Entrevista en CNN Chile

Comparto la entrevista que en la noche del miércoles Christian Pino me hiciera en CNN Chile. elquintopoder.cl, medios sociales, participación ciudadana y democracia fueron los temas, entre otros, sobre los que conversamos.

Internet en Chile: marginaciones en un país que envejece

Internet está generando sus propias exclusiones. Bajo el slogan del potencial democratizador que la Red tiene para aquellas sociedades que avanzan en la masificación del acceso a ella, se esconden diversas formas de segregación. Estos procesos de exclusión son paradójicos, porque se dan en contextos en los cuales aumentan los porcentajes de penetración de Internet y la adopción de usos cotidianos de tecnología se extiende incluso hacia los grupos más desfavorecidos.

En The Deepening Divide, Jan van Dijk analizó estos procesos en países con altas tasas de penetración. Así, comparando las cifras de Holanda y Estados Unidos hacia mediados de la década pasada, países que en aquellos momentos tenían ya a la inmensa mayoría de sus habitantes conectados a Internet, llegó a la conclusión que aquellos grupos que más tempranamente adoptaban las innovaciones tecnológicas, obtenían mayor provecho de éstas y aumentaban su distancia en diversos indicadores de calidad de vida respecto de aquellos grupos que las adoptaban más tardíamente. Es decir, aumentaban las tasas de usuarios, pero también aumentaban las brechas entre quienes estaban conectados.

En Chile, el número de usuarios de Internet crece. Si bien seguimos estando entre los países con mayor penetración en América Latina, comienzan a aparecer algunas señales que indican que estaríamos llegando a cierta meseta, mientras otros países de la región están creciendo a tasas más altas (aunque aún con menores niveles de penetración).

¿Cuáles son las razones principales que hoy impiden a una persona no ser usuaria de Internet en Chile? Frente a quienes apuntan que es el acceso de infraestructura (computadores y conectividad), la versión 2011 del estudio WIP-Chile, elaborado por la Universidad Católica y centrado en una muestra de habitantes del Gran Santiago, mostró que la principal razón esgrimida por los no-usuarios es no saber usar Internet y confundirse con la tecnología (35%), seguida por la falta de interés y no encontrarle utilidad (22%). Al revisar la tendencia, se comprueba que entre 2006 y 2010, la falta de conocimiento o la dificultad para usar la tecnología casi se ha doblado, pasando del 20 al 35% (mientras en las otras respuestas, salvo la falta de tiempo, los porcentajes han caído o se han mantenido estables).

El mismo estudio estableció además que en el grupo entre 35 y 44 años se cruzan las dos líneas: por debajo de esa edad, son más los usuarios que los no usuarios, y por encima abundan más los no usuarios. El 71% de las personas entre 45 y 54 años se declararon no usuarios de Internet, mientras en el grupo entre 55 y 64 la cifra llegó a un 81%.

Estas cifras podríamos entenderlas como normales, expresión lógica del desencuentro generacional entre aquellos que nacieron o alcanzaron a educarse en un mundo de computadores personales e Internet, y aquellos que no. Si fuéramos un país con una pirámide poblacional de base muy amplia, podríamos incluso afirmar que es cosa de tiempo hasta que desaparezcan estas brechas. Sin embargo, Chile es un país de envejecimiento avanzado y de mantenerse las tendencias actuales, en el año 2025 por cada 100 adultos mayores existirán 100 menores de 15 años. En otras palabras, es posible proyectar que muchas de las personas que hoy no son usuarias de Internet en Chile sigan viviendo por un largo tiempo y, salvo que se realizan acciones en ese sentido, seguirán encontrando las mismas barreras de acceso que hoy tienen para dar el salto.

El acceso a tecnología (a Internet, en particular) está reconfigurando nuestras sociedades. La vieja lógica del control de los medios de producción como fuente de la riqueza y de ubicación en la escala social se mantiene. Pero en la actualidad estamos ante una transición respecto de cuáles son los medios de producción que generan poder. Si en la sociedad industrial eran los medios de producción de bienes, hoy cada vez más son los medios tecnológicos de producción de información los que generan riqueza. Quienes tienen acceso, se apropian de ellos y les dan usos estratégicos, logran mejorar su participación en la sociedad (según el modelo de van Dijk).

Ante este escenario, cabe preguntar en qué se encuentran los programas de alfabetización digital en el país. Durante la década pasada, un amplio abanico de iniciativas públicas y privadas pusieron su foco en el desarrollo sostenido de programas de competencias digitales básicas en aquellos grupos etarios o socioeconómicos que no eran cubiertos por el sistema educacional. Más de un millón de personas pasaron por estos programas, implementados principalmente a través de las escuelas abiertas a la comunidad, las bibliotecas públicas y las redes de telecentros comunitarios. Pero a partir de cierto momento, de la mano de la despriorización de las políticas públicas ligadas al desarrollo digital, la alfabetización digital cayó en el olvido. Implícitamente se asumió que las brechas se cerrarían solas o por la inercia de las iniciativas que lograron sostenerse en el tiempo.

Las cifras antes mencionadas debieran, a lo menos, hacer revisar estas presunciones. Si nuestra sociedad envejece y la calidad de vida de los adultos mayores va adquiriendo, como debiera ocurrir, cada vez más importancia en las políticas públicas, una dimensión sustancial de esas nuevas prioridades pasa por cómo hacemos que ese grupo etario desarrolle procesos de apropiación de la tecnología y usos estratégicos de ésta.

Sin duda, ello implica pensar una estrategia más compleja, que parta de la alfabetización digital, pero incorpore otras alfabetizaciones (informacionales, mediales, etc). No se trata de fomentar el cliché de “los abuelitos que pueden mandarle un correo a sus nietos” (aunque esa motivación no es menor en muchas personas). Se trata de adultos mayores ejerciendo su ciudadanía en plenitud, participando activamente en la construcción de la opinión pública a través de los medios sociales; que logren maximizar su relación con el Estado en línea, ejerciendo sus derechos y deberes a través de plataformas en línea; que puedan encontrar en Internet una fuente de trabajo, de desarrollo personal y de formación de comunidades con personas con intereses y necesidades similares.

Internet, los medios sociales, parecen un reducto de los jóvenes y de unos pocos inmigrantes digitales. Pero en Chile, un país que envejece, romper esa imagen debiera ser un objetivo de política pública. De no ocurrir, hoy estamos dando forma a los grandes grupos de marginados de las próximas décadas.

El plebiscito que no fue

Creo en el plebiscito como mecanismo a través del cual las sociedades democráticas pueden someter al parecer de la ciudadanía soberana ciertas decisiones vinculadas a las grandes reglas del pacto social. Creo, también, en el potencial que el actual desarrollo de las tecnologías tiene para fortalecer y facilitar la participación ciudadana. Estas fueron las dos razones fundamentales que me llevaron a expresar mi opinión en línea a través del sitio www.votociudadano.cl en el marco del Plebiscito Nacional por la Educación del 6 y 7 de octubre.

Este Plebiscito es un acto simbólico y carece de cualquier carácter vinculante. Busca, como se indica en el blog de la iniciativa, “alcanzar una alta cifra de votantes a lo largo del país para demostrar al gobierno y  a los parlamentarios el apoyo que las demandas del movimiento por la educación generan y el interés de la gente por ser consultada”. Que un sector de la ciudadanía se haya autoconvocado es reflejo de lo horadada que está la legitimidad de nuestro sistema político formal. Por eso, ver a miles de chilenos ejerciendo un acto de plena ciudadanía, en el contexto de los ya cinco largos meses de movilizaciones sociales por la educación, es razón para alegrarse, pero al escribir estas líneas me mueve una cierta decepción. Articular esta iniciativa no debe haber sido sencillo y las organizaciones que están detrás de ella deben por ello recibir reconocimiento. Pero desde el derecho que me da el haberme sentido convocado y haber votado, comparto una reflexión sobre la pobre estrategia digital puesta en práctica. 

A lo largo del día he recibido comentarios que en algunas mesas no se habría solicitado el carnet para votar (pese a que está indicado en el Reglamento de Votaciones), confiando en que la persona al firmar en el registro no entregaría datos falsos ni estaría vulnerando lo indicado en el punto III.c. Por otro lado, entiendo que en ninguna mesa de las habilitadas a lo largo del país, se habría contrastado el RUN de la persona contra una base de datos en línea que se fuera alimentando en tiempo real con los RUN de aquellos que hubieran votado conforme fuera avanzando esta primera jornada. Nuevamente, se confió a las personas no vulnerar el compromiso solemne de no votar más de una vez (siguiendo lo indicado en el punto III.d del Reglamento).

Revisando los procedimientos de conteo de votos, no encontré ninguna instancia en que se cruzaran los registros de las distintas mesas, por lo que no hay forma de confirmar si una persona votó presencialmente más de una vez. Aunque hubiera existido, al realizarse en forma posterior al sufragio, no es posible anular ese voto en particular ya que la papeleta estaría mezclada con las del resto de los sufragios de esa mesa. Si se deseara eliminar ese duplicado, habría que eliminar completamente los sufragios de una de las dos mesas.

Así, el mecanismo presencial carece de validez para representar la opinión de la ciudadanía. No tiene tampoco valor como encuesta, ya que no se sometió al rigor metodológico que estas tienen y el sesgo de la muestra es más que evidente (no creo que quienes rechazan las demandas estudiantiles se hayan sentido invitados a votar). Y si el objetivo declarado era reunir a miles de personas como expresión del vigor del movimiento, la cantidad podrá ser puesta en entredicho fácilmente por no existir mecanismos de cotejo de registros de votantes entre las distintas mesas. ¿Qué valor comunicacional tendrá una cifra construida de esa manera?

Por otro lado, respecto del sufragio vía Internet, posible desde el 6 de octubre, durante buena parte del día de ayer y de hoy, el sitio ha estado inaccesible. En www.votociudadano.cl (aclaro que desde elquintopoder.cl hemos difundido el llamado a votar en esa plataforma) ha informado que están analizando las razones de la falla, siendo por el momento las dos explicaciones más plausibles un colapso por un número de votantes mayor del esperado, o algún ataque informático (denegación de servicio, por ejemplo). Sea cual sea la causa, ambos escenarios eran probables dada la masiva adhesión ciudadana al movimiento por la educación y, por otro lado, las furibundas reacciones en contra que en las redes ha desatado.

En el caso de la plataforma en línea, efectivamente es imposible votar dos veces (yo lo intenté), pero el problema de fondo es otro. Hace unos meses, la ciudadanía reaccionó indignada cuando se supo del monitoreo de las redes sociales por parte del Gobierno. Entre los argumentos que se utilizaron en aquel momento, uno de los principales fue que la legislación chilena impide la construcción de bases de datos de opiniones políticas, en las que se pueda ligar una opinión a una persona determinada. Sin embargo, eso está ocurriendo ahora, sin que nadie se pregunte por el uso que las organizaciones convocantes harán de esa información. ¿Qué tipo de análisis harán con las opciones que saben que yo marqué en cada una de las cuatro preguntas?

Hace unos días atrás escribí sobre la ausencia de estrategia digital en el Estado. La sociedad civil organizada refleja en este caso (por lo menos los grupos que convocaron el Plebiscito) que tampoco tiene una noción clara de cómo usar y aprovechar para sus propios fines las herramientas digitales. Y no es un problema de tecnología ni de costos. Las primeras están, los segundos son mucho menores de lo que se presumen y estoy seguro hubieran podido financiarse. Lo extraño es que el movimiento estudiantil -al igual que otras causas ciudadanas- ha sabido usar estratégicamente Internet y las redes sociales para sus fines, y en sus filas abundan futuros ingenieros que podrían haber resuelto de manera rápida el desafío operativo.

¿Cuál es el simbolismo que se espera lograr? ¿Serán más los votantes que las personas convocadas a las marchas más masivas, que llegaron a reunir en un solo día 500 mil personas en todo el país? ¿Será la aprobación de las posturas del movimiento superior a esas encuestas que le entregan 80% de respaldo ciudadano? Y si es así, ¿que validez tendrá ese porcentaje?

Si me invitan a un partido de fútbol, espero encontrarme con algunas cosas: once jugadores por lado, una pelota, dos arcos, un árbitro, una duración del partido conocida y una cancha con ciertas demarcaciones. Podrán faltar los jueces de línea, la cancha podrá ser de pasto o de tierra, el ancho y el largo de ésta podrá variar e incluso los arcos podrán no tener malla. Pero seguirá siendo un partido de fútbol. Pero si al llegar me encuentro que vamos a jugar en la playa y que seremos seis contra seis hasta que nos cansemos, eso no será un partido de fútbol. Podré divertirme mucho, pero sería más apropiado hablar de una pichanga. Mi impresión es que el simbolismo debía, en este caso, haber ido de la mano de la rigurosidad. Y eso no se logró, porque cualquier balance final estará sujeto a una afirmación indesmentible: el Plebiscito no fue un plebiscito porque no cumplió con reglas básicas, en especial dos, garantizar "una persona un voto" y el secreto total del sufragio. Los grupos organizadores tenían a la mano la solución técnica que hubiera entregado esa seguridad, pero no optaron por ella, revelando que la incomprensión del mundo hacia el cual nos movemos atraviesa transversalmente ciertos grupos de nuestra sociedad.

En 1988, en plena dictadura y con tecnologías mucho más rudimentarias que las actuales, un grupo de personas se organizó para llevar un recuento paralelo de las votaciones del Plebiscito. En el corazón del centro de cómputos del comando del No, se alcanzaron cifras muy cercanas a las que finalmente fueron las oficiales. Permitieron anticipar la derrota de Pinochet y constatar que el régimen estaba escondiendo las cifras. Fue también un ejercicio de ciudadanía auto organizada, que supo hacer del uso de las herramientas de la época una ventaja para alcanzar su objetivo, como bien narra Eduardo Díaz.

Como votante en el Plebiscito Nacional por la Educación, me hubiera gustado ser parte de una hazaña similar estos días. No ocurrió y quizá (espero equivocarme) se haya “rayado la pintura” a la posibilidad de que algún día contemos en Chile con el plebiscito como herramienta en una democracia más plena.

¿Quién está entrando al callejón sin salida?

Cuando el Estado, que tiene el monopolio legal de la violencia, fuerza a los movimientos sociales a entrar a callejones sin salida, uno se pregunta quien es realmente el que se encuentra atrapado en su propia lógica.

Comparto una cita del claro editorial publicado hoy por El Mostrador:

Solo así se explica que hoy exista una mesa de diálogo a la que todos llegan con las pistolas cargadas. El gobierno enviando leyes penales al Congreso, los estudiantes movilizados horas antes de conversar,  en marchas públicas.

Sin embargo, la lección es que si esta misma generación vuelve a ser derrotada y se va frustrada para su casa, será una victoria pírrica, tanto para el gobierno como para el Estado de Chile. Esa generación no tendrá ningún motivo de adhesión por las instituciones del Estado y dentro de 5 o 10 años se va a aplicar a demoler todo vestigio de lo que le moleste o no esté de acuerdo, sin consultar con nadie, por fuera de la política y sin mayor contemplación por los procedimientos legales. La victoria de hoy del gobierno puede ser la derrota estratégica del Estado mañana si prevalece el mensaje que, aparentemente de manera inconciente impulsa el gobierno: junten rabia.

En Chile ha habido un esfuerzo grande en el pasado, de todos los sectores, por dotar al sistema político de mecanismos de diálogo, que desactiven los automatismos de violencia que antaño lo llevaron a verdaderas tragedias sociales. Que llevaron no solo al Golpe de Estado de 1973, y  sus enormes secuelas de violencia inducida por agentes estatales, sino también a la primacía de las concepciones de que solo la lucha y la calle da lo que las leyes niegan en vastos ambientes juveniles. Porque el desafecto democrático nunca es unilateral sino también el resultado de una mala educación cívica práctica.

Ana Tijoux, en este tema en apoyo al movimiento estudiantil, pone la banda sonora que estamos escuchando en este callejón.

Chile: un país sin Estrategia Digital

* Esta entrada fue publicada originalmente en elquintopoder.cl

Como todos los años, la presentación del proyecto de ley de Presupuesto por parte del gobierno ha empezado a generar análisis y contraanálisis desde distintos sectores. Todos con el adjetivo a flor de labios, ora para destacar sus bondades, sugiriendo que Chile será otro país tras el fin de su ejecución en diciembre de 2012, ora para relevar las inconsistencias entre las promesas presidenciales y los recursos que para cumplirlas se disponen. 

Ni tanto ni tan calvo. Los presupuestos del Estado se deben analizar en el marco de tendencias. Un año no cambiará nada. Las políticas públicas, aquellas que generan transformaciones de largo plazo, son ejercicios plurianuales y que dejan instaladas, tras el esfuerzo inicial, líneas de financiamiento sostenidas y sostenibles en el tiempo. El presupuesto fiscal es la expresión financiera de las voluntades políticas de un gobierno. Quienes trabajan en el Estado lo saben: aparecer, aunque sea en una línea del proyecto de ley, es garantía de respaldo y proyección. No aparecer es casi sinónimo no existir en un mundo dominado por un lenguaje de glosas, partidas, títulos y subtítulos.

La propuesta presentada por el gobierno al Congreso trajo, para quienes creemos en la necesidad de fortalecer la dimensión digital del desarrollo nacional, una muy mala noticia: el país se quedó sin Estrategia Digital. Sí, el Programa 070106 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (“Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”) y que entregaba recursos a la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital, fue eliminado. 

En el medio hace meses se sabía de la dificultades que estaba enfrentando la Estrategia Digital al interior del Gobierno, que entre otras cosas provocaron la renuncia de Alfredo Barriga, el primer y quizá último Secretario Ejecutivo de la Estrategia durante este gobierno, quien no contó con las herramientas para revertir lo que él mismo denominó,  al hacer un balance público (sin ninguna autocrítica, por cierto) a su gestión, “la cruda realidad del Agenda Digital en Chile”.  Meses antes, el gobierno decidió potenciar la línea de gobierno electrónico, trasladando equipos y fondos al programa de Modernización del Estado en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aunque tal como grafica el presupuesto solicitado para el 2012 ello no implica invertir más recursos. Lo que en aquel momento fue un rumor, ahora se confirma: tras dejar a la deriva los otros componentes del programa, el 31 de diciembre serán cerrados o transferidos a otras reparticiones. Nada de esto está claro, porque no ha habido comunicación pública, salvo lo ocurrido con gobierno electrónico.

El cierre del programa de la Estrategia Digital marca un hito. El Estado de Chile inició durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle un proceso masivo de incorporación de tecnologías, con especial atención en la puesta en línea de trámites públicos para facilitar la interacción con el ciudadano. Durante el gobierno de Lagos, este esfuerzo centrado en la gestión propia del Estado, dio paso a una ambiciosa Agenda Digital. Esta cubría diversos ámbitos, entre otros, la masificación del acceso de las personas a computadores e Internet y su desarrollo de competencias digitales, incentivos para el fortalecimiento de la industria de tecnologías de información y comunicación en el país, y la profundización del e-government. Se nombró, además, al primer CIO (Chief Information Officer) que tuvo el Estado, el entonces subsecretario de Economía, Alvaro Díaz, pero quedó pendiente el desafío de institucionalizar la labor, sostenida en buena medida por la firme voluntad presidencial en este ámbito. Precisamente, es durante el gobierno de Michelle Bachelet que se avanza en esa dirección, a través de la consolidación  del programa de la Estrategia Digital, que lanzó el plan 2007-2012. 

Fruto de este largo ciclo que cubre tres gobiernos son, entre otras iniciativas destacadas a nivel mundial, la declaración y pago de impuestos en línea que lideró el SII; el portal Mercado Público (originalmente, Chilecompras); el portal Chile Clic; los programa Enlaces (iniciado durante el gobierno de Aylwin) y BiblioRedes; los subsidios que la Subtel entregó a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que permitieron llegar con conectividad a las zonas más remotas del país; y la instalación gradual de un PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión) de Gobierno Electrónico, cuyo objetivo final es que todos los trámites y procesos internos del Estado que puedan estar en línea, lo estén.

No obstante, como en su momento destacara Alejandro Barros, uno de los cuatro secretarios ejecutivos de la Estrategia Digital durante el gobierno de Bachelet, “los temas TIC no son tema” y en el país el Estado sigue siendo el principal poder comprador de tecnología. El menor peso político hacia fines de la década pasada, terminó por restar prioridad al desarrollo digital en las políticas públicas.

En este contexto, las promesas de campaña de Sebastián Piñera, enunciadas en la cena anual de la ACTI (la asociación gremial del sector) el 2009, llamaron la atención y dieron pie para pensar que en este gobierno el desarrollo digital sería una prioridad presidencial.Incluso, convencido el candidato de dar un salto sustancial, apostó por crear una nueva institucionalidad, convirtiendo el Ministerio de Economía en un Ministerio de Innovación, Emprendimiento y Desarrollo. Cuando aún no se cumplen dos años de la gestión, no solo eso no ha ocurrido, sino que se decide poner fin a la institucionalidad heredada sin crear una alternativa, en momentos que nuestra ubicación en los rankings internacionales en la materia empieza a caer y la necesidad de un mayor impulso es evidente. Repasar las otras promesas es un ejercicio amargo, al constatar que muchas de ellas no avanzaron más allá de la diapositiva del PowerPoint  (partiendo por la gran apuesta, el subsidio a la demanda de computadores y conexiones domiciliarias en Internet, que aseguraría que cada familia de Chile tendría acceso permanente y de calidad en sus propias casas al término de su gobierno).

Hace un tiempo, con un grupo de amigos escribimos una carta en la que afirmamos que “el futuro de Chile será digital o no será”. Hoy, cuando las diversas desigualdades que nos desafían a repensarnos como país dominan la agenda, parece un despropósito no hacer de la transición hacia la sociedad de la información una oportunidad de construir un país más equitativo. Se podrá argumentar que desde distintos frentes (salud, educación, gobierno electrónico, apoyo al emprendimiento, etc.) el gobierno seguirá impulsando el desarrollo digital, pero el desmantelamiento de la institucionalidad vigente impedirá la adecuada constitución de una visión país  en el ámbito, algo que la propia industria está criticando. Un error que podemos pagar caro porque es, literalmente, dejar a Chile sin Estrategia Digital en tiempos de bits.

Hey Chile! We don't need no education

Una de las características de las movilizaciones estudiantiles de este 2011 que más han llamado la atención ha sido su creatividad. Sostener más de cinco meses de marchas, tomas y tensas negociaciones con las autoridades, y pese a ello seguir teniendo elevados índices de respaldo ciudadano –tal como demuestran una tras otra diversas encuestas- no solo tiene que ver con la claridad con la cual los estudiantes han logrado instalar en la discusión pública el corazón de sus demandas. También está relacionado con cómo en ese ejercicio comunicacional han logrado adaptar y usar íconos y mensajes de muy diversa matriz cultural pero alto reconocimiento público. Muchas de estas expresiones posteriormente han sido difundidas en forma masiva en los medios sociales, contribuyendo, por un lado, a un loop permanente de alimentación de la identidad del movimiento y, por otro lado, a dar cuerpo a la memoria digital de este episodio histórico que aún está en construcción.

Hoy, en la 36ª marcha por las calles del centro de Santiago, una marcha que terminó abruptamente, fue el turno de los estudiantes de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, quienes exhibieron una recreación de los martillos que se hicieran famosos a raíz de unas animaciones que aparecen en la película basada en el disco The Wall de la banda británica Pink Floyd. Un disco considerado entre las más importantes de la historia del rock y que -entre otros mensajes- hace una crítica a la educación como proceso homogeneizante. Un ícono de la música mundial al servicio de la causa estudiantil chilena.

En elquintopoder.cl, tal como ha ocurrido en otras oportunidades, decidimos asistir a la marcha, para poder transmitir desde dentro de la manifestación lo que se estaba viviendo. Cristián Rodríguez, iPhone en mano, hizo un streaming y capturó algunas fotografías. Una de ellas, la de los martillos, que encabeza esta entrada, fue publicada por Marcela Infante, nuestra community manager, en nuestro Tumblr y de alguna manera que no hemos logrado aún detectar, ese post fue visto por quien administra la cuenta @rogerwaters en Twitter. Aún no sabemos (aunque estamos en ello) si esa cuenta es oficial y si la maneja el vocalista, bajista y uno de los líderes históricos de Pink Floyd (en su sitio web solo se referencia la página del músico en Facebook). Pero quizá dé lo mismo, porque a estas alturas el mensaje que desde esa cuenta se compartió con los estudiantes chilenos ha sido reenviado cientos de veces, sino miles, en las redes, como si fuera el propio Roger Waters quien dijera: “Hey Chile! We don’t need no education”.

Los estudiantes de Artes Visuales de la U. de Chile hicieron el trabajo duro; elquintopoder.cl puso las redes; y @rogerwaters el rock ;-)

Les dejo el video de la canción en la que se escucha la frase original que hoy @rogerwaters “reinterpretó”, pero en el que apenas hay una sombra de un martillo.

Twitter no nos representa

Los medios sociales son ya un espacio más en el cual se construye la opinión pública. Es aún difícil precisar el peso que tienen en este proceso y si representan un solo gran segmento de la esfera pública o si, por el contrario, representan la manera en que diversas y separadas esferas públicas tienden a conectarse y –desde esa conexión- facilitar que quienes en ellos participen activamente contribuyan al moldeamiento de la opinión pública.

Por sobre las interrogantes, asumiendo que la influencia de los medios sociales sobre la agenda pública va en aumento, urge reflexionar sobre su representatividad, en tanto uno de los lugares comunes que existe sobre ellos (e Internet en general) es su potencial para democratizar los debates sobre temas de interés público. 

Los medios sociales –solemos afirmar- permiten que más personas participen en los debates, que un análisis más plural de los temas aflore y que nuevos temas sean visibilizados. Normalmente, este hilo de argumentación no toma en consideración o no lo hace en profundidad, el hecho que las plataformas sobre las cuales ocurren estas discusiones de interés público, son privadas, y que por lo tanto es necesario que las sociedades se doten a sí mismas de normas y regulaciones que garanticen que los fines públicos que a través de ellas se busque alcanzar, no sean intervenidos de manera opaca por intereses privados (los de las compañías dueñas de las plataformas o las de terceros actores interesados en influir que la opinión se oriente en determinada dirección).

En el caso de Twitter, los Temas del Momento (Trending Topic) son la manera en que preferentemente se visualizan las discusiones entre sus usuarios que influyen en la opinión pública. Que Twitter Inc. haya decidido desde hace un tiempo avanzar hacia la segmentación de los Temas del Momento, personalizándolos por países y ciudades, grafica una estrategia corporativa destinada a relevar una de sus más importantes funcionalidades como servicio, precisamente la que tiene mayor influencia en el comportamiento de la mayor parte de sus usuarios.

Cada vez es más frecuente leer o ver notas en los medios de comunicación de masas cuyo punto de partida es una etiqueta que logró escalar entre las más usadas en Twitter, asumiendo la prensa en forma explícita que si llegó a ese punto fue porque era representativa de lo que estaba ocurriendo en el mundo o en el país y que por lo tanto era necesario relevarla aún más a través de una decisión editorial.

Al mismo tiempo, como ocurrió en el caso de Wikileaks, también son cada día más normales las acusaciones sobre intervenciones artificiales de los Temas del Momento, acusaciones que siempre encuentran por respuesta que cierta parte del algoritmo de Twitter destaca o esconde por alguna justificada razón la etiqueta (¡cómo si la sola mención de la existencia del algoritmo santificara una matemática y objetiva expresión de la realidad!).

La base de los Temas del Momento son los propios tweets que los usuarios generan. Sobre la dificultad de realizar a partir de ellos afirmaciones con altos grado de representatividad, hace poco danah boyd y Kate Crawford realizaron un interesante resumen en un paper centrado en el análisis de grandes conjuntos de información (Big Data) y cuya lectura recomiendo. Cito (la traducción es mía):

Primero, Twitter no representa a  “toda la gente”, aunque muchos periodistas e investigadores se refieran a “gente” y “usuarios de Twitter” como sinónimos. Ni tampoco es la población usando Twitter representativa de la población mundial. Tampoco podemos asumir que cuentas y usuarios sean equivalentes.  Algunas personas nunca crean una cuenta y acceden a Twitter solo vía Web. Algunas cuentas son “bots” que producen contenido en forma automática sin la participación de una persona. Más aún, la misma noción de cuenta activa es problemática. Mientras algunos usuarios publican contenido frecuentemente en Twitter, otros participan solo “escuchando”. Twitter Inc.  ha revelado que el 40% de los usuarios activos solo se conectan para escuchar. Los significados de “usuario”, “participación” y “activo” deben ser examinados críticamente.

Debido a las incertidumbres sobre lo que representa una cuenta y a qué se parece el compromiso, hacer muestreos de las cuentas de Twitter y hacer afirmaciones sobre la gente y los usuarios es pararse en terrenos inestables. Twitter Inc. puede hacer afirmaciones sobre todas las cuentas y todos los tweets o sobre una muestra al azar en tanto tiene acceso a la base de datos central. Incluso así, no le resulta fácil tomar en cuenta a mirones, personas que tienen múltiples cuentas o grupos de personas que acceden con una sola cuenta. Adicionalmente, la base de datos central es propensa a cortes, y tweets se pierden o borran con frecuencia.

Twitter Inc. hace accesible al público solo una fracción de su material a través de APIs. Esa “manguera contra incendios” (N.T.: “firehose” en el original) teóricamente contiene todos los tweets públicos publicados y explícitamente excluye cualquier tweet que el usuario haya decidido publicar en forma privada o “protegida”. Sin embargo, tweets públicos también se pierden en la “manguera”. Aunque un grupo importante de compañías y start-ups tienen acceso a la “manguera”, muy pocos investigadores tienen este nivel de acceso. La mayor parte tiene acceso a una “manguera de jardín” (N.T.: “gardenhose” en el original) (aproximadamente el 10% de los tweets públicos), un “spritzer” o vaso alto (aproximadamente el 1% de los tweets públicos) o han usado cuentas de usuarios “blanqueadas” que les dan acceso a APIs para obtener diferentes grupos de contenidos del flujo público. No está claro que tweets son incluidos en estos flujos o muestreos distintos de datos. Podría ser que la API obtenga una muestra al azar de tweets, o que obtenga los primeros miles de tweets por hora, o que solo obtenga tweets de un segmento particular de la red. Dada esta incertidumbre, es difícil para los investigadores realizar afirmaciones sobre la calidad de los datos que están analizando. ¿Son los datos representativos de todos los datos? No, porque excluye los tweets de las cuentas protegidas. ¿Son los datos representativos de todos los tweets públicos? Quizás, pero no necesariamente.

El jueves 22 de septiembre, con ocasión de la última marcha por la educación realizada en Chile, la etiqueta #yomarchoel22 no logró escalar a los Temas del Momento en Chile, pese a que algunas aplicaciones de terceros usando la información de Twitter, sí indicaron en sus propios rankings el masivo uso de la etiqueta. Irremediablemente, las sospechas de alteración manual del algoritmo surgieron. No faltaron quienes, aprovechando su ausencia de los Temas del Momento,  buscaron disminuir la relevancia de la marcha. Quizá, a la luz de las palabras de boyd y Crawford, lo más sensato sea pensar que los Temas del Momento siempre tendrán una muy restringida representatividad. O que su valor para medir el estado de la opinión pública sea el mismo que leer los editoriales de un medio de comunicación tradicional. Vale decir, una interpretación legítima pero sesgada de la realidad.

Mi apuesta: más allá de las restricciones impuestas por las reglas propias de cada medio social y que limitan su potencial democratizador, reconocer que la ciudadanía está desarrollando prácticas de uso y expectativas sociales sobre ellos que merecen repensar cómo fines públicos se logran/dependen de plataformas privados. 

Monitoreo de medios sociales: ¿cuál es el estándar democrático?

Hasta hace unos años, el espacio en el cual se formaba la opinión pública sobre política era un territorio de acceso restringido. La ciudadanía interesada en participar en forma activa en su construcción (incluyendo los militantes de los partidos), enfrentaba una seria escasez de espacios. Salvo que se detentara alguna posición de poder o autoridad, acceder a tribunas con resonancia estaba vedado para la inmensa mayoría de nosotros. Las secciones de cartas al director de la prensa escrita eran de los pocos espacios abiertos. Una apertura filtrada, por decirlo de alguna manera, por un editor que decidía que opinión era relevante y cuál no. El potencial ámbito de influencia de “los de a pie” estaba limitado al entorno cotidiano (familia, amistades, relaciones laborales, etc.), en el que a través de la conversación informal podíamos influir en la formación de la “opinión de la base social”. Con todo, la “agenda” de este entorno estaba muy mediatizada por la “otra agenda”, la de quienes podían hacerse escuchar desde los medios de comunicación de masas.

En alto grado, esta situación no ha variado, pero desde el surgimiento de los medios sociales en Internet, los procesos de formación de la opinión pública han empezado a ser más permeables a las voces de aquellos actores que desde tribunas propias autogestionadas han logrado constituirse en referentes de opinión política, ya sea por formación, experiencia, por ejercer liderazgos en sectores antes invisibles o invisibilizados por el poder, o por una combinación de estos factores. El "negocio" de la influencia, previamente controlado en forma vertical, está tendiendo hacia la fragmentación, multiplicándose en las redes las fuentes de información y miradas para un mismo tema. Recae cada vez más en el ciudadano la responsabilidad de buscar, filtrar e interpretar la información, para formarse un juicio propio y desde él participar en la conversación pública.

Está aún por verse si los medios sociales contribuyen a la construcción de sociedades más abiertas y plurales, pero lo que ya parece evidente es que han cambiado los términos de la relación entre los ciudadanos y el poder, en especial el político y –más particularmente aún- el Estado. Las barreras para ser escuchado y participar se han reducido significativamente, pero con ello también han surgido interrogantes sobre la nueva relación que se da entre el Estado y el ciudadano a través de estos medios sociales.

En una reciente columna analizando una reacción del gobierno británico ante los disturbios en Londres, Evgeny Morozov planteaba una pregunta especialmente interesante: ¿cuál es el estándar que consideramos aceptable en las sociedades democráticas respecto del monitoreo de los estados sobre lo que en las redes decimos y hacemos? Morozov llega a esta interrogante al reflexionar sobre un anuncio de David Cameron, quien sugirió la posibilidad de bloquear o intervenir las redes con el fin de cortar la comunicación entre los manifestantes que las utilizan para coordinarse. La respuesta que las democracias den a esta pregunta reviste una importancia que trasciende sus fronteras, ya que si la decisión es avanzar hacia una mayor intervención de estos espacios, se abre la puerta para que gobiernos autoritarios o dictatoriales legitimen prácticas que ya realizan y que vulneran los derechos ciudadanos, concluye Morozov. De paso, se materializaría lo que en otra columna Rebeca MacKinnon describió como la mayor amenaza para la democracia en la era de Internet: los abusos de poder potenciales a través de las redes sociales.

El gobierno chileno anunció hace poco el término del monitoreo de redes que había iniciado unos meses antes. Este seguimiento de la opinión pública en las redes sobre ciertos temas y sobre la valoración del Presidente y su gabinete, que en principio me parece algo sensato, generó una polémica que llevó a la presentación de consultas ante el Tribunal Constitucional y la Contraloría, con el fin de determinar su legalidad. Más allá de los problemas de la estrategia comunicacional usada por el gobierno para defender la medida (¿la hubo o solo se reaccionó ante una situación que no estaba planificada?), así como el hecho que efectivamente el contrato contenía cláusulas que vulneraban la Ley de Protección de Datos Personales, me llamó la atención que se abordara muy tangencialmente la que es a mi juicio la principal interrogante: ¿son los medios sociales un espacio donde se construye y moldea la opinión pública sobre los temas de interés nacional?

Mi respuesta afirma el potencial intrínseco de los medios sociales para construir una esfera pública más plural, y en tal sentido, colaborar en la profundización de la democracia. No ignoro la necesaria existencia de un conjunto de recursos (principalmente acceso a tecnología), competencias (digitales, informacionales, cívicas) y derechos (partiendo por la libre expresión) para que ese potencial se pueda materializar. Sin embargo, en la discusión generada por la medida del gobierno, no faltaron quienes negaron ese potencial.

Entre otros argumentos, se indicó que el gobierno podía lograr la misma información a través de encuestas o con análisis de prensa, desconociendo la naturaleza desintermediada y la rapidez de reacción de los medios sociales, dos ventajas que al combinarse permiten entenderlos como un termómetro en tiempo real de las tendencias de opinión, función que ni las encuestas ni la prensa logran cumplir.

Por otro lado, mayoritariamente se afirmó que el Estado no podía monitorear a quienes compartían opiniones de interés político en la Red, ya que esa es información personal que nuestra legislación impide sea sistematizada y analizada en bases de datos. Sin duda, el marco legal actual así lo indica, pero cabe preguntarse si ese marco se adapta adecuadamente a las lógicas de construcción de opinión en los medios sociales.

Una de las motivaciones básicas de quienes compartimos en los medios sociales nuestros juicios de interés político es ser escuchados, no solo por otros ciudadanos, sino por aquellos que participan en los procesos de toma de decisión. En última instancia, ese ha sido siempre el sentido de emitir juicios de valor político: influir. Pero, además, a diferencia de lo que ocurre en la plaza pública –que suele ser el símil con el que se compara a los medios sociales- hay un acto deliberado, más o menos consciente, de emitir esos juicios con publicidad. Queremos que quienes nos lean sepan que los juicios los emitimos nosotros, y no otras personas. No solo eso: esperamos que esas otras personas los encuentren acertados y los compartan en sus propias redes, idealmente atribuyéndonos la autoría. Reclamar porque el Estado empieza a escucharnos y –eventualmente- considerar nuestras opiniones en los procesos de toma de decisión, va en sentido opuesto.

¿Limitar el seguimiento que el Estado realiza de juicios políticos en los medios sociales no es una forma de anular su potencial democratizador en la construcción de la opinión pública? ¿No será necesario revisar nuestra noción de privacidad, entendiendo que para influir en la opinión pública debemos exponernos más? Pareciera que en la base del reclamo hay un sustrato contradictorio: escúchenme, presten atención a lo que digo, pero no me sigan, no me monitoreen. Un sustrato con algo de irresponsabilidad: quiero emitir juicios de la manera más libre, sin asumir ninguna responsabilidad por su contenido.

Retomando a Morozov, ¿cuál sería entonces el estándar que nuestra democracia en Chile considera válido en el seguimiento de las opiniones políticas en los medios sociales? Su respuesta bien vale una discusión sin prejuicios porque, entre otras cosas, está en juego la capacidad que los medios sociales tienen para romper con la falta de pluralismo que la concentración de la propiedad ha provocado en nuestros medios masivos de comunicación. Algo que critican, por cierto, muchos de los que quieren anular esa función de los medios sociales. 

¡Envidiosos del mundo, uníos!

Dos citas de la columna "La igualdad y la envidia" de Axel Kaiser, publicada en el Diario Financiero el viernes pasado. Provecho.

"En el Chile actual, la envidia ha dado lugar a un debate completamente distorsionado cuyas consecuencias serán fatales para nuestra prosperidad. Se dice que tenemos un problema de desigualdad escandalosa y que la solución es más intervención del Estado a través de impuestos y políticas redistributivas".

"Esto es lo que plantean los redistribuidores en Chile, quienes, azuzando la envidia entre las masas para ganar popularidad, dedican sus energías a ver cómo hacer para que algunos no tengan mucho más que otros en lugar de ocuparse por mejorar la situación de todos. Lamentable".

Redes sociales: ¿La ciudadanía dialoga y el gobierno escucha?

Comparto una columna que me invitaron a escribir para el diario La Tercera y que fue publicada en su edición impresa de hoy con el título "Redes sociales: la ciudadanía dialoga". Creo que es oportunidad muy interesante para abrir un debate serio y fundamentado sobre la relación que existe en Chile entre medios sociales, ciudadanía y política.

Ocho millones de cuentas Facebook y aproximadamente un millón en Twitter nos ubican como uno de los países de América Latina con mayor arraigo de la Web social. Usamos estos medios de expresión para –independiente de nuestra ubicación en la sociedad- participar, entre otras cosas, en la formación de la opinión pública sobre lo que ocurre en Chile. Los medios sociales contribuyen –potencialmente- al fortalecimiento de nuestra democracia: nos permiten a todos participar de una conversación  que solía estar limitada a quienes detentan poder.

En el Chile de 2011, que el gobierno tome la decisión de monitorear la conversación ciudadana en estas plataformas es algo sensato.  Es su responsabilidad escucharla y hacerlo en todos aquellos espacios en los cuales se manifiesta masivamente.  Conocer sus demandas actuales y sus expectativas sobre el futuro, están en la base de las políticas públicas y la conducción exitosa del país. Ignorar las redes sociales y seguir usando encuestas o análisis de prensa, como se ha sugerido en el artificial debate provocado por esta medida, es no entender uno de los principales cambios que está ocurriendo: la desintermediación en la relación de las personas con el poder.

Se terminó la política de masas, en la que los partidos políticos y liderazgos construidos en torno a la disciplina vertical, decidían por millones y rendían cuentas de manera parcial en las urnas con cierta periodicidad, sin que los electores tuviéramos más opción que marcar o no una preferencia en la papeleta. Ahora todos esperamos que el Presidente o un político de oposición nos respondan a la interpelación que le hacemos por Twitter. Buscamos que a cada hora rindan cuenta de sus actos, especialmente de las promesas no cumplidas y de los errores cometidos. Porque a través de las redes, muchos de nosotros dialogamos directamente con el poder (o tenemos la ilusión de hacerlo).

Que el gobierno decida mirar esa conversación es un reconocimiento explícito al valor político de las redes y la opinión ciudadana que en ellas habita. El gobierno ya no podrá hacerse el sordo. Eso es una ganancia absoluta para la calidad de nuestro régimen democrático. 

Quienes critican la medida argumentan que su derecho a la privacidad se ve vulnerando, ignorando la naturaleza pública de la mayoría de las acciones que realizamos en estas plataformas y desconociendo que éstas (propiedad de empresas privadas) tienen condiciones de servicio (que aceptamos casi siempre sin leer al abrir una cuenta) que nos restan derechos sobre los contenidos que en ellas publicamos. Cosas que en el mundo presencial nos parecerían ilógicas e incluso peligrosas, las hacemos sin ningún tipo de filtro en las redes.

Erróneamente, se compara Internet con lugares públicos. La comparación debiera ser con espacios privados de acceso y uso público. Buena parte de la infraestructura sobre la que se sustenta y la inmensa mayoría de las aplicaciones y programas que usamos todos los días son privadas, aunque no paguemos por ellas. Dada la legítima preocupación ciudadana sobre lo que el gobierno hará con la información, pudiera ser esta una oportunidad para abrir una debate en Chile sobre cómo salvaguardamos nuestro derecho a usar estos espacios privados para fines públicos. Entre ellos, ser protagonistas de la profundización de nuestra democracia desde nuestro irrenunciable derecho a la libre expresión.