Contra la #CensuraTwitter

Twitter anunció ayer que para poder mantener su expansión internacional, implementarán una política de filtrado de contenidos en algunos países. La razón que entrega es que no todos los países entienden lo mismo por libertad de expresión. Cierto. Nada nuevo. De hecho, hasta parece una declaración bien ingenua la de Twitter. Welcome to the real world!

La reacción de muchos que usamos Twitter cotidianamente ha sido de rechazo y para mañana sábado 28 de enero se ha organizado en forma espontánea una manifestación mundial ad hoc: 24 horas sin enviar un solo tuiteo. El hashtag en castellano es #CensuraTwitter y en inglés está corriendo #TwitterBlackout.

Yo me sumé y aunque algunos desconfíen, ni un solo mensaje saldrá desde mi cuenta mañana. Es una manera de decirle a la empresa que creó y administra el servicio gratuito de microblogging que uso, que no estoy de acuerdo.

En otros posteos lo he dicho: aunque es común comparar Internet con una plaza pública, la imagen más ajustada es la de parques privados con acceso público. Esta imagen se ajusta incluso mejor para las plataformas de medios sociales (Facebook, Twitter, Google+, blogs, etc.), ya que en todos esos casos (a diferencia de parte de la infraestructura base y la gobernanza de Internet) son servicios que proveen empresas privadas, todas con legítimos fines de lucro. Pero lo que nos confunde es el carácter gratuito de buena parte de lo que nos ofrecen, a tal punto que hemos llegado a considerar que son servicios públicos y que sobre ellos tenemos los derechos y deberes que como ciudadanos ejercemos en nuestra relación con los estados.

Pero más allá de esa confusión, conviene tener presente que en la medida que sobre esas plataformas quienes las usan persiguen, entre otros, fines de interés público, sus decisiones empresariales no están (ni pueden pretender estar) exentas del control ciudadano ni de la regulación estatal. Es parte de la reconfiguración de las relaciones de poder que las tecnologías de información y comunicación están permitiendo. Quizá para Twitter nosotros seamos consumidores, pero al conectarnos y compartir mensajes en su plataforma, lo hacemos muchas veces como ciudadanos. Por ello, debiera resultar evidente para cualquier empresa que provea servicios de medios sociales que el principal activo de sus balances no es un stock de cosas, sino personas, que así como pueden un día hacer aumentar el valor de la empresa, están siempre a un paso de hacer que ese valor se esfume. Es decir, que ese activo se pasó al servicio de la competencia. Reinterpretando la economía de la crisis: si queremos, los usuarios podemos convertirnos en un activo tóxico.

Los ciudadanos debemos exigirles a nuestros estados una defensa sin ambigüedades del estándar democrático. Y ese estándar incluye en su base la libertad de expresión. Pero en el mundo en red, ese estándar también debemos exigírselo a las empresas de la red, a esas que bajo las lógicas de la Sociedad de la Información, hacen de nosotros y nuestros contenidos, la fuente de su prosperidad. Twitter debe cumplir las leyes que rigen en todos los países donde opera o espera funcionar. Eso está fuera de toda duda, pero si para aumentar su penetración mundial cierra los ojos a las restricciones de libertad de expresión que en muchos casos existen, en lo personal no me gusta. Si lo aceptamos, estaríamos dando por perdida la batalla que entre libertad y control está teniendo lugar por estos días en las redes.

Y también debemos exigirnos, entre nosotros los ciudadanos, cumplir ese estándar democrático. Si tú te consideras un demócrata, ¿comprarías un periódico que dependiendo el país donde se edite cambia los contenidos para no ofender a las autoridades? Creo que no. Entonces, ¿por qué a Twitter, que no es un medio de comunicación pero que es usado como tal por los ciudadanos, se lo podemos permitir?

Claro: una huelga de tuiteos, que de eso se trata el 28 de enero de 2012, puede no tener repercusión. Hay quienes incluso puedan pensar que al poder le guste la idea: siempre es mejor tenernos desconectados que vociferando en las redes. Pero en un mundo que cambia, donde las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre empresas y consumidores, y entre los ciudadanos entre sí, ya no son las mismas que antes de Internet, hay que innovar en los medios. Y una huelga en Twitter apunta directamente al activo, el único activo, de la empresa: nosotros y nuestros mensajes.  Porque, en última instancia y aunque parezca contradictorio, manifestarme a favor de la libertad de expresión aquí y en la quebrada del ají me parece una buena, muy buena razón, para dejar de expresarme durante 24 horas en Twitter.


* Columna publicada originalmente en elquintopoder.cl. Recomiendo leer el análisis de Claudio Ruiz, que tiene otra mirada sobre este tema.

Megaupload y Anonymous: ¿Justicia 2.0?

A estas alturas debiera estar relativamente claro que lo que está ocurriendo en los últimos días en Internet no tiene que ver solo con el choque entre posturas divergentes sobre cómo abordar la relación entre derechos de autor – propiedad intelectual y el acceso de las personas a contenidos en línea. En realidad, es mucho más que eso. Tiene que ver con el ejercicio de nuestras libertades civiles en Internet, a tal punto amenazadas con iniciativas como SOPA, PIPA y otras leyes similares en el mundo, que hay quien incluso ha alertado que estamos frente a la primera gran batalla de una de las guerras cruciales de este siglo. Cuando el lenguaje bélico empieza a aparecer en boca de todos, es porque las pistolas están cargadas. Conviene, entonces, dedicar unos breves minutos a reflexionar sobre una de las fronteras de este conflicto, para no perdernos en fragor del combate.

Ayer, apenas un día después de la protesta mundial contra SOPA (Stop Online Piracy Act), un proyecto de ley que se discute en el Congreso de Estados Unidos que criminaliza la lógica fundacional de Internet (compartir libremente información) asumiendo que todos somos infractores de derechos de autor, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del FBI, logró bajar Megaupload, una de las plataformas más populares para compartir archivos en la red. Al momento de escribir esta líneas, recibo la noticia que SOPA y PIPA parecen haber sido derrotadas.

Las impresionantes cifras de Megaupload, responsable del 4% del tráfico mundial en Internet, hacían previsible la airada reacción de sus usuarios, muchos de los cuales efectivamente usaban la plataforma para compartir o guardar contenidos de los que eran propietarios o que estaban libres de derechos. Pero también es cierto que Megaupload estaba lleno de contenido que vulneraba la propiedad intelectual (más allá de que consideremos que el marco legal que hoy impera en casi todo el mundo atenta contra el libre acceso al conocimiento) y con el cual quienes administraban la plataforma hacían negocios y lucraban.

En respuesta a la bajada de Megaupload y la detención de sus principales directivos, Anonymous, esa red que se ha auto investido como defensora de la libertad en Internet, montó y ejecutó el que ya es considerado el mayor ataque informático en la historia, con más de 27 mil computadores y 10 mil personas involucradas. Resultados: múltiples sitios del gobierno de Estados Unidos y otros países fueron “tumbados”, así como los de las principales empresas discográficas (una de ellas fue la que hizo la denuncia que permitió al FBI actuar).

Una de las fronteras que expone este episodio es la que podríamos denominar la “justicia 2.0” (¡disculpen el cliché!). ¿Cómo y quién hace justicia en los entornos digitales, considerando las comprobadas y reiteradas dificultades de legislaciones diseñadas para mundos analógicos al ser aplicadas en entornos digitales? La pregunta no es trivial, ya que la justicia (o por lo menos la sensación que tengamos de que ella existe o no) está en la base de la legitimidad social, en general, y de la legitimidad de la democracia, en particular. ¿Es legítima la respuesta de Anonymous ante la actuación del FBI, considerando que el FBI con su actuar vulneró derechos de todas aquellas personas que usaban Megaupload para subir y compartir de manera legal contenidos? ¿Quiénes entregaron a Anonymous el poder para, en defensa de nuestras libertades, decidir atacar tal o cual sitio?

En las redes sociales, la respuesta de muchos, si no la mayoría, ha sido de apoyo ante la acción de Anonymous, sin embargo, su proceder responde a la misma lógica que usó el FBI y que esgrimen las empresas multinacionales ante los estados para promover leyes como SOPA: los sitios o prácticas de Internet que no me gustan o me molestan, las ataco hasta anularlas. Así expresé anoche en un mensaje en Twitter, y las respuestas que recibí dan cuenta de los argumentos de quienes defienden a Anonymous: autodefensa ciudadana ante la agresión de los estados; diferencias éticas entre unos y otros; causas justas frente a causas injustas; la inexistencia de otras alternativas para expresar el rechazo, etc.

Es un lugar común la buena pero falaz idea de que Internet ha aplanado la cancha. Ese adagio se repite sin cesar, dando a entender que hoy estamos en un mundo de relaciones horizontales, desconociendo las lógicas de exclusión que el mundo conectado reproduce o genera. Como Wikileaks y su creador han sido sistemáticamente enfrentados por el poder, concluyendo con el cierre del sitio por su práctica imposibilidad de operar, es el mejor reflejo de que la cancha no solo no se ha aplanado, sino que están surgiendo nuevas formas en que los estados silencian a la ciudadanía.

Sin embargo, seguimos contando con Internet como herramienta para el empoderamiento de las personas frente al poder político o económico, dadas las lógicas del desarrollo tecnológico, que siempre van uno o varios pasos por delante de las legislaciones y medidas que buscan moderar o controlar sus efectos sociales. Existe, por tanto, una gran área en Internet (quizá la más significativa) en la cual las personas construyen y/o validan legitimidades no desde las normas escritas, sino desde sus prácticas cotidianas, su conciencia cívica y su propia percepción de lo que es justo e injusto. ¿Estamos preparados para ese ejercicio de ciudadanía los dos mil millones de personas con acceso a Internet en el mundo?

Hace unos meses, varios sitios chilenos que promueven el derecho a la libre expresión y el derecho a la comunicación (entre ellos Sitio Cero), fueron atacados por un hacker aparentemente vinculado a sectores de ultraderecha. ¿Qué diferencia ese ataque del realizado por Anonymous? Poco tiempo antes, a raíz de la quema de un bus del Transantiago, encapuchados que participaron en ese acto se escondieron en una de los campus de la Universidad de Chile, y al ser detectados por un profesor, fueron enfrentados y denunciados por este. No tardó mucho para que la foto y datos de ese profesor, comenzaran a circular en los mensajes de Twitter y los muros de Facebook. ¿Qué tipo de justicia es esa? ¿Es legítimo, incluso en el caso de que ese profesor fuera culpable de algo, que los usuarios de las redes vulneren el debido proceso y procedan a su linchamiento digital? 

En esta nueva justicia que está emergiendo desde las redes, voluble por que se legitima en base a la opinión pública y no sobre las normas del debido proceso, los ciudadanos debemos desarrollar conciencia sobre cuáles son los estándares mínimos que practicamos entre nosotros (antes y después de nuestra relación con el estado) al construir nuestra convivencia en línea. Hoy podemos aplaudir a Anonymous por haber hecho algo con lo que simpatizamos (¿quién no simpatiza con atacar al FBI, que pese a Hollywood, sabemos que no son siempre “los chicos buenos de la película”?). El problema es que, quizá en el futuro, Anonymous se nos vuelva en contra, porque en última instancia, la justicia 2.0 no responde ante nadie, solo ante ella misma.

(*) Entrada originalmente publicada en elquintopoder.cl

Fantasmas en el barrio de mis hijos

Mientras desde el Ministerio de Educación tratan de encontrar el mejor eufemismo para maquillar uno de los períodos más sombríos de nuestra historia, gracias al enorme trabajo de ArchivosChile, “Ejecuciones en Chile septiembre-diciembre 1973: El circuito burocrático de la muerte”, logro saber que en el barrio donde están creciendo mis hijos fueron hallados los cuerpos de cuatro ciudadanos ejecutados.

Tres han sido reconocidos como víctimas de la violencia organizada por la dictadura. Uno forma parte de un grupo de 150 potenciales nuevas víctimas de la represión, personas que, si bien no aparecen en las listas de ejecutados oficialmente reconocidas por el Estado de Chile, las condiciones en que fueron encontrados los cadáveres y su posterior “tratamiento” por “la burocracia de la muerte” que operó en los meses finales de 1973, llevan al equipo de ArchivosChile a presumir su condición de víctimas.

Sus nombres. Eduardo Elías Cerda Angel; Francisco Rafael González Morales; y Roberto Gutiérrez González, los tres parte de las víctimas listadas por el Informe Rettig. La cuarta persona, no reconocida hasta ahora como ejecutado político: Abel Miguel Gonzalo Orellana Pallares.

Hablar de “régimen militar” o de “régimen militar antidemocrático” esconde (o pretende esconder) la brutalidad, la frialdad, la premeditación del terror con el que se amedrentó, se torturó, se mató en Chile entre 1973 y 1990, pero en especial en esos primeros momentos de la dictadura. Cito:

Fue el periodo de la razzia, de la “limpieza” social y política, como se confirma en la alta concentración de víctimas de violaciones a los derechos humanos en ese periodo consignada en el Informe Rettig. Dejar cuerpos torturados, destruidos por ráfagas de metralleta e incluso mutilados a plena vista de la población pareció ser una táctica de la política de terror y de dominación psicológica impuesta por el nuevo régimen.

Siempre hemos sabido (aunque a veces lo olvidemos) que mientras no se haga justicia con los delitos de lesa humanidad cometidos en esos años, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestro país estarán llenos de fantasmas. Hoy, gracias a un mapa en Internet, conozco a los que están cerca de la plaza donde mis hijos aprendieron a montar en bicicleta, a unas cuadras de donde compro las empanadas para los almuerzos dominicales, a minutos caminando de la feria donde los sábados adquiero las verduras y frutas. 

Cuando hace unos años decidimos con mi esposa comprar el departamento donde vivimos, quisimos hacer de estas calles parte esencial de nuestra historia familiar, de nuestra cotidianidad. Hoy esas calles se nos aparecen de otra forma, a través de los nombres de cuatro ciudadanos ejecutados por sus ideas. Ante el riesgo de que su historia, que es la nuestra, la de todos nosotros, sea reinterpretada, nos ocuparemos de que nuestros hijos sepan que en su barrio Chile tiene una deuda pendiente con la justicia.

¿Por qué SOPA es mala para la libertad?

Cory Doctorow publicó hace un par de días una tremenda reflexión sobre porqué SOPA (Stop Online Piracy Act), legislación que está siendo discutida en el Congreso de los Estados Unidos, es mala para la libertad. Bajo  la apariencia de una ley destinada a proteger la propiedad intelectual, se esconde una manera de "entender" Internet que desconoce uno de sus pilares fundacionales: el libre flujo de información. SOPA, como sugiere Doctorow, avanza porque los actores políticos no saben y no se dan el tiempo de saber el mundo que se viene (que en realidad ya está aquí). 

Hoy Claudio Ruiz compartió en su blog una traducción realizada por Martín Mois, de la que extraigo esta cita. ¡No diga después que no fue advertido!

Como un miembro de la generación Walkman, hice las paces con el hecho de que necesitaré un audífono para sordos antes de morir. Pero no será sólo un audífono, será realmente una computadora. Así que cuando me suba a un auto –un computador al cual introduzco mi cuerpo- usando un audífono –un computador que introduzco en mi cuerpo- quiero tener la certeza de que estas tecnologías no fueron diseñadas para ocultarme secretos, o para impedir que pueda terminar procesos en ellas contrarios a mis intereses. 

El año pasado, el Distrito Escolar de Lower Meriom, en un afluente suburbio de clase media de Filadelfia, tuvo muchísimos problemas. Fue descubierto distribuyéndole a sus estudiantes, laptops infectados con rootkits que permitían vigilancia encubierta remota a través de la cámara de la computadora y su conexión de redes. Los estudiantes fueron fotografiados miles de veces, en casa y en el colegio, despiertos y dormidos, vestidos y desnudos. Mientras tanto, la más reciente generación de tecnología de interceptación lícita puede operar de forma encubierta en cámaras, micrófonos, transceptores GPS en PCs, tabletas y dispositivos móviles. 

Aún no perdemos, pero primeramente debemos ganar la guerra del copyright si deseamos mantener a Internet y al PC libres y abiertos. En el futuro la libertad nos exigirá tener la capacidad de vigilar nuestros aparatos y establecer políticas significativas para ellos; poder examinar y terminar los procesos del software que corran; y mantenerlos como honestos sirvientes de nuestra voluntad, no como traidores y espías empleados por criminales, matones y controladores.

Portal Memoria Chilena: Un ejemplo de curaduría digital

Hace un par de meses, Fernando Purcell, Subdirector del Instituto de Historia de la Universidad Católica y co-editor de la Revista de Historia Iberoamericana, me invitó a realizar una reseña sobre el portal Memoria Chilena, la que acaba de ser publicada. Pueden consultar la fuente original acá, pero comparto el texto íntegro aquí también. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Fernando la invitación y a Roberto Aguirre y Daniela Schütte, de la Biblioteca Nacional de Chile, el haberme facilitado información sobre el portal.

En el mundo pre digital, con el acceso a información sujeto a un conjunto de barreras físicas, la información era un bien que tendía a la escasez. Si la información que requeríamos no estaba a nuestro alcance, ya fuera en una biblioteca, en un archivo o en una librería cercana, o en el kiosco de la esquina en formato de periódico o revista, su ausencia aumentaba su valor. Y nuestra frustración. ¿Quién no recuerda haber encontrado en alguna nota a pie de página o en una bibliografía las referencias de un artículo o un libro que nos resultaría fundamental para nuestro trabajo pero al cual no teníamos posibilidad de acceder? Quizá esa era la mayor (y más dura) expresión del valor de la información en el mundo académico.

Sin embargo, en Internet la información pierde su valor. Potencialmente, todo contenido tiene una expresión digital, la que bajo diferentes formatos y tipos de licenciamiento, elimina las barreras de acceso, por lo menos aquellas que en el mundo analógico eran infranqueables. La permanente innovación en las tecnologías de información y comunicación, traducida entre otras cosas, en un drástico abaratamiento de los medios de producción, reproducción, edición,  almacenamiento y distribución de contenidos digitales o contenidos analógicos digitalizados, ha provocado un fenómeno inédito en la historia. Hacia 2006, se calculaba que la información contenida en formatos digitales era tres millones de veces superior a la existente en todos los libros escritos por la Humanidad, proyectándose para el 2010 que esa cifra hubiera alcanzado los 18 millones de veces. En apenas unas décadas, el mundo de la información ha pasado de las lógicas de las escasez a las lógicas de la abundancia.

De la mano de esta explosión, han surgido o recobrado vigencia, las preguntas sobre la calidad de la información y la confianza en las personas o instituciones que la generan o comparten. La abundancia tiene su patología, la “infoxicación”, ese riesgo siempre presente de hacer clic en la fuente equivocada o en el contenido tergiversado, impactando en nuestra capacidad de interpretar la realidad, o que nos paralice ante la imposibilidad de saber identificar con cierto nivel de certeza cuál es el hipervínculo que nos permita enhebrar nuestra comprensión. El futuro de la información es de alta complejidad y en él se avizoran tres posibles escenarios, que bien resumen Antoni Gutiérrez-Rubí y Juan Freire: un futuro caótico, donde la crisis de las autoridades tradicionales y la sobreabundancia de información no encuentran solución; un futuro con nuevas formas control, en el que unas pocas instituciones filtren los contenidos y pongan fronteras (tecnológicas, legales o económicas) al acceso a la información; o un futuro donde la abundancia de información sea de manera colectiva, con la participación abierta de instituciones y personas, “ordenada”, valorada y seleccionada.

En el tercer escenario, que David Weinberger ha denominado “el poder del desorden digital”, las instituciones que tradicionalmente han sido fuentes de información confiable tienen la obligación de estar presentes. La reputación digital no paga tributo –necesariamente- a la reputación histórica, como bien aprendió la Enciclopedia Britannica, que en apenas una década presenció como Wikipedia, una enciclopedia virtual construida en múltiples lenguas simultáneamente por miles de voluntarios en todo el mundo, se posicionó como una de las principales fuentes de información en Internet. La curaduría de contenidos digitales es una de las claves del futuro de la información.

En este contexto, Memoria Chilena, el portal de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile cuya misión es ser la Biblioteca Nacional Digital bajo el slogan “el portal de la cultura de Chile”, es un magnífico ejemplo de cómo una institución que se encuentra inscrita en la historia del país como fuente de información fidedigna y de calidad, aprovecha la tecnología para rediseñar la forma en que cumple con sus objetivos, contribuyendo a la puesta en valor de contenidos a partir de la experiencia y conocimiento de sus equipos de trabajo.

El portal, que cumplió este año 10 años de existencia, parte de una serie de premisas. La primera: la memoria de un país no es un relato único, sino que es su diversidad de culturas e identidades las que construyen una mirada cabal de su pasado. La segunda: preservar y dar acceso digitalmente a esa memoria es un ejercicio de democratización del conocimiento. Y la tercera, a través del conocimiento de su memoria, las personas y las sociedades pueden valorarla, cumpliendo así Memoria Chilena un valor educacional fundamental.

Sus cifras son claras. Con 700 sitios temáticos disponibles, más de 2.800 libros descargables (la mayor parte del dominio público chileno, pero también con libros cedidos por sus vigentes titulares de derechos), cerca de 75 mil documentos y casi 900 mil páginas digitalizadas, Memoria Chilena es hoy la más grande base de datos sobre las culturas de Chile disponibles en Internet, algo que durante este año ya ha sido corroborado por más de 1.5 millones de visitantes. Es un sitio cuya riqueza principal radica en la profundidad y múltiples rutas de navegación, pudiendo acceder  a sus contenidos a través de cinco grandes áreas temáticas (Historia, Literatura, Artes, Música y Ciencias Sociales) o desde algunas de sus secciones especiales, entre las cuales se encuentran joyas de gran valor como Crítica Literaria (que da acceso a más de 50 mil archivos pertenecientes a la sección Referencias Críticas de la Biblioteca Nacional), las salas virtuales (entre ellas, la dedicada a poner en valor el legado de Gabriela Mistral en base al archivo personal donado hace pocos años al Estado de Chile por la heredera de Doris Dana, su asistente personal y confidente) y un conjunto de sitios e iniciativas asociadas que permiten personalizar y segmentar la experiencia del visitante con  los contenidos consultados.

Es Memoria Chilena un ejercicio permanente de curaduría de contenidos. Ante la imposibilidad de poder poner todo el acervo patrimonial de la Biblioteca Nacional en la Web, personal altamente especializado procede a definir qué contenidos son los más relevantes, tomando en consideración su carácter noticioso (asociado a ciertas coyunturas), su valor histórico o su potencial de consulta por parte de investigadores, estudiantes o público en general. En este proceso se renueva, implícitamente, el valor social de la Biblioteca Nacional como institución que garantiza a sus usuarios que todos aquellos contenidos que comparte son de alta calidad y pertinencia. Tal como fundamentó el jurado que le entregó el año 2010 el Stockholm Challenge Award en la categoría cultura (popularmente conocido como el “Nóbel de Internet”), “by interweaving individual discourses into a symbolic common-ground, Memoria Chilena acts as a dynamic ad integrative gateway to national cultural heritage, thus encouraging its preservation and study”. A través de la curaduría, Memoria Chilena construye ese terreno común que nos permite a todos reconocernos en nuestra historia y nuestras identidades.

Es en ese ejercicio de construcción en el cual el portal presenta algunas de sus más relevantes oportunidades de crecimiento y renovación. Más allá de revisar su usabilidad y diseño visual (que se mantiene casi inalterado tras una década), Memoria Chilena debiera avanzar hacia la constitución de una comunidad integrada por las personas que usan el portal y los equipos a cargo de la elaboración de los contenidos.

La memoria histórica es, entre otras cosas, un ejercicio colectivo de selección y valoración. Hoy se pueden diseñar e implementar con cierta facilidad procesos colectivos de curaduría digital usando herramientas propias de los medios sociales. Si bien tiene presencia en Facebook, Twitter y You Tube, estos canales operan –a grandes rasgos- como espacios de difusión de Memoria Chilena hacia sus usuarios, y no tanto como articuladores de un ecosistema conversacional que entregue “poder editorial” a sus usuarios y éstos ayuden a definir qué contenidos son digitalizados y destacados por el portal. Superar esta limitación, así como revisar y anular las restricciones para el pleno uso de todos aquellos contenidos que forman parte del dominio público chileno y que Memoria Chilena lleva a Internet (un proceder que no ha estado exento de críticas), son dos formas sencillas en las cuales podría proyectar aún más su labor, consolidando su rol como referente en la Web chilena y reescribiendo colaborativamente y pluralizando su slogan como “el portal de las culturas de Chile”.

Una reflexión sobre el IVA del libro en Chile

En el debate sobre las posibles estrategias para aumentar los niveles de lectura en Chile, una afirmación se ha mantenido de manera sostenida en el tiempo: los libros son caros y es necesario eliminar o reducir el IVA que pagan para fomentar que más personas accedan a ellos. Es una afirmación, que más allá de poder compartirla en su primera parte, nunca he encontrado datos contundentes (ni quienes la enarbolan los citan) para concluir que la segunda parte sea cierta.

Revisemos los datos disponibles. En el estudio “Chile y los libros 2010”, de Fundación La Fuente / Adimark GFK, entre aquellos que se declaraban “no lectores” (45,7% de la muestra), el precio de los libros era la cuarta razón para no leer (13,2%), siendo razones más importantes para no leer la falta de tiempo (37,3%), falta de gusto por la lectura (16,7%) y falta de interés/motivación (13,3%). Estas respuestas eran espontáneas. En el mismo estudio, al ser consultadas las personas si los libros no tuvieran IVA comprarían más libros, el 53,7% dijo que sí, la cifra más baja desde que la Fundación La Fuente realiza sus estudios y que además es muy cercana al 47,2% que según el estudio califica como lectores.

Por otra parte, en el reporte “Libros y lectura” difundido en mayo de 2011 por la Sección de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y la Artes (CNCA) en base a la información de la Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (realizada el 2009), al identificar las razones para no leer la falta de tiempo (33,4%), la falta de interés (26,3%) y la falta de costumbre (21,8%) concentran la mayor cantidad de respuestas. En cuarto lugar aparece la falta de dinero, con solo el 5,8% de las respuestas.

En el estudio más reciente sobre lectura en Chile, elaborado por el Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile por encargo del CNCA, el 81% de los encuestados dijeron no ser lectores (11%) o lectores ocasionales (70%). Las principales razones para no leer o no leer con frecuencia fueron: no tener tiempo (28%), preferir realizar otras actividades recreativas (20%), no tener gusto por la lectura (19%), y “me da flojera” (10%). En quinto lugar, y con apenas el 7% de las respuestas, aparece la opción “Me parecen caros los libros y revistas”.

Tres estudios distintos, independientes entre sí, con metodologías distintas, apuntan de manera sistemática a la falta de tiempo como la principal causa que impide a los chilenos y chilenas leer más. Y tras esa razón, la falta de interés, costumbre o gusto, o preferir realizar otras actividades que compiten por el tiempo que destinamos al ocio.

Cabe entonces preguntarse cuál sería el real impacto de una eliminación o reducción del IVA al libro en Chile, en especial si la medida se diseña para fomentar la lectura. 

Datos interesantes arrojará el estudio del impacto del IVA en la industria editorial local que licitó el CNCA y está realizando el Observatorio de Políticas Culturales, si bien haber circunscrito el estudio al libro editado en Chile acota en exceso el análisis, toda vez que el libro importado (que suele concentrar buena parte de los títulos más vendidos) es de un precio sensiblemente superior. Todos quienes hemos tenido la oportunidad de adquirir libros en el exterior (Argentina, España o México, por poner unos ejemplos), solemos llegar a una misma conclusión basada en la observación directa: aun restando el 19% del precio al libro importado, el precio de este es superior en Chile frente a cualquiera de los otros países por el mismo ejemplar.

De los estudios antes mencionados se puede concluir, además, algo que no es ninguna novedad: cuanto mayor el nivel socioeconómico y mayor capital cultural de las personas, mayor es el número de libros que leen y compran. Que esto solo venga a ratificar una obviedad, no debe sesgar nuestra respuesta ante la pregunta sobre quiénes serían los principales beneficiarios de una eventual reducción o eliminación del IVA. Todo indica que serían los actuales lectores, es decir, sería un beneficio tributario aprovechado -principalmente- de manera directa por las personas de mayores ingresos del país.

Un argumento que suele ser usado por quienes defienden un IVA diferenciado para los libros es que una reducción en su precio de venta, generaría un efecto virtuoso sobre el mercado de los lectores, ingresando a éste personas que antes por barreras económicas no podían hacerlo. Sin duda, ello podría ocurrir, pero las cifras antes mencionadas sugieren sería un número relativamente marginal respecto de quienes hoy ya compran libros.

En el país se instaló con fuerza el 2011 el debate sobre la necesidad de llevar adelante una reforma tributaria que permita al Estado financiar los desafíos en educación, salud, previsión y otros ámbitos que el país requiere enfrentar. Como planteó Claudio Agostini, el ejercicio pasa no solo por aumentar los ingresos a través del alza de las tasas impositivas, sino por revisar un conjunto de exenciones, franquicias y mecanismos vigentes y legales que hacen que el Estado recaude menos de lo que le correspondería a las actuales tasas. Un IVA diferenciado para el libro, pareciera ir en sentido contrario a lo que el país demanda.

 

Si Chile requiere aumentar sus niveles de lectura, más que centrarnos en una discusión por momentos talibana sobre el IVA, convendría debatir sobre la políticas públicas que debiera impulsar el Estado para hacerse cargo del poco tiempo que tenemos para leer o –cuando tenemos tiempo- el escaso interés que nos genera leer. Políticas que podrían, por cierto, ser financiadas con el IVA recaudado por la venta de libros en el país. No manejo información respecto de cuánto recauda el Estado por este concepto, pero mi hipótesis es que es superior a lo que invierte en las bibliotecas públicas, escolares y el Fondo del Libro para desarrollar la lectura en Chile. 

Finalmente, de eso se trata: de saber distinguir que una cosa es fomentar la industria del libro en el país y otra es fomentar la lectura.