¿Quién vive cercado en La Araucanía?

La lamentable muerte del sargento de Carabineros Hugo Albornoz en Ercilla, que como bien señala Pedro Cayuqueo debe ser investigada “debida e imparcialmente”, ha permitido que nuevamente los medios de comunicación aticen el mal llamado “conflicto mapuche”, colaborando en la construcción de una (¿deliberadamente?) errada imagen en la opinión pública.

Un botón de muestra es El Mercurio de hoy domingo, que en dos notas aborda el tema.

La primera de ellas, publicada en el cuerpo de Economía y Negocios (página B13), analiza el aumento de los recursos públicos destinados a la compra de tierras para las comunidades mapuche y su nulo impacto en el desarrollo de la región. De hecho, el artículo desde sus primeras líneas sienta el tono del análisis:

“En la semana se produjo el primer asesinato de un carabinero dentro del marco del conflicto indígena, y los empresarios de La Araucanía volvieron a lanzar una señal de auxilio para una zona que hasta los años noventa era sinónimo de crecimiento, pero que hoy tienen las mayores tasas de pobreza del país y que ha perdido cientos de miles de hectáreas cultivables a causa del conflicto indígena”.

El párrafo es explícito en señalar la vinculación entre retraso económico y conflicto violento, que no duda en etiquetar como “indígena”, cuando sería más ajustado a la realidad describirlo como un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Al plantear el impacto económico del conflicto, se sugiere que “hoy” sería la región con mayor número proporcional de pobres, en contraste con la situación de la década de 1990. Falso. Tal como señala el propio Plan Araucanía presentado el 2010 por el actual gobierno, “La Araucanía es la región con las mayores tasas de pobreza e indigencia del país, lo que se arrastra desde 1990 sin mayores cambios”. El dato podría ser catalogado como un simple error, si la equivocación no fuera funcional a la tesis del artículo: “el conflicto indígena” ha generado mayor pobreza en la región.

En esa misma lógica, el artículo omite que entre la población mapuche, las tasas de pobreza e indigencia son incluso mayores que en el promedio de la población de La Araucanía, pero destaca cómo tierras que eran productivas al momento de ser adquiridas por el Estado y entregadas a las comunidades, hoy están abandonadas. Llama también la atención que en la construcción del análisis, ninguna fuente del pueblo mapuche haya sido entrevistada. Las citas del texto corresponden al ministro Cristián Larroulet, un asesor de su ministerio, un dirigente empresarial de La Araucanía y el diputado Pepe Auth. En suma, ni una sola opinión de alguien perteneciente a uno de los pueblos a los cuales esta política pública está dirigida.

La segunda nota es un reportaje sobre Juan de Dios Fuentes, ex intendente de la Unidad Popular en la provincia del Ñuble y dueño del fundo donde fue atacado el sargento Albornoz (página D9). Más allá de lo funcional de contar con la historia de una persona ligada a la izquierda y que hoy, dedicado a trabajar sus tierras, “pide mano dura” contra las comunidades mapuche, El Mercurio tanto en su portada principal como en la portada del cuerpo de Reportajes se refiere a él como alguien que “vive cercado por el conflicto mapuche”. Transmite esa afirmación la idea de un territorio traspasado por la violencia, en el que la ley no tiene espacio para su eficiente ejercicio y donde las tierras productivas serían islas en medio de un pueblo, el mapuche, al que hay que educar “en la disciplina del trabajo y del desarrollo” (según palabras textuales del otrora dirigente de la izquierda).

Mutatis mutandi, la imagen del mapuche flojo sigue gozando de buena salud en las páginas mercuriales. Da lo mismo, para efectos de reforzar esta ya conocida mirada sobre el tema, que el Estado de Chile nunca haya comprendido el concepto de propiedad y explotación comunitaria que sobre la tierra tiene el mapuche; o que no se haya entendido el fuerte e histórico componente comerciante de sus identidades como pueblo; o que parte sustantiva de las tierras de las comunidades hayan estado, desde la década de 1970, expuestas al agresivo desarrollo de la industria forestal chilena. Retrucando el titular de El Mercurio, bien podríamos decir que buena parte del pueblo mapuche “vive cercado por la industria maderera”.

Martín Correa y Eduardo Mella, en Las razones del illkun/enojo, premiado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura como el Mejor Ensayo 2011, describen ese “cerco” de manera clara:

“Los efectos de la invasión forestal se hicieron notar de inmediato: los retazos de bosque nativo, incluso en sectores de cuencas y caudales de aguas, afectando notablemente la supervivencia de las comunidades mapuche, ya que la disponibilidad de aguas es casi nula, proceso agudizado por la desecación que produce el pino. Paralelamente, con la introducción del monocultivo se altera la biodiversidad, se extingue la fauna local y la vegetación de recolección, y con ello importantes fuentes de alimentos para las familias mapuche. Más aún, con el uso de pesticidas para combatir las plagas, proceso que se realiza en avión, se van destruyendo los pocos huertos familiares de los mapuche vecinos a los fundos forestales.

En términos sociales y económicos, lo anterior implicó, para las comunidades mapuche, el que no solo no se tenga acceso a las antiguas tierras, sino que las comunidades queden encerradas por verdaderos cordones forestales, que la economía de supervivencia mapuche se vea notablemente empobrecida y que los niveles de migración indígena hacia las ciudades haya crecido en términos alarmantes, ya que las más de las veces éstos terminan engrosando las masas marginales y marginadas de la ciudad”.

Sí, en La Araucanía hay un problema de población cercada. Pero no creo que sea la que tiene acceso a la tribuna de los principales medios de comunicación.