, desde dicha evaluación podemos comenzar a pensar algunas mejoras que pretendemos desarrollar en una futura gestión edilicia para Providencia y sus Bibliotecas.


Nuestra propuesta de desarrollo comunal en el área de cultura va de la mano de las bibliotecas municipales existentes y, por qué no, de ser necesario de la instalación de nuevos espacios que ayuden a cubrir lugares de la comuna que no tengan centros culturales cercanos.


La intención que tenemos es que todas las inscripciones de carácter cultural no deban realizarse "en la misma municipalidad", sino que estos puedan realizarse en línea, o bien en la biblioteca municipal más cercana al domicilio de los interesados. Lo que buscamos es que la biblioteca municipal sea el primer nexo entre el vecino o vecina y la cultura y que, de una u otra forma este nexo se transforme en una de las necesidades primarias, de tal modo de que la cercanía entre el residente comunal y su biblioteca pase a ser casi obligatorio.


De la mano de la tecnología se inscriben las principales propuestas concretas para las bibliotecas de Providencia que queremos llevar adelante. La primera es la posibilidad de realizar pedidos de libros directamente por Internet, a través del sistema ya existente y en el que se permite incluso la renovación online.


Una segunda propuesta que busca ser innovadora es la posibilidad de tener una sede para lectura electrónica, tal como lo tiene actualmente la Biblioteca del Congreso Nacional, lo que implica tener libros en formatos digitales que permitan a los vecinos, especialmente adultos mayores, poder seguir fomentando su interés por la lectura sin la necesidad de salir de su domicilio o sólo acercándose a las bibliotecas municipales.


Por último proponemos fomentar la lectura de nuestros vecinos y vecinas ciegos o con dificultades de visión ¿cómo? A través de la grabación de libros, idealmente por parte de otros habitantes que de forma voluntaria  se interesen por quienes sufren estas situaciones. Así no sólo les llevaríamos conocimiento sino también alegría.


Todas estas propuestas apuntan a mejorar la cercanía de las buenas bibliotecas municipales de Providencia con todos los vecinos de la comuna.


Javier Insulza"

Actualización 23 de abril, 10:45 am: Al igual de Cristóbal, Josefa se excusó por no hacerme llegar sus propuestas por razones internas de su equipo de campaña, pero indicó compartía las ideas que planteé en mi entrada de ayer. Agradezco también su respuesta.

Primarias en Providencia, bibliotecas públicas y lectura

Los chilenos leemos poco y tenemos, además, un bajo promedio de comprensión de lectura de lo que leemos. Esa es la imagen que en los últimos años se ha instalado y aunque para su comprobación la afirmación requiere ser problematizada, como idea ha logrado penetrar en el debate con fuerza. Es parte de esos lugares comunes que rondan sobre el tema, junto a otros como que el problema del libro en Chile es el IVA o que no existen alternativas de acceso gratuito a la lectura.

Un análisis detallado de esas afirmaciones quizá concluya que algo de razón tienen, pero posiblemente la principal conclusión a la cual llegue ese análisis es la falta de prioridad política que el desarrollo de la lectura tiene en Chile. Hace pocos días, Marco Coloma se preguntaba cuánto le importa al presidente Piñera su Plan de Lectura. Me atrevo a extender la pregunta a toda la clase política en general.

Estamos en año electoral. En octubre, elegiremos a nuestras autoridades municipales. En la comuna de Providencia, en la cual vivo y voto, tres candidatos (Josefa Errázuriz, Javier Insulza y Cristóbal Bellolio) competirán en una primaria para que los electores que no nos sentimos representados por el actual alcalde Cristián Labbé podamos seleccionar a quien aparecerá en la papeleta en octubre (junto a Labbé y otras eventuales candidaturas).

¿Qué relación tienen el fomento de la lectura en Chile y las elecciones municipales? Una muy directa y clara. De los municipios dependen las dos herramientas principales con que contamos para impactar en el largo plazo en qué y cuánto leen los chilenos. 

Por un lado, las escuelas públicas municipales, a las que concurren los alumnos de nuestro país que menos leen porque (¡oh, que sorpresa!) el inequitativo acceso a la lectura en Chile es otra expresión de nuestra desigualdad socioeconómica. Es en la educación preescolar y los primeros años de la educación básica, junto con el insustituible rol de las familias, donde la lectura juega su batalla fundamental: un niño o niña que no desarrolla el gusto por la lectura a esa edad, suele convertirse en un adolescente o adulto que no lee.

Por otro lado, las bibliotecas públicas, salvo unas pocas excepciones, dependen de los municipios o las corporaciones municipales. Es decir, en la gestión municipal se articula la mayor red de acceso público, gratuito y equitativo a la lectura en el país, una red que tiene presencia en todas las comunas de Chile.

En el caso específico de Providencia, además, nos encontramos ante quizá la mejor red comunal de acceso a la lectura en el país. El alcalde Labbé ha potenciado las bibliotecas públicas municipales y creado espacios relacionados como los café literarios. Quien gane las elecciones de octubre, se encontrará con una red potente que permite proyectar el rol de las bibliotecas como colaboradoras activas en el diseño del futuro de la comuna.

Por lo anterior, a mediados de marzo invité a los candidatos de las primarias en Providencia a compartir aquí en Cadaunadas sus propuestas sobre las bibliotecas públicas. El desafío era concreto. Que respondieran en no más de una carilla tres preguntas: 1) ¿Cuál es tu evaluación de la situación actual de las bibliotecas públicas de la comuna?; 2) ¿Cómo se articulan las bibliotecas públicas en tu propuesta de desarrollo?; y 3) ¿Qué medidas concretas propones para desarrollar el sistema de bibliotecas públicas?

Los tres aceptaron y comprometieron enviar sus respuestas un mes después, fecha que se cumplió el 18 de abril pasado. Sin embargo, las respuestas no llegaron, ni tampoco respondieron a un nuevo correo que les envié el 19 de abril para recordarles el compromiso e indicarles que me parecía ideal difundir sus respuestas el 23 de abril, Día Internacional del Libro e inmejorable contexto para conocer sus propuestas sobre las bibliotecas públicas.

Confieso que la respuesta inicial me sorprendió. No esperaba aceptaran el desafío y menos los tres. Sin embargo, al final todo quedó en nada. Las primarias serán en mayo y aún hay tiempo para que expliciten sus propuestas. Y si no lo hacen en este período, quien resulte ganador tendrá tiempo adicional para incorporar a las bibliotecas públicas y la lectura en su programa de campaña.

Pero el punto creo es otro. Espero estar equivocado, pero ninguno de los tres tiene el fomento de la lectura en Providencia entre sus prioridades. O no creen que sea un elemento decidor para que los potenciales electores decidan por uno u otro al marcar su preferencia en la primaria de mayo. No encuentro otras razones para que no hayan compartido sus posturas.

Podrán ustedes argumentar que el problema de nuestros índices de lectura escapa, con mucho, a la gestión de los municipios. Que requiere políticas nacionales impulsadas por el gobierno central. Y yo les encontraré la razón. Pero como he señalado antes, los municipios tienen un rol que jugar, el que a mi juicio debe y puede ser fortalecido.

Las demandas estudiantiles del año pasado, dejaron sobre la mesa la idea de revertir la municipalización de la educación. Algo similar ocurre con la atención primaria de salud. Es curioso, pero en un país en el que todos reclamamos por su excesivo centralismo, seguimos creyendo que la solución de los problemas estructurales pasa por aumentar el poder de las autoridades nacionales, quitándoles capacidad de gestión a las autoridades locales. No comparto esa mirada. Debemos fortalecer a los municipios, porque son las estructuras de gobierno que tienen mayor cercanía con las personas. Abrámoslos más a la ciudadanía, aumentemos sus presupuestos, desarrollemos las capacidades en sus equipos humanos, entreguémosles más autonomía y poder de decisión.

Municipios fuertes son claves para políticas públicas más eficientes que apunten a una mejor calidad de vida en todas las comunas de Chile. Convertir a éstas en territorios de la lectura, entendiendo que leer es parte sustancial del desarrollo humano en una sociedad, implica que quienes dirigen los municipios o aspiran a hacerlo, hagan de la lectura un pilar de sus propuestas de campaña. Si no lo hacen, su preocupación será apenas una extensión de ese lugar común que alimenta el lamento por un país que no lee.

¿Quién vive cercado en La Araucanía?

La lamentable muerte del sargento de Carabineros Hugo Albornoz en Ercilla, que como bien señala Pedro Cayuqueo debe ser investigada “debida e imparcialmente”, ha permitido que nuevamente los medios de comunicación aticen el mal llamado “conflicto mapuche”, colaborando en la construcción de una (¿deliberadamente?) errada imagen en la opinión pública.

Un botón de muestra es El Mercurio de hoy domingo, que en dos notas aborda el tema.

La primera de ellas, publicada en el cuerpo de Economía y Negocios (página B13), analiza el aumento de los recursos públicos destinados a la compra de tierras para las comunidades mapuche y su nulo impacto en el desarrollo de la región. De hecho, el artículo desde sus primeras líneas sienta el tono del análisis:

“En la semana se produjo el primer asesinato de un carabinero dentro del marco del conflicto indígena, y los empresarios de La Araucanía volvieron a lanzar una señal de auxilio para una zona que hasta los años noventa era sinónimo de crecimiento, pero que hoy tienen las mayores tasas de pobreza del país y que ha perdido cientos de miles de hectáreas cultivables a causa del conflicto indígena”.

El párrafo es explícito en señalar la vinculación entre retraso económico y conflicto violento, que no duda en etiquetar como “indígena”, cuando sería más ajustado a la realidad describirlo como un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Al plantear el impacto económico del conflicto, se sugiere que “hoy” sería la región con mayor número proporcional de pobres, en contraste con la situación de la década de 1990. Falso. Tal como señala el propio Plan Araucanía presentado el 2010 por el actual gobierno, “La Araucanía es la región con las mayores tasas de pobreza e indigencia del país, lo que se arrastra desde 1990 sin mayores cambios”. El dato podría ser catalogado como un simple error, si la equivocación no fuera funcional a la tesis del artículo: “el conflicto indígena” ha generado mayor pobreza en la región.

En esa misma lógica, el artículo omite que entre la población mapuche, las tasas de pobreza e indigencia son incluso mayores que en el promedio de la población de La Araucanía, pero destaca cómo tierras que eran productivas al momento de ser adquiridas por el Estado y entregadas a las comunidades, hoy están abandonadas. Llama también la atención que en la construcción del análisis, ninguna fuente del pueblo mapuche haya sido entrevistada. Las citas del texto corresponden al ministro Cristián Larroulet, un asesor de su ministerio, un dirigente empresarial de La Araucanía y el diputado Pepe Auth. En suma, ni una sola opinión de alguien perteneciente a uno de los pueblos a los cuales esta política pública está dirigida.

La segunda nota es un reportaje sobre Juan de Dios Fuentes, ex intendente de la Unidad Popular en la provincia del Ñuble y dueño del fundo donde fue atacado el sargento Albornoz (página D9). Más allá de lo funcional de contar con la historia de una persona ligada a la izquierda y que hoy, dedicado a trabajar sus tierras, “pide mano dura” contra las comunidades mapuche, El Mercurio tanto en su portada principal como en la portada del cuerpo de Reportajes se refiere a él como alguien que “vive cercado por el conflicto mapuche”. Transmite esa afirmación la idea de un territorio traspasado por la violencia, en el que la ley no tiene espacio para su eficiente ejercicio y donde las tierras productivas serían islas en medio de un pueblo, el mapuche, al que hay que educar “en la disciplina del trabajo y del desarrollo” (según palabras textuales del otrora dirigente de la izquierda).

Mutatis mutandi, la imagen del mapuche flojo sigue gozando de buena salud en las páginas mercuriales. Da lo mismo, para efectos de reforzar esta ya conocida mirada sobre el tema, que el Estado de Chile nunca haya comprendido el concepto de propiedad y explotación comunitaria que sobre la tierra tiene el mapuche; o que no se haya entendido el fuerte e histórico componente comerciante de sus identidades como pueblo; o que parte sustantiva de las tierras de las comunidades hayan estado, desde la década de 1970, expuestas al agresivo desarrollo de la industria forestal chilena. Retrucando el titular de El Mercurio, bien podríamos decir que buena parte del pueblo mapuche “vive cercado por la industria maderera”.

Martín Correa y Eduardo Mella, en Las razones del illkun/enojo, premiado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura como el Mejor Ensayo 2011, describen ese “cerco” de manera clara:

“Los efectos de la invasión forestal se hicieron notar de inmediato: los retazos de bosque nativo, incluso en sectores de cuencas y caudales de aguas, afectando notablemente la supervivencia de las comunidades mapuche, ya que la disponibilidad de aguas es casi nula, proceso agudizado por la desecación que produce el pino. Paralelamente, con la introducción del monocultivo se altera la biodiversidad, se extingue la fauna local y la vegetación de recolección, y con ello importantes fuentes de alimentos para las familias mapuche. Más aún, con el uso de pesticidas para combatir las plagas, proceso que se realiza en avión, se van destruyendo los pocos huertos familiares de los mapuche vecinos a los fundos forestales.

En términos sociales y económicos, lo anterior implicó, para las comunidades mapuche, el que no solo no se tenga acceso a las antiguas tierras, sino que las comunidades queden encerradas por verdaderos cordones forestales, que la economía de supervivencia mapuche se vea notablemente empobrecida y que los niveles de migración indígena hacia las ciudades haya crecido en términos alarmantes, ya que las más de las veces éstos terminan engrosando las masas marginales y marginadas de la ciudad”.

Sí, en La Araucanía hay un problema de población cercada. Pero no creo que sea la que tiene acceso a la tribuna de los principales medios de comunicación.

Amplifica la voz de tu organización social

A fines del año pasado, desde la Fundación Democracia y Desarrollo, con la colaboración de IDRC y ONG Derechos Digitales, iniciamos un proyecto que nos gusta mucho. Queremos colaborar con cuatro organizaciones sociales chilenas en el diseño, implementación y evaluación de una estrategia de medios sociales durante el 2012 y el 2013. A través de este proyecto, buscamos que las organizaciones aumenten de manera significativa su nivel de incidencia en los procesos de toma de decisiones públicas en las áreas en que se mueven. El llamado a postular lo abrimos en la segunda quincena de enero y cierra este 9 de marzo. Comparto la información que publicamos en el blog (provisional) que levantamos para informar sobre el proyecto.

"¿Eres parte de una organización social? ¿Crees que las personas deberían participar más de las decisiones de interés público? ¿Tienes una voz o una idea que quieres se escuche más fuerte? ¿Crees que Internet es una oportunidad? ¿Requiere la organización en la que participas aprovechar las oportunidades de las redes sociales para ese fin?

Si tu respuesta a todas las preguntas es sí, nuestro proyecto es una oportunidad. Te queremos invitar a que converses con quienes integran tu organización y postulen a ser una de las organizaciones que serán parte de este camino durante el 2012 y 2013.

La Fundación Democracia y Desarrollo, a través de su comunidad elquintopoder.cl y con la colaboración de IDRC y ONG Derechos Digitales, seleccionará a cuatro organizaciones sociales para acompañarlas en el proceso de diseño, implementación y evaluación de una estrategia de medios sociales que colabore en el logro de sus objetivos institucionales.

¿Quieres saber más sobre los plazos, cómo postular, qué aporta la Fundación o qué debe comprometer tu organización? Haz clic acá. Si tienes dudas después de leer el documento, puedes contactarnos a comunidad@elquintopoder.cl."

Leer es reconstruir

En estos últimos días, como creo ha ocurrido con todos aquellos que vivimos en distintos grados el terremoto del 27 de febrero de 2010, el recuerdo de esa madrugada y los días posteriores ha estado presente en buena parte de lo que he leído, visto y conversado. Por fortuna, nadie de mi familia sufrió ni daños personales ni materiales con el desastre desatado a contar de las 3:34 am, pero son muchas, miles las personas en Chile que desde entonces han estado viviendo en un extraño estado de suspensión en el tiempo, esperando soluciones que se prometen pero no llegan, esperando retomar la normalidad en sus vidas. De ello da cuenta el extraordinario reportaje de Ana Rodríguez sobre las mujeres en el desastre de la reconstrucción, o el testimonio de la rabia de Danilo Canales y su deambular estos dos años junto a su esposa Lorna (y desde hace unos meses acompañados por su futura hija).

Ese vivir en un tiempo detenido, especie de permanente recordatorio de la devastación, es quizá uno de los nudos ciegos más complejos a dos años del terremoto. Todos, o quizás solo algunos –entre los que me cuento- tendemos a caer en un balance estadístico del post 27F. Tanto roto, tanto arreglado. Restamos y sumamos, abusando de las operaciones matemáticas sin darnos cuenta que, como bien dice Claudio Pulgar, “reconstrucción es sociedad civil y participación”, porque, en el fondo, lo que está en juego no son edificios, viviendas, obras públicas: son personas, comunidades y tejido social. Son formas de ser y de vivir que dependen no de subsidios, sino de la posibilidad de ser escuchados y poder decidir sobre su futuro.

Y es al agarrarme de esa hebra por momentos intangible donde me surgen las preguntas sobre el rol que pueden jugar las bibliotecas públicas en ayudar a las personas a recomponer sus vidas. Porque más allá de la respuesta que frente a la emergencia entreguen, siempre útil y que puede ser mejorada, y la necesaria reconstrucción de su infraestructura, para desde su regreso a la rutina apoyar a sus comunidades, restaurar o generar (si no existía antes del terremoto) el vínculo profundo con la lectura es, posiblemente, el principal aporte que pueden realizar a que cada uno de sus usuarios y usuarias sean protagonistas de sus propias reconstrucciones personales.

Ese el mensaje que deja “The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore”, cortometraje animado que hace unos días obtuvo el Óscar en su categoría: la lectura como parte de un proceso de sanación y adquisición de sentido. Son quince mínutos. Posiblemente sean de los mejores quince minutos de todas las horas que en el último tiempo he estado navegando en Internet.

Una de curaduría digital

En el cuerpo Artes y Letras de El Mercurio de ayer domingo 19 de febrero, Patricio Contreras publicó un reportaje sobre curaduría digital y las estrategias que en este ámbito están desarrollando instituciones culturales como la Biblioteca Pública de Nueva York, el Museo del Prado, el GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral) y la Biblioteca Nacional de Chile a través del portal Memoria Chilena. Fui parte de las personas que entrevistó Patricio, por lo que les comparto el texto completo del reportaje que subí a Slideshare, ya que El Mercurio requiere tener cuenta para poder acceder al sitio (si les interesa verlo en el diario, este es el enlace, aunque también pueden leerlo directamente en el blog de Patricio). Interesante que temas como este, que son reflejo de las nuevas lógicas colectivas de colaboración que han surgido con Internet y los medios sociales, tengan espacio en los medios tradicionales.  

Municipales 2012: ¿la hora de las candidaturas abiertas?

Una de las principales lecciones que las movilizaciones sociales de 2011 dejaron es la de una ciudadanía que no quiere seguir siendo un actor pasivo en la política nacional. Ante la incapacidad del sistema político de canalizar y representar las demandas, las personas salieron a la calle para defender sus puntos de vista, demostrando una y otra vez que la manera cómo las grandes decisiones que afectan el interés colectivo se han tomado en las últimas décadas requiere un cambio urgente. 

Parte sustancial de este cambio es lento, ya que implica modificar la arquitectura institucional de nuestra democracia (una nueva Constitución o cambiar el binominal, por ejemplo). Pero hay también otros cambios más inmediatos, que no requieren leyes o una redefinición en las reglas formales del juego: basta la voluntad de los actores involucrados. Entre estas modificaciones se encuentra la manera en que las candidaturas a cargos de elección popular gestionan su relación con el electorado. En ello, la tecnología puede colaborar de manera activa, contribuyendo con una mayor integración de la ciudadanía y, de paso, revertiendo la permanente caída en la credibilidad y confianza de la clase política.

En octubre de este año, las elecciones para escoger a las nuevas autoridades en los municipios de Chile tendrán lugar en un escenario sensiblemente distinto al ocurrido en las presidenciales 2009. Para efectos de mi análisis, relevaré tres elementos novedosos. En primer lugar, debutará la inscripción automática y el voto voluntario, rejuveneciendo y entregando dinamismo a nuestro padrón electoral a través de los más de 4.5 millones de nuevos potenciales votantes. En segundo lugar, tendrán lugar las elecciones en un país que ha superado ya largamente el 50% de penetración de Internet. Uno de cada dos electores está conectado a la red, aumentando la tasa cuánto más joven es el grupo etario. Y, en tercer lugar, la inmensa mayoría de quienes son usuarios de Internet, participan en una o varias redes sociales en línea, llegando en el caso de Facebook a ser aproximadamente el 90% de las personas que en Chile acceden a Internet.

Dadas las cifras anteriores, se puede afirmar que como nunca antes, las elecciones municipales 2012 deberán convocar a un electorado significativamente joven, conectado a Internet y que usa de manera intensiva los medios sociales para múltiples dimensiones de su vida cotidiana. Es esperable, entonces, que encuentre ahí la manera de motivarse para votar, para tomar la decisión sobre la candidatura por la cual optarán y, eventualmente, colaborar activamente con ella para que resulte vencedora en las urnas.

Esta realidad impone a quienes serán candidatos/as una nueva forma de hacer las cosas, por lo menos en relación a esa importante fracción del electorado. Si las viejas prácticas (procesos escasamente participativos para tomar las decisiones, poca transparencia, etc.) están en la base del descrédito de la actividad política, ahora las candidaturas tienen la oportunidad de plantearse como espacios abiertos a la creatividad, compromiso y colaboración de sus potenciales votantes. Obliga a reconocer, como punto de partida, que la base de sustentación de las candidaturas va más allá del militante tradicional de un partido político y que, por lo tanto, entregar atribuciones significa delegar poder en personas que valoran su independencia.

Sin duda alguna, todas las candidaturas (en especial las de alcalde/sas) usarán los medios sociales en Internet. Proliferarán los sitios web que permitirán comentarios y las cuentas en Facebook y Twitter. Veremos muchos videos en YouTube y más de alguna etiqueta se moverá entres los Trending Topics asociada a temas de interés local. Conviene tener presente, no obstante, que usar las redes no implica saber aprovechar su real potencial. Abundan los casos de representantes y autoridades que las “entienden” a la antigua usanza: canales unidireccionales de comunicación, al servicio de procesos que informan verticalmente decisiones tomadas por un grupo reducido de personas. El hábito no hace al monje y el html no hace candidaturas abiertas.

¿Cómo se puede aprovechar la tecnología para articular candidaturas abiertas? Hay a lo menos tres ámbitos en los cuales un uso inteligente de los medios sociales puede contribuir: conversación, participación y transparencia.

Conversación. Las decisiones de los electores siempre han tenido lugar en “espacios conversacionales” y en ellas influyen, entre otros factores, la edad, el género, el nivel socio-económico, la raza, los medios de comunicación o el grupo social de referencia (familia, amistades, los compañeros de militancia, etc.). El voto se configura en esa conversación y expresa a través de esa opción (la raya en la papeleta) las expectativas sobre el futuro que el votante tiene. Hasta ahora, esa conversación ocurría en “la fragmentación de la desconexión” y era rescatada estadísticamente por las encuestas y estudios de opinión, que transmiten las grandes tendencias sacrificando, casi siempre, las dimensiones más particulares. Pero hoy, de manera creciente, esa conversación ocurre en “la continuidad de la conexión”, con ciudadanos/as emitiendo juicios de valor político sobre personas y propuestas en tiempo real. De la capacidad de las candidaturas, y en especial de los/as candidatos/as en forma personal, de incorporarse a esa conversación y saber escuchar y hacer suyos los intereses particulares de sus potenciales electores, dependen parte de sus opciones de triunfo.

Participación. ¿Cómo se construirán los programas y propuestas de las candidaturas en las municipales 2012? ¿Tendrán cabida mecanismos innovadores para identificar los intereses y demandas locales de la ciudadanía? Y una vez identificadas, ¿podrá esta última participar en el diseño de la soluciones? Abundarán, no cabe duda, los programas que serán presentados como paquetes cerrados y en muchas comunas los electores quizá no tengan más opción que escoger entre distintas (y previsibles) opciones cerradas. Sin embargo, los medios sociales en Internet permiten, a través de herramientas participativas, generar procesos abiertos para la construcción de propuestas ciudadanas que sean parte central del programa que una candidatura presente ante los electores. En el co-diseño programático, entendido como un llamado concreto a la acción y la entrega de poder a quienes respondan a ese llamado, está una de las claves para generar una mayor sintonía entre la clase política y la ciudadanía, así como una renovación de la confianza en la actividad política.

Transparencia. Internet y los medios sociales han impuesto a la actividad pública nuevos estándares de transparencia. El escrutinio ciudadano sobre las autoridades y representantes es parte de la nueva forma de hacer política. Ante este escenario, las candidaturas pueden optar entre los mínimos de transparencia a los cuales están obligadas por ley o, por el contrario, ir un paso más allá y de manera voluntaria exponer elementos que puedan ser valorados por el electorado que pretende convencer y convocar a las urnas. A la hora de votar, ¿a qué elector no le gustaría saber con detalle las fuentes de financiamiento, los intereses de los/as candidatos/as, la letra chica de las alianzas electorales y otros antecedentes que pueden influir en la realización de los compromisos de resultar electa su opción? Si esa información es conocida a través de la propia candidatura y no por un acto de control ciudadano (una filtración al modo de Wikileaks, por ejemplo), la primera gana en credibilidad.

¿Serán las elecciones 2012 la hora de las candidaturas abiertas? La ciudadanía ha demostrado querer ser parte del juego. La tecnología lo permite. Solo falta la voluntad de quienes quieran dirigir por los próximos cuatro años los municipios de Chile.

Contra la #CensuraTwitter

Twitter anunció ayer que para poder mantener su expansión internacional, implementarán una política de filtrado de contenidos en algunos países. La razón que entrega es que no todos los países entienden lo mismo por libertad de expresión. Cierto. Nada nuevo. De hecho, hasta parece una declaración bien ingenua la de Twitter. Welcome to the real world!

La reacción de muchos que usamos Twitter cotidianamente ha sido de rechazo y para mañana sábado 28 de enero se ha organizado en forma espontánea una manifestación mundial ad hoc: 24 horas sin enviar un solo tuiteo. El hashtag en castellano es #CensuraTwitter y en inglés está corriendo #TwitterBlackout.

Yo me sumé y aunque algunos desconfíen, ni un solo mensaje saldrá desde mi cuenta mañana. Es una manera de decirle a la empresa que creó y administra el servicio gratuito de microblogging que uso, que no estoy de acuerdo.

En otros posteos lo he dicho: aunque es común comparar Internet con una plaza pública, la imagen más ajustada es la de parques privados con acceso público. Esta imagen se ajusta incluso mejor para las plataformas de medios sociales (Facebook, Twitter, Google+, blogs, etc.), ya que en todos esos casos (a diferencia de parte de la infraestructura base y la gobernanza de Internet) son servicios que proveen empresas privadas, todas con legítimos fines de lucro. Pero lo que nos confunde es el carácter gratuito de buena parte de lo que nos ofrecen, a tal punto que hemos llegado a considerar que son servicios públicos y que sobre ellos tenemos los derechos y deberes que como ciudadanos ejercemos en nuestra relación con los estados.

Pero más allá de esa confusión, conviene tener presente que en la medida que sobre esas plataformas quienes las usan persiguen, entre otros, fines de interés público, sus decisiones empresariales no están (ni pueden pretender estar) exentas del control ciudadano ni de la regulación estatal. Es parte de la reconfiguración de las relaciones de poder que las tecnologías de información y comunicación están permitiendo. Quizá para Twitter nosotros seamos consumidores, pero al conectarnos y compartir mensajes en su plataforma, lo hacemos muchas veces como ciudadanos. Por ello, debiera resultar evidente para cualquier empresa que provea servicios de medios sociales que el principal activo de sus balances no es un stock de cosas, sino personas, que así como pueden un día hacer aumentar el valor de la empresa, están siempre a un paso de hacer que ese valor se esfume. Es decir, que ese activo se pasó al servicio de la competencia. Reinterpretando la economía de la crisis: si queremos, los usuarios podemos convertirnos en un activo tóxico.

Los ciudadanos debemos exigirles a nuestros estados una defensa sin ambigüedades del estándar democrático. Y ese estándar incluye en su base la libertad de expresión. Pero en el mundo en red, ese estándar también debemos exigírselo a las empresas de la red, a esas que bajo las lógicas de la Sociedad de la Información, hacen de nosotros y nuestros contenidos, la fuente de su prosperidad. Twitter debe cumplir las leyes que rigen en todos los países donde opera o espera funcionar. Eso está fuera de toda duda, pero si para aumentar su penetración mundial cierra los ojos a las restricciones de libertad de expresión que en muchos casos existen, en lo personal no me gusta. Si lo aceptamos, estaríamos dando por perdida la batalla que entre libertad y control está teniendo lugar por estos días en las redes.

Y también debemos exigirnos, entre nosotros los ciudadanos, cumplir ese estándar democrático. Si tú te consideras un demócrata, ¿comprarías un periódico que dependiendo el país donde se edite cambia los contenidos para no ofender a las autoridades? Creo que no. Entonces, ¿por qué a Twitter, que no es un medio de comunicación pero que es usado como tal por los ciudadanos, se lo podemos permitir?

Claro: una huelga de tuiteos, que de eso se trata el 28 de enero de 2012, puede no tener repercusión. Hay quienes incluso puedan pensar que al poder le guste la idea: siempre es mejor tenernos desconectados que vociferando en las redes. Pero en un mundo que cambia, donde las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre empresas y consumidores, y entre los ciudadanos entre sí, ya no son las mismas que antes de Internet, hay que innovar en los medios. Y una huelga en Twitter apunta directamente al activo, el único activo, de la empresa: nosotros y nuestros mensajes.  Porque, en última instancia y aunque parezca contradictorio, manifestarme a favor de la libertad de expresión aquí y en la quebrada del ají me parece una buena, muy buena razón, para dejar de expresarme durante 24 horas en Twitter.


* Columna publicada originalmente en elquintopoder.cl. Recomiendo leer el análisis de Claudio Ruiz, que tiene otra mirada sobre este tema.

Megaupload y Anonymous: ¿Justicia 2.0?

A estas alturas debiera estar relativamente claro que lo que está ocurriendo en los últimos días en Internet no tiene que ver solo con el choque entre posturas divergentes sobre cómo abordar la relación entre derechos de autor – propiedad intelectual y el acceso de las personas a contenidos en línea. En realidad, es mucho más que eso. Tiene que ver con el ejercicio de nuestras libertades civiles en Internet, a tal punto amenazadas con iniciativas como SOPA, PIPA y otras leyes similares en el mundo, que hay quien incluso ha alertado que estamos frente a la primera gran batalla de una de las guerras cruciales de este siglo. Cuando el lenguaje bélico empieza a aparecer en boca de todos, es porque las pistolas están cargadas. Conviene, entonces, dedicar unos breves minutos a reflexionar sobre una de las fronteras de este conflicto, para no perdernos en fragor del combate.

Ayer, apenas un día después de la protesta mundial contra SOPA (Stop Online Piracy Act), un proyecto de ley que se discute en el Congreso de Estados Unidos que criminaliza la lógica fundacional de Internet (compartir libremente información) asumiendo que todos somos infractores de derechos de autor, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del FBI, logró bajar Megaupload, una de las plataformas más populares para compartir archivos en la red. Al momento de escribir esta líneas, recibo la noticia que SOPA y PIPA parecen haber sido derrotadas.

Las impresionantes cifras de Megaupload, responsable del 4% del tráfico mundial en Internet, hacían previsible la airada reacción de sus usuarios, muchos de los cuales efectivamente usaban la plataforma para compartir o guardar contenidos de los que eran propietarios o que estaban libres de derechos. Pero también es cierto que Megaupload estaba lleno de contenido que vulneraba la propiedad intelectual (más allá de que consideremos que el marco legal que hoy impera en casi todo el mundo atenta contra el libre acceso al conocimiento) y con el cual quienes administraban la plataforma hacían negocios y lucraban.

En respuesta a la bajada de Megaupload y la detención de sus principales directivos, Anonymous, esa red que se ha auto investido como defensora de la libertad en Internet, montó y ejecutó el que ya es considerado el mayor ataque informático en la historia, con más de 27 mil computadores y 10 mil personas involucradas. Resultados: múltiples sitios del gobierno de Estados Unidos y otros países fueron “tumbados”, así como los de las principales empresas discográficas (una de ellas fue la que hizo la denuncia que permitió al FBI actuar).

Una de las fronteras que expone este episodio es la que podríamos denominar la “justicia 2.0” (¡disculpen el cliché!). ¿Cómo y quién hace justicia en los entornos digitales, considerando las comprobadas y reiteradas dificultades de legislaciones diseñadas para mundos analógicos al ser aplicadas en entornos digitales? La pregunta no es trivial, ya que la justicia (o por lo menos la sensación que tengamos de que ella existe o no) está en la base de la legitimidad social, en general, y de la legitimidad de la democracia, en particular. ¿Es legítima la respuesta de Anonymous ante la actuación del FBI, considerando que el FBI con su actuar vulneró derechos de todas aquellas personas que usaban Megaupload para subir y compartir de manera legal contenidos? ¿Quiénes entregaron a Anonymous el poder para, en defensa de nuestras libertades, decidir atacar tal o cual sitio?

En las redes sociales, la respuesta de muchos, si no la mayoría, ha sido de apoyo ante la acción de Anonymous, sin embargo, su proceder responde a la misma lógica que usó el FBI y que esgrimen las empresas multinacionales ante los estados para promover leyes como SOPA: los sitios o prácticas de Internet que no me gustan o me molestan, las ataco hasta anularlas. Así expresé anoche en un mensaje en Twitter, y las respuestas que recibí dan cuenta de los argumentos de quienes defienden a Anonymous: autodefensa ciudadana ante la agresión de los estados; diferencias éticas entre unos y otros; causas justas frente a causas injustas; la inexistencia de otras alternativas para expresar el rechazo, etc.

Es un lugar común la buena pero falaz idea de que Internet ha aplanado la cancha. Ese adagio se repite sin cesar, dando a entender que hoy estamos en un mundo de relaciones horizontales, desconociendo las lógicas de exclusión que el mundo conectado reproduce o genera. Como Wikileaks y su creador han sido sistemáticamente enfrentados por el poder, concluyendo con el cierre del sitio por su práctica imposibilidad de operar, es el mejor reflejo de que la cancha no solo no se ha aplanado, sino que están surgiendo nuevas formas en que los estados silencian a la ciudadanía.

Sin embargo, seguimos contando con Internet como herramienta para el empoderamiento de las personas frente al poder político o económico, dadas las lógicas del desarrollo tecnológico, que siempre van uno o varios pasos por delante de las legislaciones y medidas que buscan moderar o controlar sus efectos sociales. Existe, por tanto, una gran área en Internet (quizá la más significativa) en la cual las personas construyen y/o validan legitimidades no desde las normas escritas, sino desde sus prácticas cotidianas, su conciencia cívica y su propia percepción de lo que es justo e injusto. ¿Estamos preparados para ese ejercicio de ciudadanía los dos mil millones de personas con acceso a Internet en el mundo?

Hace unos meses, varios sitios chilenos que promueven el derecho a la libre expresión y el derecho a la comunicación (entre ellos Sitio Cero), fueron atacados por un hacker aparentemente vinculado a sectores de ultraderecha. ¿Qué diferencia ese ataque del realizado por Anonymous? Poco tiempo antes, a raíz de la quema de un bus del Transantiago, encapuchados que participaron en ese acto se escondieron en una de los campus de la Universidad de Chile, y al ser detectados por un profesor, fueron enfrentados y denunciados por este. No tardó mucho para que la foto y datos de ese profesor, comenzaran a circular en los mensajes de Twitter y los muros de Facebook. ¿Qué tipo de justicia es esa? ¿Es legítimo, incluso en el caso de que ese profesor fuera culpable de algo, que los usuarios de las redes vulneren el debido proceso y procedan a su linchamiento digital? 

En esta nueva justicia que está emergiendo desde las redes, voluble por que se legitima en base a la opinión pública y no sobre las normas del debido proceso, los ciudadanos debemos desarrollar conciencia sobre cuáles son los estándares mínimos que practicamos entre nosotros (antes y después de nuestra relación con el estado) al construir nuestra convivencia en línea. Hoy podemos aplaudir a Anonymous por haber hecho algo con lo que simpatizamos (¿quién no simpatiza con atacar al FBI, que pese a Hollywood, sabemos que no son siempre “los chicos buenos de la película”?). El problema es que, quizá en el futuro, Anonymous se nos vuelva en contra, porque en última instancia, la justicia 2.0 no responde ante nadie, solo ante ella misma.

(*) Entrada originalmente publicada en elquintopoder.cl