Contra la #CensuraTwitter

Twitter anunció ayer que para poder mantener su expansión internacional, implementarán una política de filtrado de contenidos en algunos países. La razón que entrega es que no todos los países entienden lo mismo por libertad de expresión. Cierto. Nada nuevo. De hecho, hasta parece una declaración bien ingenua la de Twitter. Welcome to the real world!

La reacción de muchos que usamos Twitter cotidianamente ha sido de rechazo y para mañana sábado 28 de enero se ha organizado en forma espontánea una manifestación mundial ad hoc: 24 horas sin enviar un solo tuiteo. El hashtag en castellano es #CensuraTwitter y en inglés está corriendo #TwitterBlackout.

Yo me sumé y aunque algunos desconfíen, ni un solo mensaje saldrá desde mi cuenta mañana. Es una manera de decirle a la empresa que creó y administra el servicio gratuito de microblogging que uso, que no estoy de acuerdo.

En otros posteos lo he dicho: aunque es común comparar Internet con una plaza pública, la imagen más ajustada es la de parques privados con acceso público. Esta imagen se ajusta incluso mejor para las plataformas de medios sociales (Facebook, Twitter, Google+, blogs, etc.), ya que en todos esos casos (a diferencia de parte de la infraestructura base y la gobernanza de Internet) son servicios que proveen empresas privadas, todas con legítimos fines de lucro. Pero lo que nos confunde es el carácter gratuito de buena parte de lo que nos ofrecen, a tal punto que hemos llegado a considerar que son servicios públicos y que sobre ellos tenemos los derechos y deberes que como ciudadanos ejercemos en nuestra relación con los estados.

Pero más allá de esa confusión, conviene tener presente que en la medida que sobre esas plataformas quienes las usan persiguen, entre otros, fines de interés público, sus decisiones empresariales no están (ni pueden pretender estar) exentas del control ciudadano ni de la regulación estatal. Es parte de la reconfiguración de las relaciones de poder que las tecnologías de información y comunicación están permitiendo. Quizá para Twitter nosotros seamos consumidores, pero al conectarnos y compartir mensajes en su plataforma, lo hacemos muchas veces como ciudadanos. Por ello, debiera resultar evidente para cualquier empresa que provea servicios de medios sociales que el principal activo de sus balances no es un stock de cosas, sino personas, que así como pueden un día hacer aumentar el valor de la empresa, están siempre a un paso de hacer que ese valor se esfume. Es decir, que ese activo se pasó al servicio de la competencia. Reinterpretando la economía de la crisis: si queremos, los usuarios podemos convertirnos en un activo tóxico.

Los ciudadanos debemos exigirles a nuestros estados una defensa sin ambigüedades del estándar democrático. Y ese estándar incluye en su base la libertad de expresión. Pero en el mundo en red, ese estándar también debemos exigírselo a las empresas de la red, a esas que bajo las lógicas de la Sociedad de la Información, hacen de nosotros y nuestros contenidos, la fuente de su prosperidad. Twitter debe cumplir las leyes que rigen en todos los países donde opera o espera funcionar. Eso está fuera de toda duda, pero si para aumentar su penetración mundial cierra los ojos a las restricciones de libertad de expresión que en muchos casos existen, en lo personal no me gusta. Si lo aceptamos, estaríamos dando por perdida la batalla que entre libertad y control está teniendo lugar por estos días en las redes.

Y también debemos exigirnos, entre nosotros los ciudadanos, cumplir ese estándar democrático. Si tú te consideras un demócrata, ¿comprarías un periódico que dependiendo el país donde se edite cambia los contenidos para no ofender a las autoridades? Creo que no. Entonces, ¿por qué a Twitter, que no es un medio de comunicación pero que es usado como tal por los ciudadanos, se lo podemos permitir?

Claro: una huelga de tuiteos, que de eso se trata el 28 de enero de 2012, puede no tener repercusión. Hay quienes incluso puedan pensar que al poder le guste la idea: siempre es mejor tenernos desconectados que vociferando en las redes. Pero en un mundo que cambia, donde las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre empresas y consumidores, y entre los ciudadanos entre sí, ya no son las mismas que antes de Internet, hay que innovar en los medios. Y una huelga en Twitter apunta directamente al activo, el único activo, de la empresa: nosotros y nuestros mensajes.  Porque, en última instancia y aunque parezca contradictorio, manifestarme a favor de la libertad de expresión aquí y en la quebrada del ají me parece una buena, muy buena razón, para dejar de expresarme durante 24 horas en Twitter.


* Columna publicada originalmente en elquintopoder.cl. Recomiendo leer el análisis de Claudio Ruiz, que tiene otra mirada sobre este tema.

Megaupload y Anonymous: ¿Justicia 2.0?

A estas alturas debiera estar relativamente claro que lo que está ocurriendo en los últimos días en Internet no tiene que ver solo con el choque entre posturas divergentes sobre cómo abordar la relación entre derechos de autor – propiedad intelectual y el acceso de las personas a contenidos en línea. En realidad, es mucho más que eso. Tiene que ver con el ejercicio de nuestras libertades civiles en Internet, a tal punto amenazadas con iniciativas como SOPA, PIPA y otras leyes similares en el mundo, que hay quien incluso ha alertado que estamos frente a la primera gran batalla de una de las guerras cruciales de este siglo. Cuando el lenguaje bélico empieza a aparecer en boca de todos, es porque las pistolas están cargadas. Conviene, entonces, dedicar unos breves minutos a reflexionar sobre una de las fronteras de este conflicto, para no perdernos en fragor del combate.

Ayer, apenas un día después de la protesta mundial contra SOPA (Stop Online Piracy Act), un proyecto de ley que se discute en el Congreso de Estados Unidos que criminaliza la lógica fundacional de Internet (compartir libremente información) asumiendo que todos somos infractores de derechos de autor, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del FBI, logró bajar Megaupload, una de las plataformas más populares para compartir archivos en la red. Al momento de escribir esta líneas, recibo la noticia que SOPA y PIPA parecen haber sido derrotadas.

Las impresionantes cifras de Megaupload, responsable del 4% del tráfico mundial en Internet, hacían previsible la airada reacción de sus usuarios, muchos de los cuales efectivamente usaban la plataforma para compartir o guardar contenidos de los que eran propietarios o que estaban libres de derechos. Pero también es cierto que Megaupload estaba lleno de contenido que vulneraba la propiedad intelectual (más allá de que consideremos que el marco legal que hoy impera en casi todo el mundo atenta contra el libre acceso al conocimiento) y con el cual quienes administraban la plataforma hacían negocios y lucraban.

En respuesta a la bajada de Megaupload y la detención de sus principales directivos, Anonymous, esa red que se ha auto investido como defensora de la libertad en Internet, montó y ejecutó el que ya es considerado el mayor ataque informático en la historia, con más de 27 mil computadores y 10 mil personas involucradas. Resultados: múltiples sitios del gobierno de Estados Unidos y otros países fueron “tumbados”, así como los de las principales empresas discográficas (una de ellas fue la que hizo la denuncia que permitió al FBI actuar).

Una de las fronteras que expone este episodio es la que podríamos denominar la “justicia 2.0” (¡disculpen el cliché!). ¿Cómo y quién hace justicia en los entornos digitales, considerando las comprobadas y reiteradas dificultades de legislaciones diseñadas para mundos analógicos al ser aplicadas en entornos digitales? La pregunta no es trivial, ya que la justicia (o por lo menos la sensación que tengamos de que ella existe o no) está en la base de la legitimidad social, en general, y de la legitimidad de la democracia, en particular. ¿Es legítima la respuesta de Anonymous ante la actuación del FBI, considerando que el FBI con su actuar vulneró derechos de todas aquellas personas que usaban Megaupload para subir y compartir de manera legal contenidos? ¿Quiénes entregaron a Anonymous el poder para, en defensa de nuestras libertades, decidir atacar tal o cual sitio?

En las redes sociales, la respuesta de muchos, si no la mayoría, ha sido de apoyo ante la acción de Anonymous, sin embargo, su proceder responde a la misma lógica que usó el FBI y que esgrimen las empresas multinacionales ante los estados para promover leyes como SOPA: los sitios o prácticas de Internet que no me gustan o me molestan, las ataco hasta anularlas. Así expresé anoche en un mensaje en Twitter, y las respuestas que recibí dan cuenta de los argumentos de quienes defienden a Anonymous: autodefensa ciudadana ante la agresión de los estados; diferencias éticas entre unos y otros; causas justas frente a causas injustas; la inexistencia de otras alternativas para expresar el rechazo, etc.

Es un lugar común la buena pero falaz idea de que Internet ha aplanado la cancha. Ese adagio se repite sin cesar, dando a entender que hoy estamos en un mundo de relaciones horizontales, desconociendo las lógicas de exclusión que el mundo conectado reproduce o genera. Como Wikileaks y su creador han sido sistemáticamente enfrentados por el poder, concluyendo con el cierre del sitio por su práctica imposibilidad de operar, es el mejor reflejo de que la cancha no solo no se ha aplanado, sino que están surgiendo nuevas formas en que los estados silencian a la ciudadanía.

Sin embargo, seguimos contando con Internet como herramienta para el empoderamiento de las personas frente al poder político o económico, dadas las lógicas del desarrollo tecnológico, que siempre van uno o varios pasos por delante de las legislaciones y medidas que buscan moderar o controlar sus efectos sociales. Existe, por tanto, una gran área en Internet (quizá la más significativa) en la cual las personas construyen y/o validan legitimidades no desde las normas escritas, sino desde sus prácticas cotidianas, su conciencia cívica y su propia percepción de lo que es justo e injusto. ¿Estamos preparados para ese ejercicio de ciudadanía los dos mil millones de personas con acceso a Internet en el mundo?

Hace unos meses, varios sitios chilenos que promueven el derecho a la libre expresión y el derecho a la comunicación (entre ellos Sitio Cero), fueron atacados por un hacker aparentemente vinculado a sectores de ultraderecha. ¿Qué diferencia ese ataque del realizado por Anonymous? Poco tiempo antes, a raíz de la quema de un bus del Transantiago, encapuchados que participaron en ese acto se escondieron en una de los campus de la Universidad de Chile, y al ser detectados por un profesor, fueron enfrentados y denunciados por este. No tardó mucho para que la foto y datos de ese profesor, comenzaran a circular en los mensajes de Twitter y los muros de Facebook. ¿Qué tipo de justicia es esa? ¿Es legítimo, incluso en el caso de que ese profesor fuera culpable de algo, que los usuarios de las redes vulneren el debido proceso y procedan a su linchamiento digital? 

En esta nueva justicia que está emergiendo desde las redes, voluble por que se legitima en base a la opinión pública y no sobre las normas del debido proceso, los ciudadanos debemos desarrollar conciencia sobre cuáles son los estándares mínimos que practicamos entre nosotros (antes y después de nuestra relación con el estado) al construir nuestra convivencia en línea. Hoy podemos aplaudir a Anonymous por haber hecho algo con lo que simpatizamos (¿quién no simpatiza con atacar al FBI, que pese a Hollywood, sabemos que no son siempre “los chicos buenos de la película”?). El problema es que, quizá en el futuro, Anonymous se nos vuelva en contra, porque en última instancia, la justicia 2.0 no responde ante nadie, solo ante ella misma.

(*) Entrada originalmente publicada en elquintopoder.cl

Fantasmas en el barrio de mis hijos

Mientras desde el Ministerio de Educación tratan de encontrar el mejor eufemismo para maquillar uno de los períodos más sombríos de nuestra historia, gracias al enorme trabajo de ArchivosChile, “Ejecuciones en Chile septiembre-diciembre 1973: El circuito burocrático de la muerte”, logro saber que en el barrio donde están creciendo mis hijos fueron hallados los cuerpos de cuatro ciudadanos ejecutados.

Tres han sido reconocidos como víctimas de la violencia organizada por la dictadura. Uno forma parte de un grupo de 150 potenciales nuevas víctimas de la represión, personas que, si bien no aparecen en las listas de ejecutados oficialmente reconocidas por el Estado de Chile, las condiciones en que fueron encontrados los cadáveres y su posterior “tratamiento” por “la burocracia de la muerte” que operó en los meses finales de 1973, llevan al equipo de ArchivosChile a presumir su condición de víctimas.

Sus nombres. Eduardo Elías Cerda Angel; Francisco Rafael González Morales; y Roberto Gutiérrez González, los tres parte de las víctimas listadas por el Informe Rettig. La cuarta persona, no reconocida hasta ahora como ejecutado político: Abel Miguel Gonzalo Orellana Pallares.

Hablar de “régimen militar” o de “régimen militar antidemocrático” esconde (o pretende esconder) la brutalidad, la frialdad, la premeditación del terror con el que se amedrentó, se torturó, se mató en Chile entre 1973 y 1990, pero en especial en esos primeros momentos de la dictadura. Cito:

Fue el periodo de la razzia, de la “limpieza” social y política, como se confirma en la alta concentración de víctimas de violaciones a los derechos humanos en ese periodo consignada en el Informe Rettig. Dejar cuerpos torturados, destruidos por ráfagas de metralleta e incluso mutilados a plena vista de la población pareció ser una táctica de la política de terror y de dominación psicológica impuesta por el nuevo régimen.

Siempre hemos sabido (aunque a veces lo olvidemos) que mientras no se haga justicia con los delitos de lesa humanidad cometidos en esos años, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestro país estarán llenos de fantasmas. Hoy, gracias a un mapa en Internet, conozco a los que están cerca de la plaza donde mis hijos aprendieron a montar en bicicleta, a unas cuadras de donde compro las empanadas para los almuerzos dominicales, a minutos caminando de la feria donde los sábados adquiero las verduras y frutas. 

Cuando hace unos años decidimos con mi esposa comprar el departamento donde vivimos, quisimos hacer de estas calles parte esencial de nuestra historia familiar, de nuestra cotidianidad. Hoy esas calles se nos aparecen de otra forma, a través de los nombres de cuatro ciudadanos ejecutados por sus ideas. Ante el riesgo de que su historia, que es la nuestra, la de todos nosotros, sea reinterpretada, nos ocuparemos de que nuestros hijos sepan que en su barrio Chile tiene una deuda pendiente con la justicia.

¿Por qué SOPA es mala para la libertad?

Cory Doctorow publicó hace un par de días una tremenda reflexión sobre porqué SOPA (Stop Online Piracy Act), legislación que está siendo discutida en el Congreso de los Estados Unidos, es mala para la libertad. Bajo  la apariencia de una ley destinada a proteger la propiedad intelectual, se esconde una manera de "entender" Internet que desconoce uno de sus pilares fundacionales: el libre flujo de información. SOPA, como sugiere Doctorow, avanza porque los actores políticos no saben y no se dan el tiempo de saber el mundo que se viene (que en realidad ya está aquí). 

Hoy Claudio Ruiz compartió en su blog una traducción realizada por Martín Mois, de la que extraigo esta cita. ¡No diga después que no fue advertido!

Como un miembro de la generación Walkman, hice las paces con el hecho de que necesitaré un audífono para sordos antes de morir. Pero no será sólo un audífono, será realmente una computadora. Así que cuando me suba a un auto –un computador al cual introduzco mi cuerpo- usando un audífono –un computador que introduzco en mi cuerpo- quiero tener la certeza de que estas tecnologías no fueron diseñadas para ocultarme secretos, o para impedir que pueda terminar procesos en ellas contrarios a mis intereses. 

El año pasado, el Distrito Escolar de Lower Meriom, en un afluente suburbio de clase media de Filadelfia, tuvo muchísimos problemas. Fue descubierto distribuyéndole a sus estudiantes, laptops infectados con rootkits que permitían vigilancia encubierta remota a través de la cámara de la computadora y su conexión de redes. Los estudiantes fueron fotografiados miles de veces, en casa y en el colegio, despiertos y dormidos, vestidos y desnudos. Mientras tanto, la más reciente generación de tecnología de interceptación lícita puede operar de forma encubierta en cámaras, micrófonos, transceptores GPS en PCs, tabletas y dispositivos móviles. 

Aún no perdemos, pero primeramente debemos ganar la guerra del copyright si deseamos mantener a Internet y al PC libres y abiertos. En el futuro la libertad nos exigirá tener la capacidad de vigilar nuestros aparatos y establecer políticas significativas para ellos; poder examinar y terminar los procesos del software que corran; y mantenerlos como honestos sirvientes de nuestra voluntad, no como traidores y espías empleados por criminales, matones y controladores.

Portal Memoria Chilena: Un ejemplo de curaduría digital

Hace un par de meses, Fernando Purcell, Subdirector del Instituto de Historia de la Universidad Católica y co-editor de la Revista de Historia Iberoamericana, me invitó a realizar una reseña sobre el portal Memoria Chilena, la que acaba de ser publicada. Pueden consultar la fuente original acá, pero comparto el texto íntegro aquí también. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Fernando la invitación y a Roberto Aguirre y Daniela Schütte, de la Biblioteca Nacional de Chile, el haberme facilitado información sobre el portal.

En el mundo pre digital, con el acceso a información sujeto a un conjunto de barreras físicas, la información era un bien que tendía a la escasez. Si la información que requeríamos no estaba a nuestro alcance, ya fuera en una biblioteca, en un archivo o en una librería cercana, o en el kiosco de la esquina en formato de periódico o revista, su ausencia aumentaba su valor. Y nuestra frustración. ¿Quién no recuerda haber encontrado en alguna nota a pie de página o en una bibliografía las referencias de un artículo o un libro que nos resultaría fundamental para nuestro trabajo pero al cual no teníamos posibilidad de acceder? Quizá esa era la mayor (y más dura) expresión del valor de la información en el mundo académico.

Sin embargo, en Internet la información pierde su valor. Potencialmente, todo contenido tiene una expresión digital, la que bajo diferentes formatos y tipos de licenciamiento, elimina las barreras de acceso, por lo menos aquellas que en el mundo analógico eran infranqueables. La permanente innovación en las tecnologías de información y comunicación, traducida entre otras cosas, en un drástico abaratamiento de los medios de producción, reproducción, edición,  almacenamiento y distribución de contenidos digitales o contenidos analógicos digitalizados, ha provocado un fenómeno inédito en la historia. Hacia 2006, se calculaba que la información contenida en formatos digitales era tres millones de veces superior a la existente en todos los libros escritos por la Humanidad, proyectándose para el 2010 que esa cifra hubiera alcanzado los 18 millones de veces. En apenas unas décadas, el mundo de la información ha pasado de las lógicas de las escasez a las lógicas de la abundancia.

De la mano de esta explosión, han surgido o recobrado vigencia, las preguntas sobre la calidad de la información y la confianza en las personas o instituciones que la generan o comparten. La abundancia tiene su patología, la “infoxicación”, ese riesgo siempre presente de hacer clic en la fuente equivocada o en el contenido tergiversado, impactando en nuestra capacidad de interpretar la realidad, o que nos paralice ante la imposibilidad de saber identificar con cierto nivel de certeza cuál es el hipervínculo que nos permita enhebrar nuestra comprensión. El futuro de la información es de alta complejidad y en él se avizoran tres posibles escenarios, que bien resumen Antoni Gutiérrez-Rubí y Juan Freire: un futuro caótico, donde la crisis de las autoridades tradicionales y la sobreabundancia de información no encuentran solución; un futuro con nuevas formas control, en el que unas pocas instituciones filtren los contenidos y pongan fronteras (tecnológicas, legales o económicas) al acceso a la información; o un futuro donde la abundancia de información sea de manera colectiva, con la participación abierta de instituciones y personas, “ordenada”, valorada y seleccionada.

En el tercer escenario, que David Weinberger ha denominado “el poder del desorden digital”, las instituciones que tradicionalmente han sido fuentes de información confiable tienen la obligación de estar presentes. La reputación digital no paga tributo –necesariamente- a la reputación histórica, como bien aprendió la Enciclopedia Britannica, que en apenas una década presenció como Wikipedia, una enciclopedia virtual construida en múltiples lenguas simultáneamente por miles de voluntarios en todo el mundo, se posicionó como una de las principales fuentes de información en Internet. La curaduría de contenidos digitales es una de las claves del futuro de la información.

En este contexto, Memoria Chilena, el portal de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile cuya misión es ser la Biblioteca Nacional Digital bajo el slogan “el portal de la cultura de Chile”, es un magnífico ejemplo de cómo una institución que se encuentra inscrita en la historia del país como fuente de información fidedigna y de calidad, aprovecha la tecnología para rediseñar la forma en que cumple con sus objetivos, contribuyendo a la puesta en valor de contenidos a partir de la experiencia y conocimiento de sus equipos de trabajo.

El portal, que cumplió este año 10 años de existencia, parte de una serie de premisas. La primera: la memoria de un país no es un relato único, sino que es su diversidad de culturas e identidades las que construyen una mirada cabal de su pasado. La segunda: preservar y dar acceso digitalmente a esa memoria es un ejercicio de democratización del conocimiento. Y la tercera, a través del conocimiento de su memoria, las personas y las sociedades pueden valorarla, cumpliendo así Memoria Chilena un valor educacional fundamental.

Sus cifras son claras. Con 700 sitios temáticos disponibles, más de 2.800 libros descargables (la mayor parte del dominio público chileno, pero también con libros cedidos por sus vigentes titulares de derechos), cerca de 75 mil documentos y casi 900 mil páginas digitalizadas, Memoria Chilena es hoy la más grande base de datos sobre las culturas de Chile disponibles en Internet, algo que durante este año ya ha sido corroborado por más de 1.5 millones de visitantes. Es un sitio cuya riqueza principal radica en la profundidad y múltiples rutas de navegación, pudiendo acceder  a sus contenidos a través de cinco grandes áreas temáticas (Historia, Literatura, Artes, Música y Ciencias Sociales) o desde algunas de sus secciones especiales, entre las cuales se encuentran joyas de gran valor como Crítica Literaria (que da acceso a más de 50 mil archivos pertenecientes a la sección Referencias Críticas de la Biblioteca Nacional), las salas virtuales (entre ellas, la dedicada a poner en valor el legado de Gabriela Mistral en base al archivo personal donado hace pocos años al Estado de Chile por la heredera de Doris Dana, su asistente personal y confidente) y un conjunto de sitios e iniciativas asociadas que permiten personalizar y segmentar la experiencia del visitante con  los contenidos consultados.

Es Memoria Chilena un ejercicio permanente de curaduría de contenidos. Ante la imposibilidad de poder poner todo el acervo patrimonial de la Biblioteca Nacional en la Web, personal altamente especializado procede a definir qué contenidos son los más relevantes, tomando en consideración su carácter noticioso (asociado a ciertas coyunturas), su valor histórico o su potencial de consulta por parte de investigadores, estudiantes o público en general. En este proceso se renueva, implícitamente, el valor social de la Biblioteca Nacional como institución que garantiza a sus usuarios que todos aquellos contenidos que comparte son de alta calidad y pertinencia. Tal como fundamentó el jurado que le entregó el año 2010 el Stockholm Challenge Award en la categoría cultura (popularmente conocido como el “Nóbel de Internet”), “by interweaving individual discourses into a symbolic common-ground, Memoria Chilena acts as a dynamic ad integrative gateway to national cultural heritage, thus encouraging its preservation and study”. A través de la curaduría, Memoria Chilena construye ese terreno común que nos permite a todos reconocernos en nuestra historia y nuestras identidades.

Es en ese ejercicio de construcción en el cual el portal presenta algunas de sus más relevantes oportunidades de crecimiento y renovación. Más allá de revisar su usabilidad y diseño visual (que se mantiene casi inalterado tras una década), Memoria Chilena debiera avanzar hacia la constitución de una comunidad integrada por las personas que usan el portal y los equipos a cargo de la elaboración de los contenidos.

La memoria histórica es, entre otras cosas, un ejercicio colectivo de selección y valoración. Hoy se pueden diseñar e implementar con cierta facilidad procesos colectivos de curaduría digital usando herramientas propias de los medios sociales. Si bien tiene presencia en Facebook, Twitter y You Tube, estos canales operan –a grandes rasgos- como espacios de difusión de Memoria Chilena hacia sus usuarios, y no tanto como articuladores de un ecosistema conversacional que entregue “poder editorial” a sus usuarios y éstos ayuden a definir qué contenidos son digitalizados y destacados por el portal. Superar esta limitación, así como revisar y anular las restricciones para el pleno uso de todos aquellos contenidos que forman parte del dominio público chileno y que Memoria Chilena lleva a Internet (un proceder que no ha estado exento de críticas), son dos formas sencillas en las cuales podría proyectar aún más su labor, consolidando su rol como referente en la Web chilena y reescribiendo colaborativamente y pluralizando su slogan como “el portal de las culturas de Chile”.

Una reflexión sobre el IVA del libro en Chile

En el debate sobre las posibles estrategias para aumentar los niveles de lectura en Chile, una afirmación se ha mantenido de manera sostenida en el tiempo: los libros son caros y es necesario eliminar o reducir el IVA que pagan para fomentar que más personas accedan a ellos. Es una afirmación, que más allá de poder compartirla en su primera parte, nunca he encontrado datos contundentes (ni quienes la enarbolan los citan) para concluir que la segunda parte sea cierta.

Revisemos los datos disponibles. En el estudio “Chile y los libros 2010”, de Fundación La Fuente / Adimark GFK, entre aquellos que se declaraban “no lectores” (45,7% de la muestra), el precio de los libros era la cuarta razón para no leer (13,2%), siendo razones más importantes para no leer la falta de tiempo (37,3%), falta de gusto por la lectura (16,7%) y falta de interés/motivación (13,3%). Estas respuestas eran espontáneas. En el mismo estudio, al ser consultadas las personas si los libros no tuvieran IVA comprarían más libros, el 53,7% dijo que sí, la cifra más baja desde que la Fundación La Fuente realiza sus estudios y que además es muy cercana al 47,2% que según el estudio califica como lectores.

Por otra parte, en el reporte “Libros y lectura” difundido en mayo de 2011 por la Sección de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y la Artes (CNCA) en base a la información de la Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (realizada el 2009), al identificar las razones para no leer la falta de tiempo (33,4%), la falta de interés (26,3%) y la falta de costumbre (21,8%) concentran la mayor cantidad de respuestas. En cuarto lugar aparece la falta de dinero, con solo el 5,8% de las respuestas.

En el estudio más reciente sobre lectura en Chile, elaborado por el Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile por encargo del CNCA, el 81% de los encuestados dijeron no ser lectores (11%) o lectores ocasionales (70%). Las principales razones para no leer o no leer con frecuencia fueron: no tener tiempo (28%), preferir realizar otras actividades recreativas (20%), no tener gusto por la lectura (19%), y “me da flojera” (10%). En quinto lugar, y con apenas el 7% de las respuestas, aparece la opción “Me parecen caros los libros y revistas”.

Tres estudios distintos, independientes entre sí, con metodologías distintas, apuntan de manera sistemática a la falta de tiempo como la principal causa que impide a los chilenos y chilenas leer más. Y tras esa razón, la falta de interés, costumbre o gusto, o preferir realizar otras actividades que compiten por el tiempo que destinamos al ocio.

Cabe entonces preguntarse cuál sería el real impacto de una eliminación o reducción del IVA al libro en Chile, en especial si la medida se diseña para fomentar la lectura. 

Datos interesantes arrojará el estudio del impacto del IVA en la industria editorial local que licitó el CNCA y está realizando el Observatorio de Políticas Culturales, si bien haber circunscrito el estudio al libro editado en Chile acota en exceso el análisis, toda vez que el libro importado (que suele concentrar buena parte de los títulos más vendidos) es de un precio sensiblemente superior. Todos quienes hemos tenido la oportunidad de adquirir libros en el exterior (Argentina, España o México, por poner unos ejemplos), solemos llegar a una misma conclusión basada en la observación directa: aun restando el 19% del precio al libro importado, el precio de este es superior en Chile frente a cualquiera de los otros países por el mismo ejemplar.

De los estudios antes mencionados se puede concluir, además, algo que no es ninguna novedad: cuanto mayor el nivel socioeconómico y mayor capital cultural de las personas, mayor es el número de libros que leen y compran. Que esto solo venga a ratificar una obviedad, no debe sesgar nuestra respuesta ante la pregunta sobre quiénes serían los principales beneficiarios de una eventual reducción o eliminación del IVA. Todo indica que serían los actuales lectores, es decir, sería un beneficio tributario aprovechado -principalmente- de manera directa por las personas de mayores ingresos del país.

Un argumento que suele ser usado por quienes defienden un IVA diferenciado para los libros es que una reducción en su precio de venta, generaría un efecto virtuoso sobre el mercado de los lectores, ingresando a éste personas que antes por barreras económicas no podían hacerlo. Sin duda, ello podría ocurrir, pero las cifras antes mencionadas sugieren sería un número relativamente marginal respecto de quienes hoy ya compran libros.

En el país se instaló con fuerza el 2011 el debate sobre la necesidad de llevar adelante una reforma tributaria que permita al Estado financiar los desafíos en educación, salud, previsión y otros ámbitos que el país requiere enfrentar. Como planteó Claudio Agostini, el ejercicio pasa no solo por aumentar los ingresos a través del alza de las tasas impositivas, sino por revisar un conjunto de exenciones, franquicias y mecanismos vigentes y legales que hacen que el Estado recaude menos de lo que le correspondería a las actuales tasas. Un IVA diferenciado para el libro, pareciera ir en sentido contrario a lo que el país demanda.

 

Si Chile requiere aumentar sus niveles de lectura, más que centrarnos en una discusión por momentos talibana sobre el IVA, convendría debatir sobre la políticas públicas que debiera impulsar el Estado para hacerse cargo del poco tiempo que tenemos para leer o –cuando tenemos tiempo- el escaso interés que nos genera leer. Políticas que podrían, por cierto, ser financiadas con el IVA recaudado por la venta de libros en el país. No manejo información respecto de cuánto recauda el Estado por este concepto, pero mi hipótesis es que es superior a lo que invierte en las bibliotecas públicas, escolares y el Fondo del Libro para desarrollar la lectura en Chile. 

Finalmente, de eso se trata: de saber distinguir que una cosa es fomentar la industria del libro en el país y otra es fomentar la lectura.

Y el 2010 se hizo la luz

O así puede desprenderse del documento "Gobierno Electrónico y Abierto: Diagnóstico y Propuestas", de los investigadores de Libertad y Desarrollo, Álvaro Bellolio y Jomaris Rossell, en cuya página 43 se plantea lo siguiente:

Curioso, cuando menos, toda vez que la oferta de alfabetización digital de las bibliotecas públicas chilenas a través del programa BiblioRedes comenzó el 2002, habiendo capacitado a más de 550 mil personas a la fecha, y su plataforma de e-learning está operativa y ofreciendo cursos en forma permanente desde el año 2009.

Felicito a Libertad y Desarrollo por sumarse al debate público sobre el desarrollo digital de Chile, algo que los think tanks chilenos dedicados a políticas públicas no han hecho y podrían imitar. Solo pediría mayor rigurosidad en la construcción de los diagnósticos. Quizás de esa manera concluyan que las soluciones ya están implementadas.

Actualización. A los pocos minutos de publicar esta entrada, Álvaro Bellolio respondió por Twitter a un comentario que le hice. Comparto la imagen del intercambio. Gracias Álvaro por la corrección.

Vint Cerf, Internet y derechos civiles: una conversación sobre democracia

Vint Cerf, considerado uno de los padres de Internet por ser uno de los inventores del conjunto de protocolos TCP-IP, base de la comunicación por Internet, estuvo en Chile. Si entendemos el surgimiento de Internet como un proceso colectivo de invención, bien podríamos decir que Cerf es uno de los “Gutenberg” de la red. 

Ayer participó en una charla en la Universidad de Chile, oportunidad en la cual abordó algunos temas centrales para el desarrollo de una mirada nacional sobre políticas públicas en el ámbito digital. Entre ellos, el ejercicio y respeto de nuestros derechos civiles en Internet.

 

Este tema, que suele estar ausente o poco relevado de los debates locales sobre Internet y la necesidad de impulsar su penetración en el país, es fundamental para decidir qué tipo de sociedad y democracia queremos construir. Cerf planteó que así como existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya aprobación se remonta a 1948, un mundo en el que no existía Internet, es necesario pensar que correlato tienen en las redes esos principios. 

 

La respuesta sencilla es que, independiente de la calidad y naturaleza de los espacios (presenciales o virtuales), esos derechos deben ser respetados y su vigencia no cambia. Sin embargo, poner en tensión esta primera aproximación, implica reconocer que en los ambientes digitales, hay ciertos escenarios que en el mundo presencial no ocurren y que, por lo tanto, se requiere una revisión de las definiciones de los derechos humanos para ver cuán necesaria es su actualización y adaptación a los nuevos contextos, así como reconocer lo que algunas organizaciones a nivel mundial han denominado los derechos humanos emergentes.

 

Toda simplificación implica caricaturizar la realidad, perdiendo la riqueza de los matices. Pero en este caso bien podríamos afirmar que nos estamos moviendo de un mundo de limitaciones, de fronteras físicas, donde los estados están llamados a respetar y hacer respetar los derechos civiles de todas las personas, hacia un mundo que no reconoce territorios, en el que por debajo de los tratados de libre comercio y de integración que los antiguos estados firman para asumir el desafío, fluyen otras lógicas de más difícil aprehensión: la de las personas para entrar en contacto, organizarse, colaborar y cooperar más allá de lo que sus respectivas autoridades sugieren, facilitan o intentan impedir. Es el mundo hiperconectado, del cual aún la mayoría de la población mundial está ausente, pero que ya comunica a varios miles de millones de personas.

 

Elemento clave de esta interconexión son las plataformas que la facilitan. Facebook, Twitter, You Tube, los servicios gratuitos de correo web, chat o telefonía sobre Internet, son algunos ejemplos. Sobre ellos y a partir de ellos, ejercemos –entre otras cosas- nuestros derechos y deberes ciudadanos. Suelen referirse a la Web como la nueva plaza pública. No estoy seguro cuán clara sea esa metáfora, porque todas las plataformas que mencioné son, en última instancia, espacios que tienen propietarios y cuya misión fundamental (más allá de los slogans que puedan acuñar y saber vender) no busca defender nuestros derechos. Buscan hacer sustentables sus modelos de negocio. Si ocurre la feliz coincidencia que apoyen nuestras libertades es porque en algún momento éstas entraron a formar parte del polinomio que hace rentable su lógica de servicio.

 

La propuesta de Cerf, la de analizar y construir una declaración universal de los derechos humanos en entornos digitales no es, entonces, una tarea menor y sin relevancia. Es una obligación democrática que todo Estado que se diga respetar las libertades ciudadanas debe enfrentar. Y no es algo que podamos dejar para nuestros hijos y nietos. Hoy sus derechos y deberes ya se juegan, en parte, en estos nuevos escenarios en los que las buenas voluntades expresadas en la declaración de 1948 pueden estar quedándose cortas.

 

¿Cómo estamos en Chile? En los últimos años hemos empezado a abordar el desafío. La nueva ley de Propiedad Intelectual y la ley de Neutralidad en la Red (la primera de su tipo en el mundo) así lo demuestran, pero no son suficientes. Más cuando algunos derechos básicos aún siguen, en el mundo analógico, frágilmente sustentados en legislaciones que no frenan prácticas que los ponen en peligro permanente para grupos específicos de la población o, incluso, amplios sectores de ésta.

 

La conversación sobre Internet en Chile (y en cualquier parte del mundo) no es un tema de tecnología. Es una conversación de democracia. O así al menos lo sugirió uno de sus padres.

* Entrada publicada originalmente en elquintopoder.cl

** Foto: Internet Society / Licencia CC:BY-NC-SA

Clics y urnas

Finalmente, vivimos en América Latina y el ciberactivismo requiere de conexión (y vamos por el 30%); exige saber escritural y linkear para poder hacer sentido en la red (y somos orales más que escriturales); pide creer en la democracia y la norma colectiva (y somos una cultura donde el yo-familia se impone sobre el colectivo-sociedad); es para una cultura política otra (y nos regimos por intereses y saberes religiosos, familiares y clientelares). Por ahora, seguirán ganando las elecciones los que invoquen a Dios, amen la familia, tengan base clientelar, crean en la patria y ganen el gesto televisivo. El límite más importante al ciberactivismo está en que nuestra cultura política no está hecha de los valores de internet; estamos en otra creencia.

A comienzos del siglo xx, político era quien escribía y publicaba en la prensa (y todavía lo sigue siendo hoy); hacia la mitad del siglo xx, político era quien tenía oratoria sublime y retórica emocional (y todavía lo sigue siendo hoy); hacia los 80 del siglo pasado, político era quien jugaba a la apariencia y ganaba en la seducción televisiva (y todavía lo sigue siendo hoy); a comienzos del siglo xxi, político es quien sea entretenedor y siga las ideas de las encuestas (y es nuestro momento); hacia los años 20 del siglo xxi, político será quien domine las redes sociales pero interviniendo en la prensa (porque allí seguirá estando la opinión ilustrada), usando la radio (porque allí seguirá estando lo popular), haciendo el gesto televisivo (porque la masa seguirá pasando por ahí), alegrando a tiempo completo (porque la sociedad quiere ser entretenida).

Un par de citas de la certera reflexión de Omar Rincón sobre porqué Antanas Mockus ganó en Internet pero perdió en las urnas en las últimas elecciones presidenciales en Colombia, un efectivo antídoto ante tanto evangelizador de la política 2.0 que empieza a abundar. Varias cadaunadas he dedicado al tema y conforme más conozco las lógicas de los medios sociales, más desconfío que por sí solos sean capaces de provocar cambios de fondo en la distribución del poder. 

¡A otro perro con ese clic! 

Gobierno electrónico y participación ciudadana

A fines de octubre, empezó a circular en las redes el “Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2011-2014”. Un documento fundamental, porque permite entender cuál es la apuesta del gobierno y ajustar las expectativas en este ámbito. Esto es algo que quienes estamos interesados en las políticas públicas de desarrollo digital de Chile estábamos esperando desde que se hiciera público que este componente fue traspasado de la Estrategia Digital del Ministerio de Economía al Programa de Modernización del Estado del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

Desde la década de los noventa, el Estado de Chile inició su camino en la integración masiva de tecnología para modernizar su gestión y, sobre todo, facilitar la relación con la ciudadanía. No es el objetivo de esta entrada hacer un recuento histórico, pero baste mencionar que desarrollos como el del Servicio de Impuestos Internos, el portal de compras públicas y el portal ChileClic, son solo la punta de un iceberg que permitió al país ponerse a la vanguardia regional y mundial en gobierno electrónico. Su definitiva instalación como política pública se tradujo hace años en la implementación de un PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión) de Gobierno Electrónico, destinado a que de manera gradual todas las reparticiones públicas se fueran sumando a una forma de hacer las cosas que obliga a repensar servicios, diseñar nuevos procesos y desarrollar capacidades humanas y materiales para optimizar la interacción entre las personas y el Estado a través de Internet.

El Plan que ahora presenta el gobierno (y que pueden revisar en detalle al final de esta entrada) viene a dar un nuevo impulso a partir de una propuesta que, en lo sustancial, está bien orientada sobre tres ejes: gobierno centrado en el ciudadano; gobierno abierto; y gobierno eficiente. En cada eje, el documento enuncia un conjunto de iniciativas que cubren las distintas dimensiones que “a estas alturas del partido” se espera de una política pública de gobierno electrónico. No por ello deben dejar de destacarse algunas decisiones estratégicas que permiten abrir líneas en las que el Estado de Chile había avanzado poco o no habían sido aún abordadas. En lo particular, destaco la integración del concepto de gobierno abierto y una apuesta transversal por explorar en un doble sentido la relación entre el plan y la participación ciudadana.

Respecto del gobierno abierto, junto con reconocer la capacidad creativa de las personas para aportar a la solución de problemas de interés público, se asume que en un país en el que ya más de la mitad de las personas tienen acceso a Internet, a través de esta conexión los ciudadanos demandan mayor transparencia de los órganos estatales y mayores de canales de participación. La mirada más tradicional del gobierno electrónico concibe al ciudadano como un sujeto pasivo, que se beneficia de la “modernización de la relación” a través de la simplificación y más expedito acceso a los servicios del Estado. El gobierno abierto es, por el contrario, reconocer que el ciudadano es un actor protagónico en la construcción de las soluciones y la búsqueda de respuestas. En este sentido, destaco dos proyectos ya en marcha, si bien en etapas aún muy iniciales: el Portal de Datos Públicos del Gobierno de Chile, que liberará información administrativa desarrollada por los servicios públicos para que pueda ser reprocesada e interpretada por organizaciones y personas directamente; y el sitio Ideas para la Modernización del Estado, espacio que aspira a constituirse en una especie de incubadora de proyectos orientados a modernizar el aparato público a partir de propuestas ciudadanas. Hay en estos espacios oportunidades concretas para que la ciudadanía desarrolle procesos de apropiación de la labor del Estado.

La otra dimensión del Plan que destaco es la incorporación de la participación ciudadana de forma transversal en un doble sentido. No solo en el eje de gobierno abierto, su espacio natural dentro de este diseño (reconociendo, entre otras cosas, la oportunidad que presenta la Ley 20.500 y cómo puede la tecnología apoyar su implementación), sino en cómo se abren los espacios para que las personas se involucren en el desarrollo del Plan. Un ejemplo es la liberación de la versión alpha del Portal de Servicios del Estado, destinado a reemplazar ChileClic, y que está abierto a recibir retroalimentación de la ciudadanía, incorporando a los usuarios del portal en el codiseño final del espacio. Al igual que en el caso de gobierno abierto, de una adecuada difusión de estas oportunidades depende que la invitación se convierta en una efectiva herramienta de mejoramiento del quehacer del Estado.

El "Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2011-2014" hay que leerlo, entonces, como una hoja de ruta que despeja muchas incógnitas y comparte una mirada. Que en esa mirada la idea de participación ciudadana sea tan central es un gran acierto. Sin embargo,  que esta manifiesta voluntad de abrir los espacios de creación y acceso al Estado se materialice, depende -a mi juicio- de dos factores que en el documento no son abordados.

En primer lugar, y dado el horizonte temporal que se plantea (2011-2014), llama la atención la ausencia de una cartera de proyectos definidos, con plazos de ejecución delimitados, responsables claros y volúmenes de inversión contemplados. Se mencionan, a lo largo del documento, proyectos en curso o ideas que se espera desarrollar, pero no está claro en qué punto se encuentra cada una de ellas, algo relevante, toda vez que buena parte de lo que se pretende hacer depende de las siempre complejas coordinaciones intersectoriales del Estado. Quedan poco más de dos años de gobierno y el plan es ambicioso. ¿Podrá realizarse todo lo que en él se plantea?

Y en segundo lugar, este Plan no explicita cómo el gobierno electrónico se relaciona con los otros componentes de la antes denominada Estrategia Digital. A modo de ejemplo, por mi experiencia de casi una década en el programa BiblioRedes, soy de los que cree que en países como Chile, que aún tiene niveles de exclusión digital relevantes que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, la promesa implícita en el gobierno electrónico (un Estado que logra mediante la tecnología construir mayor equidad a través del acceso a sus servicios y beneficios) puede ser inalcanzable para muchos. En especial para aquellos que aún carecen de las competencias digitales e informacionales para hacer un uso estratégico del gobierno electrónico para mejorar su calidad de vida; o para aquellos que su “acceso” a Internet aún se traduce en un turno en un computador en espacios como las bibliotecas públicas, los telecentros o los cibercafés. 

Toda política pública debe explicitar cómo y cuándo la población beneficiada podrá acceder a ella, participar y recibir sus beneficios. En el caso del gobierno electrónico, los beneficiarios somos todos, por lo que en su diseño debe tener resuelto el acceso universal de la población, evitando perpetuar o fomentar nuevas lógicas de exclusión. Hasta el momento, en base a la información pública, no está claro si los dos factores que planteé están debidamente contemplados en el despliegue del Plan. 

* Entrada publicada originalmente en elquintopoder.cl

Plan estratégico de gobierno electrónico 2011 2014 Gobierno de Chile

View more documents from Enzo Abbagliati