Ayer en el noticiero central de Televisión Nacional y hoy en una
breve nota en El Mercurio, el cierre de la Biblioteca de Montegrande -las tierras de Gabriela Mistral- por falta de recursos para seguir funcionando, ha generado una cierta reacción de simpatía y voluntad en las redes sociales. Muchas personas manifiestan su interés en colaborar con la
Corporación Montegabriela, organizacíón privada que hace seis años abrió
la primera y hasta ahora única biblioteca pública de la comuna de Paihuano.
Es bueno que malas noticias como ésta no pasen desapercibidas, pero nuevamente pone de relieve lo que en repetidas ocasiones he comentado en este blog: la fragilidad legal en la que funcionan las bibliotecas públicas en el país. Da lo mismo que sean la mayor red cultural de acceso público, gratuito y equitativo. Da lo mismo que sean líderes en las políticas de inclusión digital del país. Da lo mismo que 2 de cada 3 personas que acceden a sus servicios vivan por debajo de la línea de la pobreza.
Nada, absolutamente nada, puede impedir que una biblioteca pública se cierre en Chile si así lo decide quien la sostiene.
En este caso particular, además, no puedo dejar pasar por alto que una organización privada esté cumpliendo un rol que debiera jugar el municipio. No me malentiendan: me encantaría que el país estuviera lleno de corporaciones similares, que entre sus líneas de trabajo tuvieran abrir bibliotecas públicas en lugares que realmente lo necesitan. Pero le debemos exigir al Estado que cumpla su papel y en Paihuano ello no está ocurriendo. Lo sé. La municipalidad es de escasos recursos y por muy buena gestión que pueda realizar, no contaría con los fondos necesarios para atender todas las necesidades.
La respuesta a la pregunta que da título a esta entrada es, por tanto, sencilla: un Estado que no está haciendo su trabajo. Ante eso hay dos caminos: o quedarnos en el callejón sin salida que plantea el escenario actual, o potenciar a los municipios para que asuman a cabalidad el desarrollo de las bibliotecas públicas en Chile, algo sobre lo cual
ya comenté a raíz de las primarias en Providencia.
El primer paso para que eso se revierta es dotar a Chile de una ley de bibliotecas públicas, como hizo Colombia recientemente o han hecho diversas comunidades autonómicas españolas. La ley no es la panacea, pero sí el piso mínimo sobre el cual seguir construyendo el sistema de bibliotecas públicas, consolidando lo realizado, proyectando los nuevos desafíos, fortaleciendo a los municipios y entregando recursos para que ello sea posible.
En noviembre del año pasado me invitaron a exponer sobre este tema en la XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología, organizada por el Colegio de Bibliotecarios de Chile, presentación que comparto debajo. Como allí dije, me gustaría vivir en la ciudad de Bart Simpson, porque en ella la biblioteca pública es parte del paisaje. Quizá no haya ley de biblioteca en Springfield, quizá no la necesiten, pero como en cualquier pueblo o ciudad de Estados Unidos (del mundo anglosajón, para ser más amplio), su comunidad no entendería no contar con una biblioteca (o dos en el caso de Springfield). A tal punto que cuando producto de la crisis de 2008 los recortes presupuestarios empezaron a ocurrir, las comunidades se organizaron y empezaron a defender sus bibliotecas.
Para que Montegrande sea Springfield, la ley de biblioteca pública es necesaria, porque a diferencia de lo que ocurre en las calles que recorre Bart, la cultura de biblioteca no existe en los caminos por los que alguna vez caminó Gabriela.
