¿Requiere Chile una ley de bibliotecas públicas?

El miércoles 2 de noviembre participaré en una mesa redonda sobre bibliotecas públicas en el marco de la XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología, organizada por el Colegio de Bibliotecarios de Chile. Conversaremos sobre la pregunta que titula esta entrada y como parte de la preparación de mi intervención he publicado la encuesta "sui generis" que está debajo. No pretende ser una encuesta científica ni que la muestra de personas que la respondan sea representativa. Más bien, sus resultados pretendo usarlos para lanzar algunas reflexiones a partir de algunas frases tipo que en mis años trabajando en bibliotecas públicas escuché. Invito a responderla y, si quieren, compartirla en las redes. ¡Gracias ;-)!

Sobre parlamentarios con iPad y marasmos digitales

Imagen: rahego / Licencia CC

Y claro, nuestra clase política está tan desprestigiada, que cualquier cosa puede avivar las llamas de la siempre prendida indignación ciudadana. Hace unas horas, la causa fue la noticia sobre la adquisición de iPads para los diputados. En Twitter pronto saltaron las dudas sobre su real utilidad en manos de los honorables; los epítetos sobre el gasto de recursos públicos, que mejor serían ocupados pagando no sé cuántas carreras universitarias a estudiantes de escasos recursos; las bromas sobre los posibles usos que los parlamentarios harían de estos dispositivos. Todo un caudal de discusión pública (¿?), interesante como una expresión más de un fenómeno (el descrédito de la política, un invento de la dictadura que goza de excelente salud tras veintiún años de avances “en la medida de lo posible”) pero que, nuevamente, releva lo desaparecido que está de la agenda nacional el debate sobre la dimensión digital de nuestro desarrollo.

Chile está por estos días enfrentando las preguntas claves sobre el país que queremos. Hace ya tres décadas, las respuestas impuestas marcaron una línea de desarrollo que hoy está fuertemente cuestionada, porque las mejores tasas de crecimiento económico de toda nuestra historia no se han traducido en un país con mayores niveles de equidad e integración social. Todo lo contrario. Se habla de reforma tributaria, de fin al sistema binominal, de una nueva constitución, de cómo logramos que la ciudadanía tenga acceso permanente a espacios de participación y de deliberación vinculante para los procesos de toma de decisión en las grandes líneas del pacto social.

Pareciera, sin embargo, que esa discusión estuviera ocurriendo en un mundo analógico. Los diversos actores que copan las principales tribunas en el debate ignoran (quiero creer que por desconocimiento) el aporte profundo que los procesos sociales de apropiación de la tecnología pueden significar a la construcción de un país más abierto y diverso.

En este contexto, lo más fácil es disparar contra el gobierno y acusarlo de haber restado toda prioridad al desarrollo digital del país. Pero sería un ejercicio incompleto e injusto. Las posturas de otros actores (en realidad, la ausencia de ellas) son necesarias para completar la escena.

En el parlamento  no existe lo que podríamos etiquetar como “bancada digital”, que levante la prioridad política del tema. En la actual discusión presupuestaria, ningún representante ha puesto en la mesa la conveniencia o no de los recursos destinados al área. Por extensión, la clase política extra parlamentaria, con unas pocas excepciones, no hace suya esta bandera. Por su parte, en los medios de comunicación, la tecnología suele estar reducida a reseñas de dispositivos y notas superficiales sobre redes sociales y los contenidos que en ellas circulan. Abundan los infomerciales y escasean los análisis e investigaciones en profundidad. Las empresas del sector, entre iniciativas de responsabilidad social y reclamos por políticas públicas erráticas que no generan incentivos para el desarrollo del mercado, esconden su paupérrimo aporte a la inversión nacional en I+D. La academia, en su conjunto, ensimismada en un modelo de gestión que la obliga a buscar la autosustentabilidad, mantiene una peligrosa distancia de la discusión pública en este tema.  Y en la denominada sociedad civil organizada la incorporación de tecnología para el logro de sus objetivos suele estar imbuida de un entusiasmo voluntarista que le sería intolerable en otras dimensiones de su quehacer.

Es cierto. El párrafo anterior es lapidario, ve el vaso medio vacío y no hace justicia a aquellos que desde hace tiempo y desde sus espacios bregan por posicionar un concepto clave que hoy bien resumió Claudio Gutiérrez: “la tecnología es un asunto social, no (solamente) técnico. Que tecnología no son objetos, sino sobre todo procesos sociales, sujetos (muchos sujetos) creando”

¿Qué podemos hacer quienes nos desempeñamos en el ámbito para cambiar esta situación? Esa era la pregunta que buscaba provocar una conversación en la que participé la semana pasada.  Mi propuesta es sencilla, pero requiere de compromiso y de una clara voluntad por participar en la discusión pública (lo que implica tomar posiciones, algo "más complejo" que compartir mensajes de 140 caracteres):

• Aunar miradas, evitando simplificaciones, sobre cómo y cuánto aporta o puede aportar el desarrollo digital de Chile en la construcción del país que queremos. La jerga técnica debe ser traducida a ejemplos concretos que permitan a cualquier persona comprender por qué este es un tema crucial en su calidad de vida y la de sus hijos, y por qué debe importarle participar en las definiciones.
• Usar intensivamente y de manera intencional nuestras tribunas, abriéndolas a audiencias y sectores de la ciudadanía hoy ajenas a esta conversación. Hay que sacar esta discusión del reducido y poco visible nicho en que se mueve actualmente.
• Exigir a nuestros representantes (o los candidatos que busquen nuestro voto) se pronuncien, dando a conocer su visión y propuestas digitales. Ejerzamos nuestra ciudadanía, fiscalicemos a nuestras autoridades y hagámoslo, de paso, a través de medios en línea hoy disponibles.

Vuelvo a la anécdota del día. Lo importante no es que los parlamentarios vayan a tener iPads a partir de ahora. De hecho, creo que es una decisión acertada. Lo fundamental es si, a través de ellos, su desempeño mejora y, entre otras cosas, logran identificar que al ritmo que vamos nos estamos quedando rezagados. Ojalá los reciban antes de que termine la discusión sobre el presupuesto 2012. En una de esas, la inexperiencia usando la pantalla touch los lleva por equivocación a las partidas correctas y convocan una conferencia de prensa para exigir mayor prioridad al área. A estas alturas, incluso un saludo a la bandera es un gesto inconmensurable para salir del marasmo que afecta a nuestro desarrollo digital.


Actualización 21 de octubre. El previsible final de la anécdota: la Cámara de Diputados decidió no adquirir los dispositivos. Un verdadero triunfo (?) de las redes sociales. Me pregunto que ocurrirá el día que la ciudadanía objete a los parlamentarios sus compras de lápices y papel.

Entrevista en CNN Chile

Comparto la entrevista que en la noche del miércoles Christian Pino me hiciera en CNN Chile. elquintopoder.cl, medios sociales, participación ciudadana y democracia fueron los temas, entre otros, sobre los que conversamos.

Internet en Chile: marginaciones en un país que envejece

Internet está generando sus propias exclusiones. Bajo el slogan del potencial democratizador que la Red tiene para aquellas sociedades que avanzan en la masificación del acceso a ella, se esconden diversas formas de segregación. Estos procesos de exclusión son paradójicos, porque se dan en contextos en los cuales aumentan los porcentajes de penetración de Internet y la adopción de usos cotidianos de tecnología se extiende incluso hacia los grupos más desfavorecidos.

En The Deepening Divide, Jan van Dijk analizó estos procesos en países con altas tasas de penetración. Así, comparando las cifras de Holanda y Estados Unidos hacia mediados de la década pasada, países que en aquellos momentos tenían ya a la inmensa mayoría de sus habitantes conectados a Internet, llegó a la conclusión que aquellos grupos que más tempranamente adoptaban las innovaciones tecnológicas, obtenían mayor provecho de éstas y aumentaban su distancia en diversos indicadores de calidad de vida respecto de aquellos grupos que las adoptaban más tardíamente. Es decir, aumentaban las tasas de usuarios, pero también aumentaban las brechas entre quienes estaban conectados.

En Chile, el número de usuarios de Internet crece. Si bien seguimos estando entre los países con mayor penetración en América Latina, comienzan a aparecer algunas señales que indican que estaríamos llegando a cierta meseta, mientras otros países de la región están creciendo a tasas más altas (aunque aún con menores niveles de penetración).

¿Cuáles son las razones principales que hoy impiden a una persona no ser usuaria de Internet en Chile? Frente a quienes apuntan que es el acceso de infraestructura (computadores y conectividad), la versión 2011 del estudio WIP-Chile, elaborado por la Universidad Católica y centrado en una muestra de habitantes del Gran Santiago, mostró que la principal razón esgrimida por los no-usuarios es no saber usar Internet y confundirse con la tecnología (35%), seguida por la falta de interés y no encontrarle utilidad (22%). Al revisar la tendencia, se comprueba que entre 2006 y 2010, la falta de conocimiento o la dificultad para usar la tecnología casi se ha doblado, pasando del 20 al 35% (mientras en las otras respuestas, salvo la falta de tiempo, los porcentajes han caído o se han mantenido estables).

El mismo estudio estableció además que en el grupo entre 35 y 44 años se cruzan las dos líneas: por debajo de esa edad, son más los usuarios que los no usuarios, y por encima abundan más los no usuarios. El 71% de las personas entre 45 y 54 años se declararon no usuarios de Internet, mientras en el grupo entre 55 y 64 la cifra llegó a un 81%.

Estas cifras podríamos entenderlas como normales, expresión lógica del desencuentro generacional entre aquellos que nacieron o alcanzaron a educarse en un mundo de computadores personales e Internet, y aquellos que no. Si fuéramos un país con una pirámide poblacional de base muy amplia, podríamos incluso afirmar que es cosa de tiempo hasta que desaparezcan estas brechas. Sin embargo, Chile es un país de envejecimiento avanzado y de mantenerse las tendencias actuales, en el año 2025 por cada 100 adultos mayores existirán 100 menores de 15 años. En otras palabras, es posible proyectar que muchas de las personas que hoy no son usuarias de Internet en Chile sigan viviendo por un largo tiempo y, salvo que se realizan acciones en ese sentido, seguirán encontrando las mismas barreras de acceso que hoy tienen para dar el salto.

El acceso a tecnología (a Internet, en particular) está reconfigurando nuestras sociedades. La vieja lógica del control de los medios de producción como fuente de la riqueza y de ubicación en la escala social se mantiene. Pero en la actualidad estamos ante una transición respecto de cuáles son los medios de producción que generan poder. Si en la sociedad industrial eran los medios de producción de bienes, hoy cada vez más son los medios tecnológicos de producción de información los que generan riqueza. Quienes tienen acceso, se apropian de ellos y les dan usos estratégicos, logran mejorar su participación en la sociedad (según el modelo de van Dijk).

Ante este escenario, cabe preguntar en qué se encuentran los programas de alfabetización digital en el país. Durante la década pasada, un amplio abanico de iniciativas públicas y privadas pusieron su foco en el desarrollo sostenido de programas de competencias digitales básicas en aquellos grupos etarios o socioeconómicos que no eran cubiertos por el sistema educacional. Más de un millón de personas pasaron por estos programas, implementados principalmente a través de las escuelas abiertas a la comunidad, las bibliotecas públicas y las redes de telecentros comunitarios. Pero a partir de cierto momento, de la mano de la despriorización de las políticas públicas ligadas al desarrollo digital, la alfabetización digital cayó en el olvido. Implícitamente se asumió que las brechas se cerrarían solas o por la inercia de las iniciativas que lograron sostenerse en el tiempo.

Las cifras antes mencionadas debieran, a lo menos, hacer revisar estas presunciones. Si nuestra sociedad envejece y la calidad de vida de los adultos mayores va adquiriendo, como debiera ocurrir, cada vez más importancia en las políticas públicas, una dimensión sustancial de esas nuevas prioridades pasa por cómo hacemos que ese grupo etario desarrolle procesos de apropiación de la tecnología y usos estratégicos de ésta.

Sin duda, ello implica pensar una estrategia más compleja, que parta de la alfabetización digital, pero incorpore otras alfabetizaciones (informacionales, mediales, etc). No se trata de fomentar el cliché de “los abuelitos que pueden mandarle un correo a sus nietos” (aunque esa motivación no es menor en muchas personas). Se trata de adultos mayores ejerciendo su ciudadanía en plenitud, participando activamente en la construcción de la opinión pública a través de los medios sociales; que logren maximizar su relación con el Estado en línea, ejerciendo sus derechos y deberes a través de plataformas en línea; que puedan encontrar en Internet una fuente de trabajo, de desarrollo personal y de formación de comunidades con personas con intereses y necesidades similares.

Internet, los medios sociales, parecen un reducto de los jóvenes y de unos pocos inmigrantes digitales. Pero en Chile, un país que envejece, romper esa imagen debiera ser un objetivo de política pública. De no ocurrir, hoy estamos dando forma a los grandes grupos de marginados de las próximas décadas.

El plebiscito que no fue

Creo en el plebiscito como mecanismo a través del cual las sociedades democráticas pueden someter al parecer de la ciudadanía soberana ciertas decisiones vinculadas a las grandes reglas del pacto social. Creo, también, en el potencial que el actual desarrollo de las tecnologías tiene para fortalecer y facilitar la participación ciudadana. Estas fueron las dos razones fundamentales que me llevaron a expresar mi opinión en línea a través del sitio www.votociudadano.cl en el marco del Plebiscito Nacional por la Educación del 6 y 7 de octubre.

Este Plebiscito es un acto simbólico y carece de cualquier carácter vinculante. Busca, como se indica en el blog de la iniciativa, “alcanzar una alta cifra de votantes a lo largo del país para demostrar al gobierno y  a los parlamentarios el apoyo que las demandas del movimiento por la educación generan y el interés de la gente por ser consultada”. Que un sector de la ciudadanía se haya autoconvocado es reflejo de lo horadada que está la legitimidad de nuestro sistema político formal. Por eso, ver a miles de chilenos ejerciendo un acto de plena ciudadanía, en el contexto de los ya cinco largos meses de movilizaciones sociales por la educación, es razón para alegrarse, pero al escribir estas líneas me mueve una cierta decepción. Articular esta iniciativa no debe haber sido sencillo y las organizaciones que están detrás de ella deben por ello recibir reconocimiento. Pero desde el derecho que me da el haberme sentido convocado y haber votado, comparto una reflexión sobre la pobre estrategia digital puesta en práctica. 

A lo largo del día he recibido comentarios que en algunas mesas no se habría solicitado el carnet para votar (pese a que está indicado en el Reglamento de Votaciones), confiando en que la persona al firmar en el registro no entregaría datos falsos ni estaría vulnerando lo indicado en el punto III.c. Por otro lado, entiendo que en ninguna mesa de las habilitadas a lo largo del país, se habría contrastado el RUN de la persona contra una base de datos en línea que se fuera alimentando en tiempo real con los RUN de aquellos que hubieran votado conforme fuera avanzando esta primera jornada. Nuevamente, se confió a las personas no vulnerar el compromiso solemne de no votar más de una vez (siguiendo lo indicado en el punto III.d del Reglamento).

Revisando los procedimientos de conteo de votos, no encontré ninguna instancia en que se cruzaran los registros de las distintas mesas, por lo que no hay forma de confirmar si una persona votó presencialmente más de una vez. Aunque hubiera existido, al realizarse en forma posterior al sufragio, no es posible anular ese voto en particular ya que la papeleta estaría mezclada con las del resto de los sufragios de esa mesa. Si se deseara eliminar ese duplicado, habría que eliminar completamente los sufragios de una de las dos mesas.

Así, el mecanismo presencial carece de validez para representar la opinión de la ciudadanía. No tiene tampoco valor como encuesta, ya que no se sometió al rigor metodológico que estas tienen y el sesgo de la muestra es más que evidente (no creo que quienes rechazan las demandas estudiantiles se hayan sentido invitados a votar). Y si el objetivo declarado era reunir a miles de personas como expresión del vigor del movimiento, la cantidad podrá ser puesta en entredicho fácilmente por no existir mecanismos de cotejo de registros de votantes entre las distintas mesas. ¿Qué valor comunicacional tendrá una cifra construida de esa manera?

Por otro lado, respecto del sufragio vía Internet, posible desde el 6 de octubre, durante buena parte del día de ayer y de hoy, el sitio ha estado inaccesible. En www.votociudadano.cl (aclaro que desde elquintopoder.cl hemos difundido el llamado a votar en esa plataforma) ha informado que están analizando las razones de la falla, siendo por el momento las dos explicaciones más plausibles un colapso por un número de votantes mayor del esperado, o algún ataque informático (denegación de servicio, por ejemplo). Sea cual sea la causa, ambos escenarios eran probables dada la masiva adhesión ciudadana al movimiento por la educación y, por otro lado, las furibundas reacciones en contra que en las redes ha desatado.

En el caso de la plataforma en línea, efectivamente es imposible votar dos veces (yo lo intenté), pero el problema de fondo es otro. Hace unos meses, la ciudadanía reaccionó indignada cuando se supo del monitoreo de las redes sociales por parte del Gobierno. Entre los argumentos que se utilizaron en aquel momento, uno de los principales fue que la legislación chilena impide la construcción de bases de datos de opiniones políticas, en las que se pueda ligar una opinión a una persona determinada. Sin embargo, eso está ocurriendo ahora, sin que nadie se pregunte por el uso que las organizaciones convocantes harán de esa información. ¿Qué tipo de análisis harán con las opciones que saben que yo marqué en cada una de las cuatro preguntas?

Hace unos días atrás escribí sobre la ausencia de estrategia digital en el Estado. La sociedad civil organizada refleja en este caso (por lo menos los grupos que convocaron el Plebiscito) que tampoco tiene una noción clara de cómo usar y aprovechar para sus propios fines las herramientas digitales. Y no es un problema de tecnología ni de costos. Las primeras están, los segundos son mucho menores de lo que se presumen y estoy seguro hubieran podido financiarse. Lo extraño es que el movimiento estudiantil -al igual que otras causas ciudadanas- ha sabido usar estratégicamente Internet y las redes sociales para sus fines, y en sus filas abundan futuros ingenieros que podrían haber resuelto de manera rápida el desafío operativo.

¿Cuál es el simbolismo que se espera lograr? ¿Serán más los votantes que las personas convocadas a las marchas más masivas, que llegaron a reunir en un solo día 500 mil personas en todo el país? ¿Será la aprobación de las posturas del movimiento superior a esas encuestas que le entregan 80% de respaldo ciudadano? Y si es así, ¿que validez tendrá ese porcentaje?

Si me invitan a un partido de fútbol, espero encontrarme con algunas cosas: once jugadores por lado, una pelota, dos arcos, un árbitro, una duración del partido conocida y una cancha con ciertas demarcaciones. Podrán faltar los jueces de línea, la cancha podrá ser de pasto o de tierra, el ancho y el largo de ésta podrá variar e incluso los arcos podrán no tener malla. Pero seguirá siendo un partido de fútbol. Pero si al llegar me encuentro que vamos a jugar en la playa y que seremos seis contra seis hasta que nos cansemos, eso no será un partido de fútbol. Podré divertirme mucho, pero sería más apropiado hablar de una pichanga. Mi impresión es que el simbolismo debía, en este caso, haber ido de la mano de la rigurosidad. Y eso no se logró, porque cualquier balance final estará sujeto a una afirmación indesmentible: el Plebiscito no fue un plebiscito porque no cumplió con reglas básicas, en especial dos, garantizar "una persona un voto" y el secreto total del sufragio. Los grupos organizadores tenían a la mano la solución técnica que hubiera entregado esa seguridad, pero no optaron por ella, revelando que la incomprensión del mundo hacia el cual nos movemos atraviesa transversalmente ciertos grupos de nuestra sociedad.

En 1988, en plena dictadura y con tecnologías mucho más rudimentarias que las actuales, un grupo de personas se organizó para llevar un recuento paralelo de las votaciones del Plebiscito. En el corazón del centro de cómputos del comando del No, se alcanzaron cifras muy cercanas a las que finalmente fueron las oficiales. Permitieron anticipar la derrota de Pinochet y constatar que el régimen estaba escondiendo las cifras. Fue también un ejercicio de ciudadanía auto organizada, que supo hacer del uso de las herramientas de la época una ventaja para alcanzar su objetivo, como bien narra Eduardo Díaz.

Como votante en el Plebiscito Nacional por la Educación, me hubiera gustado ser parte de una hazaña similar estos días. No ocurrió y quizá (espero equivocarme) se haya “rayado la pintura” a la posibilidad de que algún día contemos en Chile con el plebiscito como herramienta en una democracia más plena.

¿Quién está entrando al callejón sin salida?

Cuando el Estado, que tiene el monopolio legal de la violencia, fuerza a los movimientos sociales a entrar a callejones sin salida, uno se pregunta quien es realmente el que se encuentra atrapado en su propia lógica.

Comparto una cita del claro editorial publicado hoy por El Mostrador:

Solo así se explica que hoy exista una mesa de diálogo a la que todos llegan con las pistolas cargadas. El gobierno enviando leyes penales al Congreso, los estudiantes movilizados horas antes de conversar,  en marchas públicas.

Sin embargo, la lección es que si esta misma generación vuelve a ser derrotada y se va frustrada para su casa, será una victoria pírrica, tanto para el gobierno como para el Estado de Chile. Esa generación no tendrá ningún motivo de adhesión por las instituciones del Estado y dentro de 5 o 10 años se va a aplicar a demoler todo vestigio de lo que le moleste o no esté de acuerdo, sin consultar con nadie, por fuera de la política y sin mayor contemplación por los procedimientos legales. La victoria de hoy del gobierno puede ser la derrota estratégica del Estado mañana si prevalece el mensaje que, aparentemente de manera inconciente impulsa el gobierno: junten rabia.

En Chile ha habido un esfuerzo grande en el pasado, de todos los sectores, por dotar al sistema político de mecanismos de diálogo, que desactiven los automatismos de violencia que antaño lo llevaron a verdaderas tragedias sociales. Que llevaron no solo al Golpe de Estado de 1973, y  sus enormes secuelas de violencia inducida por agentes estatales, sino también a la primacía de las concepciones de que solo la lucha y la calle da lo que las leyes niegan en vastos ambientes juveniles. Porque el desafecto democrático nunca es unilateral sino también el resultado de una mala educación cívica práctica.

Ana Tijoux, en este tema en apoyo al movimiento estudiantil, pone la banda sonora que estamos escuchando en este callejón.

Chile: un país sin Estrategia Digital

* Esta entrada fue publicada originalmente en elquintopoder.cl

Como todos los años, la presentación del proyecto de ley de Presupuesto por parte del gobierno ha empezado a generar análisis y contraanálisis desde distintos sectores. Todos con el adjetivo a flor de labios, ora para destacar sus bondades, sugiriendo que Chile será otro país tras el fin de su ejecución en diciembre de 2012, ora para relevar las inconsistencias entre las promesas presidenciales y los recursos que para cumplirlas se disponen. 

Ni tanto ni tan calvo. Los presupuestos del Estado se deben analizar en el marco de tendencias. Un año no cambiará nada. Las políticas públicas, aquellas que generan transformaciones de largo plazo, son ejercicios plurianuales y que dejan instaladas, tras el esfuerzo inicial, líneas de financiamiento sostenidas y sostenibles en el tiempo. El presupuesto fiscal es la expresión financiera de las voluntades políticas de un gobierno. Quienes trabajan en el Estado lo saben: aparecer, aunque sea en una línea del proyecto de ley, es garantía de respaldo y proyección. No aparecer es casi sinónimo no existir en un mundo dominado por un lenguaje de glosas, partidas, títulos y subtítulos.

La propuesta presentada por el gobierno al Congreso trajo, para quienes creemos en la necesidad de fortalecer la dimensión digital del desarrollo nacional, una muy mala noticia: el país se quedó sin Estrategia Digital. Sí, el Programa 070106 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (“Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”) y que entregaba recursos a la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital, fue eliminado. 

En el medio hace meses se sabía de la dificultades que estaba enfrentando la Estrategia Digital al interior del Gobierno, que entre otras cosas provocaron la renuncia de Alfredo Barriga, el primer y quizá último Secretario Ejecutivo de la Estrategia durante este gobierno, quien no contó con las herramientas para revertir lo que él mismo denominó,  al hacer un balance público (sin ninguna autocrítica, por cierto) a su gestión, “la cruda realidad del Agenda Digital en Chile”.  Meses antes, el gobierno decidió potenciar la línea de gobierno electrónico, trasladando equipos y fondos al programa de Modernización del Estado en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aunque tal como grafica el presupuesto solicitado para el 2012 ello no implica invertir más recursos. Lo que en aquel momento fue un rumor, ahora se confirma: tras dejar a la deriva los otros componentes del programa, el 31 de diciembre serán cerrados o transferidos a otras reparticiones. Nada de esto está claro, porque no ha habido comunicación pública, salvo lo ocurrido con gobierno electrónico.

El cierre del programa de la Estrategia Digital marca un hito. El Estado de Chile inició durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle un proceso masivo de incorporación de tecnologías, con especial atención en la puesta en línea de trámites públicos para facilitar la interacción con el ciudadano. Durante el gobierno de Lagos, este esfuerzo centrado en la gestión propia del Estado, dio paso a una ambiciosa Agenda Digital. Esta cubría diversos ámbitos, entre otros, la masificación del acceso de las personas a computadores e Internet y su desarrollo de competencias digitales, incentivos para el fortalecimiento de la industria de tecnologías de información y comunicación en el país, y la profundización del e-government. Se nombró, además, al primer CIO (Chief Information Officer) que tuvo el Estado, el entonces subsecretario de Economía, Alvaro Díaz, pero quedó pendiente el desafío de institucionalizar la labor, sostenida en buena medida por la firme voluntad presidencial en este ámbito. Precisamente, es durante el gobierno de Michelle Bachelet que se avanza en esa dirección, a través de la consolidación  del programa de la Estrategia Digital, que lanzó el plan 2007-2012. 

Fruto de este largo ciclo que cubre tres gobiernos son, entre otras iniciativas destacadas a nivel mundial, la declaración y pago de impuestos en línea que lideró el SII; el portal Mercado Público (originalmente, Chilecompras); el portal Chile Clic; los programa Enlaces (iniciado durante el gobierno de Aylwin) y BiblioRedes; los subsidios que la Subtel entregó a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que permitieron llegar con conectividad a las zonas más remotas del país; y la instalación gradual de un PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión) de Gobierno Electrónico, cuyo objetivo final es que todos los trámites y procesos internos del Estado que puedan estar en línea, lo estén.

No obstante, como en su momento destacara Alejandro Barros, uno de los cuatro secretarios ejecutivos de la Estrategia Digital durante el gobierno de Bachelet, “los temas TIC no son tema” y en el país el Estado sigue siendo el principal poder comprador de tecnología. El menor peso político hacia fines de la década pasada, terminó por restar prioridad al desarrollo digital en las políticas públicas.

En este contexto, las promesas de campaña de Sebastián Piñera, enunciadas en la cena anual de la ACTI (la asociación gremial del sector) el 2009, llamaron la atención y dieron pie para pensar que en este gobierno el desarrollo digital sería una prioridad presidencial.Incluso, convencido el candidato de dar un salto sustancial, apostó por crear una nueva institucionalidad, convirtiendo el Ministerio de Economía en un Ministerio de Innovación, Emprendimiento y Desarrollo. Cuando aún no se cumplen dos años de la gestión, no solo eso no ha ocurrido, sino que se decide poner fin a la institucionalidad heredada sin crear una alternativa, en momentos que nuestra ubicación en los rankings internacionales en la materia empieza a caer y la necesidad de un mayor impulso es evidente. Repasar las otras promesas es un ejercicio amargo, al constatar que muchas de ellas no avanzaron más allá de la diapositiva del PowerPoint  (partiendo por la gran apuesta, el subsidio a la demanda de computadores y conexiones domiciliarias en Internet, que aseguraría que cada familia de Chile tendría acceso permanente y de calidad en sus propias casas al término de su gobierno).

Hace un tiempo, con un grupo de amigos escribimos una carta en la que afirmamos que “el futuro de Chile será digital o no será”. Hoy, cuando las diversas desigualdades que nos desafían a repensarnos como país dominan la agenda, parece un despropósito no hacer de la transición hacia la sociedad de la información una oportunidad de construir un país más equitativo. Se podrá argumentar que desde distintos frentes (salud, educación, gobierno electrónico, apoyo al emprendimiento, etc.) el gobierno seguirá impulsando el desarrollo digital, pero el desmantelamiento de la institucionalidad vigente impedirá la adecuada constitución de una visión país  en el ámbito, algo que la propia industria está criticando. Un error que podemos pagar caro porque es, literalmente, dejar a Chile sin Estrategia Digital en tiempos de bits.