23 de noviembre de 2011

Vint Cerf, Internet y derechos civiles: una conversación sobre democracia


Vint Cerf, considerado uno de los padres de Internet por ser uno de los inventores del conjunto de protocolos TCP-IP, base de la comunicación por Internet, estuvo en Chile. Si entendemos el surgimiento de Internet como un proceso colectivo de invención, bien podríamos decir que Cerf es uno de los “Gutenberg” de la red. 
Ayer participó en una charla en la Universidad de Chile, oportunidad en la cual abordó algunos temas centrales para el desarrollo de una mirada nacional sobre políticas públicas en el ámbito digital. Entre ellos, el ejercicio y respeto de nuestros derechos civiles en Internet.
 
Este tema, que suele estar ausente o poco relevado de los debates locales sobre Internet y la necesidad de impulsar su penetración en el país, es fundamental para decidir qué tipo de sociedad y democracia queremos construir. Cerf planteó que así como existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya aprobación se remonta a 1948, un mundo en el que no existía Internet, es necesario pensar que correlato tienen en las redes esos principios. 
 
La respuesta sencilla es que, independiente de la calidad y naturaleza de los espacios (presenciales o virtuales), esos derechos deben ser respetados y su vigencia no cambia. Sin embargo, poner en tensión esta primera aproximación, implica reconocer que en los ambientes digitales, hay ciertos escenarios que en el mundo presencial no ocurren y que, por lo tanto, se requiere una revisión de las definiciones de los derechos humanos para ver cuán necesaria es su actualización y adaptación a los nuevos contextos, así como reconocer lo que algunas organizaciones a nivel mundial han denominado los derechos humanos emergentes.
 
Toda simplificación implica caricaturizar la realidad, perdiendo la riqueza de los matices. Pero en este caso bien podríamos afirmar que nos estamos moviendo de un mundo de limitaciones, de fronteras físicas, donde los estados están llamados a respetar y hacer respetar los derechos civiles de todas las personas, hacia un mundo que no reconoce territorios, en el que por debajo de los tratados de libre comercio y de integración que los antiguos estados firman para asumir el desafío, fluyen otras lógicas de más difícil aprehensión: la de las personas para entrar en contacto, organizarse, colaborar y cooperar más allá de lo que sus respectivas autoridades sugieren, facilitan o intentan impedir. Es el mundo hiperconectado, del cual aún la mayoría de la población mundial está ausente, pero que ya comunica a varios miles de millones de personas.
 
Elemento clave de esta interconexión son las plataformas que la facilitan. Facebook, Twitter, You Tube, los servicios gratuitos de correo web, chat o telefonía sobre Internet, son algunos ejemplos. Sobre ellos y a partir de ellos, ejercemos –entre otras cosas- nuestros derechos y deberes ciudadanos. Suelen referirse a la Web como la nueva plaza pública. No estoy seguro cuán clara sea esa metáfora, porque todas las plataformas que mencioné son, en última instancia, espacios que tienen propietarios y cuya misión fundamental (más allá de los slogans que puedan acuñar y saber vender) no busca defender nuestros derechos. Buscan hacer sustentables sus modelos de negocio. Si ocurre la feliz coincidencia que apoyen nuestras libertades es porque en algún momento éstas entraron a formar parte del polinomio que hace rentable su lógica de servicio.
 
La propuesta de Cerf, la de analizar y construir una declaración universal de los derechos humanos en entornos digitales no es, entonces, una tarea menor y sin relevancia. Es una obligación democrática que todo Estado que se diga respetar las libertades ciudadanas debe enfrentar. Y no es algo que podamos dejar para nuestros hijos y nietos. Hoy sus derechos y deberes ya se juegan, en parte, en estos nuevos escenarios en los que las buenas voluntades expresadas en la declaración de 1948 pueden estar quedándose cortas.
 
¿Cómo estamos en Chile? En los últimos años hemos empezado a abordar el desafío. La nueva ley de Propiedad Intelectual y la ley de Neutralidad en la Red (la primera de su tipo en el mundo) así lo demuestran, pero no son suficientes. Más cuando algunos derechos básicos aún siguen, en el mundo analógico, frágilmente sustentados en legislaciones que no frenan prácticas que los ponen en peligro permanente para grupos específicos de la población o, incluso, amplios sectores de ésta.
 
La conversación sobre Internet en Chile (y en cualquier parte del mundo) no es un tema de tecnología. Es una conversación de democracia. O así al menos lo sugirió uno de sus padres.

* Entrada publicada originalmente en elquintopoder.cl

18 de noviembre de 2011

Clics y urnas


Finalmente, vivimos en América Latina y el ciberactivismo requiere de conexión (y vamos por el 30%); exige saber escritural y linkear para poder hacer sentido en la red (y somos orales más que escriturales); pide creer en la democracia y la norma colectiva (y somos una cultura donde el yo-familia se impone sobre el colectivo-sociedad); es para una cultura política otra (y nos regimos por intereses y saberes religiosos, familiares y clientelares). Por ahora, seguirán ganando las elecciones los que invoquen a Dios, amen la familia, tengan base clientelar, crean en la patria y ganen el gesto televisivo. El límite más importante al ciberactivismo está en que nuestra cultura política no está hecha de los valores de internet; estamos en otra creencia.
A comienzos del siglo xx, político era quien escribía y publicaba en la prensa (y todavía lo sigue siendo hoy); hacia la mitad del siglo xx, político era quien tenía oratoria sublime y retórica emocional (y todavía lo sigue siendo hoy); hacia los 80 del siglo pasado, político era quien jugaba a la apariencia y ganaba en la seducción televisiva (y todavía lo sigue siendo hoy); a comienzos del siglo xxi, político es quien sea entretenedor y siga las ideas de las encuestas (y es nuestro momento); hacia los años 20 del siglo xxi, político será quien domine las redes sociales pero interviniendo en la prensa (porque allí seguirá estando la opinión ilustrada), usando la radio (porque allí seguirá estando lo popular), haciendo el gesto televisivo (porque la masa seguirá pasando por ahí), alegrando a tiempo completo (porque la sociedad quiere ser entretenida).
Un par de citas de la certera reflexión de Omar Rincón sobre porqué Antanas Mockus ganó en Internet pero perdió en las urnas en las últimas elecciones presidenciales en Colombia, un efectivo antídoto ante tanto evangelizador de la política 2.0 que empieza a abundar. Varias cadaunadas he dedicado al tema y conforme más conozco las lógicas de los medios sociales, más desconfío que por sí solos sean capaces de provocar cambios de fondo en la distribución del poder. 

¡A otro perro con ese clic! 

9 de noviembre de 2011

Gobierno electrónico y participación ciudadana


A fines de octubre, empezó a circular en las redes el “Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2011-2014”. Un documento fundamental, porque permite entender cuál es la apuesta del gobierno y ajustar las expectativas en este ámbito. Esto es algo que quienes estamos interesados en las políticas públicas de desarrollo digital de Chile estábamos esperando desde que se hiciera público que este componente fue traspasado de la Estrategia Digital del Ministerio de Economía al Programa de Modernización del Estado del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.
Desde la década de los noventa, el Estado de Chile inició su camino en la integración masiva de tecnología para modernizar su gestión y, sobre todo, facilitar la relación con la ciudadanía. No es el objetivo de esta entrada hacer un recuento histórico, pero baste mencionar que desarrollos como el del Servicio de Impuestos Internos, el portal de compras públicas y el portal ChileClic, son solo la punta de un iceberg que permitió al país ponerse a la vanguardia regional y mundial en gobierno electrónico. Su definitiva instalación como política pública se tradujo hace años en la implementación de un PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión) de Gobierno Electrónico, destinado a que de manera gradual todas las reparticiones públicas se fueran sumando a una forma de hacer las cosas que obliga a repensar servicios, diseñar nuevos procesos y desarrollar capacidades humanas y materiales para optimizar la interacción entre las personas y el Estado a través de Internet.

El Plan que ahora presenta el gobierno (y que pueden revisar en detalle al final de esta entrada) viene a dar un nuevo impulso a partir de una propuesta que, en lo sustancial, está bien orientada sobre tres ejes: gobierno centrado en el ciudadano; gobierno abierto; y gobierno eficiente. En cada eje, el documento enuncia un conjunto de iniciativas que cubren las distintas dimensiones que “a estas alturas del partido” se espera de una política pública de gobierno electrónico. No por ello deben dejar de destacarse algunas decisiones estratégicas que permiten abrir líneas en las que el Estado de Chile había avanzado poco o no habían sido aún abordadas. En lo particular, destaco la integración del concepto de gobierno abierto y una apuesta transversal por explorar en un doble sentido la relación entre el plan y la participación ciudadana.

Respecto del gobierno abierto, junto con reconocer la capacidad creativa de las personas para aportar a la solución de problemas de interés público, se asume que en un país en el que ya más de la mitad de las personas tienen acceso a Internet, a través de esta conexión los ciudadanos demandan mayor transparencia de los órganos estatales y mayores de canales de participación. La mirada más tradicional del gobierno electrónico concibe al ciudadano como un sujeto pasivo, que se beneficia de la “modernización de la relación” a través de la simplificación y más expedito acceso a los servicios del Estado. El gobierno abierto es, por el contrario, reconocer que el ciudadano es un actor protagónico en la construcción de las soluciones y la búsqueda de respuestas. En este sentido, destaco dos proyectos ya en marcha, si bien en etapas aún muy iniciales: el Portal de Datos Públicos del Gobierno de Chile, que liberará información administrativa desarrollada por los servicios públicos para que pueda ser reprocesada e interpretada por organizaciones y personas directamente; y el sitio Ideas para la Modernización del Estado, espacio que aspira a constituirse en una especie de incubadora de proyectos orientados a modernizar el aparato público a partir de propuestas ciudadanas. Hay en estos espacios oportunidades concretas para que la ciudadanía desarrolle procesos de apropiación de la labor del Estado.

La otra dimensión del Plan que destaco es la incorporación de la participación ciudadana de forma transversal en un doble sentido. No solo en el eje de gobierno abierto, su espacio natural dentro de este diseño (reconociendo, entre otras cosas, la oportunidad que presenta la Ley 20.500 y cómo puede la tecnología apoyar su implementación), sino en cómo se abren los espacios para que las personas se involucren en el desarrollo del Plan. Un ejemplo es la liberación de la versión alpha del Portal de Servicios del Estado, destinado a reemplazar ChileClic, y que está abierto a recibir retroalimentación de la ciudadanía, incorporando a los usuarios del portal en el codiseño final del espacio. Al igual que en el caso de gobierno abierto, de una adecuada difusión de estas oportunidades depende que la invitación se convierta en una efectiva herramienta de mejoramiento del quehacer del Estado.

El "Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2011-2014" hay que leerlo, entonces, como una hoja de ruta que despeja muchas incógnitas y comparte una mirada. Que en esa mirada la idea de participación ciudadana sea tan central es un gran acierto. Sin embargo,  que esta manifiesta voluntad de abrir los espacios de creación y acceso al Estado se materialice, depende -a mi juicio- de dos factores que en el documento no son abordados.

En primer lugar, y dado el horizonte temporal que se plantea (2011-2014), llama la atención la ausencia de una cartera de proyectos definidos, con plazos de ejecución delimitados, responsables claros y volúmenes de inversión contemplados. Se mencionan, a lo largo del documento, proyectos en curso o ideas que se espera desarrollar, pero no está claro en qué punto se encuentra cada una de ellas, algo relevante, toda vez que buena parte de lo que se pretende hacer depende de las siempre complejas coordinaciones intersectoriales del Estado. Quedan poco más de dos años de gobierno y el plan es ambicioso. ¿Podrá realizarse todo lo que en él se plantea?

Y en segundo lugar, este Plan no explicita cómo el gobierno electrónico se relaciona con los otros componentes de la antes denominada Estrategia Digital. A modo de ejemplo, por mi experiencia de casi una década en el programa BiblioRedes, soy de los que cree que en países como Chile, que aún tiene niveles de exclusión digital relevantes que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, la promesa implícita en el gobierno electrónico (un Estado que logra mediante la tecnología construir mayor equidad a través del acceso a sus servicios y beneficios) puede ser inalcanzable para muchos. En especial para aquellos que aún carecen de las competencias digitales e informacionales para hacer un uso estratégico del gobierno electrónico para mejorar su calidad de vida; o para aquellos que su “acceso” a Internet aún se traduce en un turno en un computador en espacios como las bibliotecas públicas, los telecentros o los cibercafés. 

Toda política pública debe explicitar cómo y cuándo la población beneficiada podrá acceder a ella, participar y recibir sus beneficios. En el caso del gobierno electrónico, los beneficiarios somos todos, por lo que en su diseño debe tener resuelto el acceso universal de la población, evitando perpetuar o fomentar nuevas lógicas de exclusión. Hasta el momento, en base a la información pública, no está claro si los dos factores que planteé están debidamente contemplados en el despliegue del Plan. 

* Entrada publicada originalmente en elquintopoder.cl

6 de noviembre de 2011

¿Por qué se cerró la Estrategia Digital del Gobierno de Chile?

Hace justo un mes, cuando se hizo público el proyecto de ley de presupuesto presentado por el gobierno ante el Congreso, publiqué una entrada sobre el fin del Programa 070106 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (“Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”), que entregaba recursos a la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital. Me parecía una señal que debía relevarse, más en el plano simbólico que en el de los recursos reales que dejarán de dedicarse al tema. Nunca fue un programa que manejara grandes presupuestos y parte de sus fondos ya habían sido traspasados este año al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para reformular y potenciar el desarrollo de gobierno electrónico (que sí se mantendrá el 2012). Pero era un programa orientado a definir la mirada estratégica del Estado en el ámbito, coordinando a todos los actores (públicos y privados) y diseñando planes en todos los frentes del desarrollo digital del país (uno de los cuales es el gobierno electrónico, pero no el único).

Dicen que la curiosidad mató al gato, por lo que, haciendo uso de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, envié una consulta al Ministerio de Economía, solicitando recibir en formato digital “todos los informes y resoluciones que fundamentaron la cancelación del programa 070106”. El miércoles pasado me llegó el mail con la respuesta, un oficio firmado por el subsecretario (s) de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Eduardo Escalona, y que pueden revisar en detalle al pie de esta entrada.

Les hago el resumen. El Programa Multifase de Fortalecimiento de la Estrategia Digital en Chile tuvo en su origen financiamiento a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un presupuesto total de US$ 18.9 millones, de los cuales US$ 12.8 fueron un aporte del BID y el resto aporte del Estado de Chile. Indica la respuesta del Subsecretario que este programa concluyó en enero de 2011 y que el gobierno tomó la decisión de traspasar el componente de gobierno electrónico a la Segpres. Como antecedente adicional, se indica que se destinarán recursos el 2012 ($ 450 millones) en el presupuesto de la Subsecretaría para apoyar “las políticas de la Estrategia Digital en Chile”, aunque no se informa en que se invertirán esos fondos. Por último, se anexa copia del oficio que formaliza ante el Ministerio de Hacienda el traspaso del componente de gobierno electrónico y la ficha de definiciones estratégicas 2012-2014 de éste.

Por lo tanto, de la respuesta se desprende que el único fundamento en la decisión de cerrar el programa fue que se terminó el financiamiento del BID. Si el programa a cargo de coordinar como se define, ejecuta y sostiene el proceso que define las políticas públicas que permitan a Chile insertarse en la Sociedad de la Información se cierra por esa razón, estamos mal, muy mal. Y los estamos por dos razones, principalmente.

La primera. El crédito del BID –como bien indica el nombre formal- era “multifase”, siguiendo una lógica del Banco que permite acceder a nuevos financiamiento previa evaluación de las etapas anteriores. Lo que se cerró en enero fue su primera fase, pero desde hacía varios años se habían iniciado ya las conversaciones para entrar en la fase dos, con nuevos recursos del Banco. Estas gestiones estaban bien encaminadas, sobre la base de la buena evaluación que el BID tenía de lo realizado en la primera fase.

Y la segunda razón, sin duda la más compleja, es que el gobierno cuyo presidente prometió en su campaña liderar la revolución digital de Chile, le quitó toda la prioridad política a la estrategia digital. De hecho, no deja de ser un triste guiño que la respuesta ante la consulta haya llegado de un ministerio que estaba destinado a convertirse en el Ministerio de Innovación, Emprendimiento y Desarrollo, pero que ahora se limita a informar –en lo central- que la mayor parte de los recursos han sido traspasados a otro ministerio. Por lo demás, si la “revolución digital” dependía de un crédito del BID que el Estado de Chile decidió no llevar a una nueva fase, más bien recuerda en su espíritu a la acotada reforma agraria impulsada por el gobierno de Jorge Alessandri, que por su escaso impacto en la redistribución de la riqueza en el campo chileno fue conocida como “la reforma del macetero”.

Mientras esto ocurre, la clase política nacional, los medios de comunicación, la ciudadanía en general y la empresa privada, siguen enfrascados en resolver problemas sin duda más urgentes, pero sin hacerse la pregunta sobre cómo puede la tecnología contribuir a encontrar las respuestas para las preguntas que definen el país que queremos para el siglo XXI. La estrategia digital no es un tema de hardware, software y conectividad, es una manera de enfocar lo que vamos a entender por democracia, ciudadanía y desarrollo equitativo, inclusivo y sustentable en un mundo hiperconectado.


* Entrada publicada originalmente en elquintopoder.cl